El PP Menorca exige al Gobierno de Sanchez un plan de choque con quince medidas inmediatas para acometer las crisis del sector agrario
El diputado menorquín en el Congreso, Joan Mesquida, ha anunciado hoy la presentación en todos los ayuntamientos de Menorca de una moción en defensa del sector agrario en el que el Partido Popular manifiesta su apoyo incondicional a todos y cada uno de los agentes que lo conforman, y muestra su total compromiso para seguir siendo el gran partido del campo y del medio rural.
El documento incluye, entre otras, las principales exigencias que componen el plan de choque que el PP exige al Gobierno central con carácter inmediato, y que abarcan desde la rebaja de impuestos hasta las modificaciones legislativas.
En este sentido, el diputado destaca que “el campo atraviesa desde hace tiempo una situación de dificultad, provocada por múltiples factores como son el incremento de los costes de producción, las exigencias burocráticas y regulatorias, la aplicación de la nueva PAC o una brutal sequía”.
En cuanto a Europa, añade Mesquida, “desde el PP consideramos que debe acometer las reformas necesarias para reducir el papeleo, simplificando la normativa y revisando las exigencias medioambientales”.
Además, el parlamentario menorquín considera que “el Gobierno de España ha estado gestionando de espaldas al campo. No ha escuchado al sector, ni a las Comunidades Autónomas, tomando decisiones sin el consenso necesario. Se ha permitido demonizar al sector ganadero, la producción y el consumo de carne. Ha acusado a la agricultura de un excesivo consumo de agua, obviando que necesita soluciones frente a la sequía, para producir y alimentarnos. Las acciones del Gobierno de España han desprestigiado al sector agrícola y ganadero. No se puede defender el medio ambiente atacando a agricultores y ganaderos. El PP piensa que cuidar el medioambiente debe ser compatible con poder vivir y trabajar en el campo dignamente”.
Por todo ello, el PP ha presentado y pedido un plan de choque al Gobierno central que cuenta con 15 medidas importantes para respaldar al sector, petición que extenderá a todos los ayuntamientos para que insten al Gobierno a implantarlo.
Entre las acciones destacan las relativas a garantizar la producción de alimento y reforzar su imagen, las referentes a los costes de producción o una fiscalidad diferenciada para hacer más accesibles ciertos productos.
Se exigen soluciones que proporcionen seguridad jurídica y garantías de funcionamiento del sector, como la disponibilidad de recursos hídricos o la revisión del sistema de seguros agrarios.
Así mismo, se propone la revisión de aquellas actuaciones que puedan suponer un lastre para la competitividad, como la implantación de impuestos y el análisis del impacto de nuevas normativas, las que supongan competencia desleal para los productos españoles, las medidas de carácter económico para mejorar la financiación y desarrollo de proyectos, la reducción de carga burocrática y la flexibilización de la Política Agraria Común.