La Sindicatura de Cuentas revisará 17 contratos administrativos del ayuntamiento de Alaior

La comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament ha aprobado hoy la solicitud del ayuntamiento de Alaior para que la Sindicatura de Cuentas de Balears revise 17 contratos administrativos locales.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular y alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, ha presentado hoy el escrito del ayuntamiento que solicita que el Parlament inste ala Sindicaturade Cuentas a examinar los procedimientos, tramitación de los mismos, los criterios planteados y la legalidad de las ofertas, así como las desviaciones por encima de las cantidades por las que fueron adjudicadas a una empresa y si estas desviaciones podrían haber sido susceptibles de modificar la adjudicación.

Sugrañes ha explicado que la difícil situación económica y financiera que se encontró el Partido Popular cuando entró a gobernar en el ayuntamiento de Alaior en junio de 2011 y las dudas sobre los procedimientos seguidos y la gestión que se ha había llevado a cabo hasta el momento han sido los motivos que han empujado al consistorio a formular la petición. Dicha solicitud se ha presentado en comisión porque los ayuntamientos no pueden pedir directamente ala Sindicaturaque elabore un informe de fiscalización de expedientes concretos, sino que es el Parlament el órgano competente para poder realizar ese trámite. “Un procedimiento que viene marcado por imperativo legal y que el diputado del PSOE Marc Pons desconoce, y no sólo eso sino que se ha dedicado en su intervención a criticar el hecho de presentar la solicitud en el Parlament cuando es la única vía legal existente”, ha lamentado Sugrañes.

Ha recordado que el consistorio se vio en la obligación de encargar una auditoría externa para que pusiera en orden la contabilidad de la institución y dejara las cuentas claras al nuevo equipo de gobierno, después de 16 años de gobierno socialista. “Una operación de pura cordura, un balance necesario en el momento de un traspaso”, ha dicho Sugrañes, quien también ha detallado que al entrar a gobernar se encontraron sin ninguna disponibilidad para hacer frente a las nóminas de los trabajadores y con un saldo negativo de 987.000 euros en las arcas municipales, además de numerosas facturas sin pagar que, en un principio y según el PSOE sumaban 1.300.000 euros pero en realidad y según la auditoría ascendían a más de 6.800.000 euros, aparte de una deuda bancaria de 9.600.000 euros. Por lo que, ha manifestado “las instituciones están obligadas, por precepto constitucional pero también por moralidad, a rendir cuentas y a cumplir con transparencia en la gestión, lo que nos llevó a definir la frontera económica entre la anterior gestión y la que empezaba”.

Por último, ha afirmado que, “una vez recuperado el equilibrio presupuestario y detectadas posibles irregularidades por los deficientes procedimientos seguidos en adjudicaciones y contrataciones”, se consideró oportuno elevar a un organismo profesional,  independiente y oficial, como esla Sindicaturade Cuentas, la revisión de los contratos administrativos del ayuntamiento de Alaior.