Cesgarden: Los ciudadanos merecen estar informados
Como Govern de Menorca, el Consell Insular está obligado a dar respuesta a las necesidades del momento que plantean los ciudadanos pero también es obligación de la institución insular informar públicamente de los motivos reales que dificultan y mucho esta tarea y de entre ellos, destaca el llamado caso Cesgarden.
Hay que recordar que nos encontramos ante una sentencia firme dictada en mayo de 2011 por la Saladel Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, y que condenaba al Consell Insular a pagar 16,1 millones de euros más intereses a Cesgarden por la anulación de sus derechos urbanísticos en Son Bou, después de aprobar el PTI en 2003, con los votos de los grupos políticos del PSOE, PSM y EU, gobernando en aquella época en la Isla.
Y guste o no a los responsables de esta grave situación, es decir, a ustedes Sr. Marqués, el actual equipo de gobierno del Consell está obligado a informar. Es hacer un uso político explicar a la ciudadanía que por una decisión que se tomó en el Consell Insular cuando gobernaba el PSOE y PSM ahora todos los menorquines tendremos que sufrir el pago de una deuda durante la próxima década de 28,8 millones de euros? Los ciudadanos de Menorca merecen como mínimo una explicación y saber cómo les afectará de cara al futuro.
En este sentido, estos 28,8 millones de euros de Cesgarden condicionan gravemente el futuro económico del Consell Insular durante los próximos 10 años, y en consecuencia los servicios que se ofrecen a la ciudadanía desde la principal institución menorquina.
Me da pena pensar que con estos 28,8 millones de euros se podrían poner en marcha en Menorca muchas iniciativas para beneficio de la ciudadanía, inversiones necesarias y productivas, actuaciones encaminadas a la reactivación económica, de apoyo a los sectores económicos y sociales, mejoras asistenciales, y un largo etcétera. En cambio estas expectativas se pueden ver truncadas en gran parte debido a que tenemos que hacer frente a esta indemnización patrimonial, originaria de una decisión política de 2003 por el PSOE y PSM.
¿Estrasburgo? El PSOE no puede confundir a la ciudadanía porque las competencias de este tribunal tratan los derechos humanos y aquí estamos hablando de una reclamación patrimonial. Por lo tanto, pedimos al grupo socialista que no intente eludir sus responsabilidades ni desviar la atención en esta cuestión tan grave.
En este sentido, lamentamos que todavía no hayan pedido disculpas públicamente por la sentencia más grave de la historia de Menorca, y que nadie haya asumido responsabilidades.
El Govern de Menorca no pone en entredicho la legalidad del PTI. Lo que sí denuncia es la falta de análisis, criterio y sentido común por parte del anterior equipo de gobierno del Consell de Menorca a la hora de evaluar las consecuencias de aquella nefasta decisión para los intereses de Menorca y los menorquines.
Por otro lado, queremos recordar que de los 55 litigios que motivó el PTI desde su entrada en vigor en 2003, sólo 21 se ganaron, 30 se pactaron y con cuatro -entre los que destaca Cesgarden- tuvieron sentencia desfavorable. ¿Por qué razón el PSOE votó a favor el año pasado de llegar a un acuerdo urbanístico con la promotora Cesgarden y en cambio no lo quiso hacer en 2006?
De todos modos, desde el Govern de Menorca están trabajando en la elaboración de los presupuestos para el 2014, y estoy seguro de que intentarán que los efectos de tener que hacer frente a esta indemnización tengan el menor impacto posible en el ejercicio de las obligaciones que el Consell de Menorca tiene que asumir. Es la responsabilidad de nuestros actuales políticos delante de la institución insular trabajar por el futuro de Menorca y minimizar los efectos negativos a pesar de las dificultades manifiestas y flagrantes que algunos han puesto con sus decisiones.
Juanjo Pones
secretario general del PP Menorca