El Govern confirma que la decisión de no invertir 2,4 millones de euros en los duques de alba ha sido política

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Camps, ha preguntado en el pleno del Parlament de les Illes Balears, al conseller de Territori, Joan Boned por la instalación de los duques de alba en el puerto de Ciutadella.

 

Antoni Camps ha criticado que el Govern haya decidido no adjudicar esta importante inversión, “han robado 2,4 millones de euros a todos los ciutadellencs”. Ha recordado además que el segundo Pacte de Progrés ya desvió 8 millones de euros que tenían que llegar al puerto de Ciutadella para dedicarlos a vivienda. “La izquierda ha robado más de 10,4 millones de euros a Ciutadella”.

 

Camps también ha criticado que el Govern haya justificado su decisión con unos folios de un informe, que no han querido hacer público. Y con unos informes negativos, hechos en la anterior legislatura, que el director general de Puertos dice que existen pero que nadie, ni él mismo, ha visto.

 

“No se puede parar la adjudicación de una inversión de 2,4 millones de euros aduciendo a un informe incompleto, hecho a medida, e indicando que existen otros informes que nadie ha visto. Esto no es serio”, ha dicho el parlamentario menorquín.

 

El conseller Joan Boned ha afirmado que la decisión ha sido política, amparada en la opinión técnica y ha asegurado que para el presupuesto de 2016 se harán mejoras en las infraestructuras del puerto de Ciutadella, aunque no ha precisado ni presupuesto y tampoco ha sido capaz de concretar a dónde irá la inversión de 2,4 millones de euros.

 

Por último, el diputado Camps ha incidido en el proyecto de los dos duques de alba, redactado por el Instituto de Hidrodinámica Aplicada, el de menor impacto ambiental y el más respetuoso con las praderas de poseidonia.

 

También ha incidido en que este proyecto, redactado en un informe de 908 páginas, no tuvo ninguna objeción técnica, destaca por razones económicas, facilidad constructiva, maniobrabilidad, seguridad y funcionalidad. En todo el proyecto no hay ni una sola observación de ningún técnico de ninguna administración que cuestione el hecho de que se pueda producir una interferencia significativa entre el tráfico regular y el de cruceros.

 

“Es evidente que se trata de una decisión política, tomada en contra de los intereses generales de Ciutadella”, ha concluido Camps.

 

 

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