El GPP pide un mayor control del fraude fiscal

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Camps, presentará una Proposición No de Ley sobre la elaboración de un plan general de lucha contra el fraude fiscal que será debatida el próximo martes durante la Comisión de Hacienda del Parlamento de las Islas Baleares.

 

La Proposición No de Ley solicita en el Parlamento que inste al Gobierno de las Islas Baleares a trabajar en conjunto con el Gobierno de España para impulsar medidas que supongan un mayor control del fraude fiscal, tanto en los impuestos generales del Estado como en los tributos que gestiona directamente la Comunitat Autónoma, así como también en la reducción de la economía sumergida.

 

La carencia de liquidez que sufren en la actualidad todas las administraciones públicas debido, en buena medida, a la bajada de los ingresos tributarios, está aconteciendo en un grave problema para la propia economía de la comunidad autónoma ya sea por el que representa en el control del déficit, como por el que significa en los retrasos en el pago de las facturas a los proveedores y a otras instituciones públicas.

 

Desde que empezó la crisis económica en 2007 el Gobierno Balear ha visto como iban bajando de forma progresiva sus ingresos por la vía de la recaudación de los tributos autonómicos gestionados por la CAIB. De hecho, se ha pasado de los 857,8 millones de euros de finales de 2007, a los 381 millones de euros que recaudó la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) en 2011, lo que significa un total de 476,7 millones menos.

 

Desde el actual ejecutivo autonómico se han dado pasos muy importantes en la reducción del gasto público con objeto de ir acompasando los gastos con los ingresos reales. Se han aplicado medidas de rigor presupuestario, de austeridad y de optimización del gasto público. Medidas que también tienen que venir acompañadas otros en la línea de mejorar los ingresos.

 

En este sentido, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) la economía sumergida mueve a Baleares cerca de 5.000 millones de euros, incluyendo los 1.700 millones correspondientes en el fraude de carácter laboral. A lo que se tendría que añadir los casi 50.000 alquileres sumergidos que, según Gestha, hay en las Islas Baleares y que representan casi el 60% del total.

 

Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda si se consiguiera reducir la economía sumergida de nuestro país en diez puntos, hasta situarla al nivel de nuestros vecinos europeos, esto supondría un incremento de los ingresos a nivel nacional de 38.500 millones de euros anuales y, en el caso de Baleares, supondrían 967 millones de euros anuales.

 

Camps ha destacado que con la Ley de Transparencia el Gobierno de Rajoy da un paso de gigante en el camino de la modernización de las administraciones públicas, haciéndolas más cercanas y pudiendo visualizarse mejor donde van el dinero del contribuyente.

 

“Este esfuerzo de transparencia por parte de los entes públicos tiene que venir acompañado por un esfuerzo similar por parte del sector privado. El fraude fiscal y la economía sumergida suponen una reducción muy importante de los ingresos públicos, unos ingresos tan necesarios especialmente en unos momentos en que está en juego nuestro modelo de estado del bienestar, nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales”.

 

El diputado menorquín ha recordado que si todo el mundo pagara los impuestos que tiene que pagar, nuestra comunidad autónoma tendría déficit cero, no serían necesarios los ajustes que se están aplicando a nuestra sanidad y a nuestra educación, no haría falta subir impuestos y se podría pagar puntualmente a los proveedores.

 

“La lucha contra el fraude fiscal requiere además de una pedagogía muy directa. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que todo el dinero que se dejan de ingresar a las arcas públicas es un dinero que afecta a la sanidad y a la educación, o a los discapacitados o a otras actividades sociales”, ha asegurado Camps.

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