¡Ya era hora!

Con esta misma expresión hemos recibido, muchos ciudadanos, la noticia de que la Conselleria d’Educació había expedientado a los directores de tres institutos de Menorca por no querer aplicar el Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) en sus centros.

 

Una medida cautelar que afecta a los directores del IES Joan Ramis i Ramis, el IES Cap de Llevant y el IES Pasqual Calbó y que supone a la práctica la suspensión provisional de funciones y de sueldo a estas personas.
Una rebeldía, la de estos tres centros, que, al fin, tiene unas consecuencias claras y directas. Unas consecuencias que ponen freno a la impunidad de determinados claustros y determinados profesores que habían convertido el centro escolar en su coto particular, donde hacían lo que querían sin que nadie se osara a hacer frente.

 

Desde mi punto de vista, no se puede consentir que, en una sociedad democrática, algunos se puedan permitir el lujo de no cumplir con las leyes, y que esta insumisión no tenga ningún tipo de consecuencia. No se puede consentir que un Gobierno, legítimamente elegido por las urnas, no pueda aplicar su programa electoral precisamente porque cuatro radicales lo impiden, pervirtiendo de este modo la voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las urnas.

 

Ciertamente, la escuela no se puede convertir en un reino de taifas donde un pequeño dictador, o un grupo de dictadores, imponen su voluntad, ignorando las más básicas normas de la democracia y las reglas del juego que, entre todos, nos hemos dado.

 

Precisamente, en este sentido, el director de una escuela es el representante de la administración educativa en aquel centro y tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la normativa vigente. Los centros educativos tienen la obligación de aplicar las leyes, reglamentos y decretos que, quienes tiene la responsabilidad de gobernar, promulga.

 

No puede un consejo escolar decidir por su cuenta si aplican o no una determinada ley. Por mucha autonomía de centro que exista, las leyes están para cumplirse. Y si no se cumplen, la conselleria tiene la obligación de abrir expedientes disciplinarios. Que pasaría si cada cual decidiera si cumple o no una ley? Y si el no cumplirla no tuviera ningún tipo de consecuencia? Sería una anarquía.

 

En algunos sectores de la izquierda esta decisión, lógica y oportuna, de la conselleria, se ha interpretado como una declaración de guerra. La izquierda siempre ha considerado la educación como un ámbito sobre el que nadie más puede opinar y donde nadie, que no sean ellos, puede legislar. Han intentado monopolizar la educación y han creado toda una red de colectivos, sindicados, asociaciones, etc. que han controlado hasta día de hoy todo lo que hace referencia a la educación. Y ahora se sienten agredidos en aquello que se pensaban era de su propiedad.

 

Hay que recordar, por otro lado, que la educación en Baleares tiene los peores indicadores en los informes PISA, tanto en comprensión lectora, como en matemáticas, como en ciencias, y con los índices de fracaso escolar más altos de España. Este control que ha ejercido la izquierda sobre la educación ha dejado un mundo educativo endogámico, convertido en una finalidad en si mismo.

 

Se ha perdido el objetivo final, la finalidad lógica de la educación, que no es otro que el de la formación y capacitación de los alumnos para poder lograr los retos de un mundo cada vez más competitivo. Pero estos objetivos no concuerdan con los suyos. Esto no interesa a determinados profesores. Lo que más les preocupa es poder seguir colgando lazos en la bandera de otra comunidad autónoma en la fachada de la escuela, los preocupa que se puedan reducir horas lectivas en catalán, o que se pueda prohibir a los profesores hacer mítines políticos en las aulas y que ya no puedan seguir adoctrinando a los alumnos. Estas son las preocupaciones de estos profesores. Y les es igual si los alumnos salen más o menos preparados o si saben más o menos inglés. Su obsesión es el lazo en la fachada, como si esto fuera fundamental y determinante a la hora de educar a los escolares.

 

Esta dictadura encubierta, que durante tantos de años ha intoxicado a nuestros hijos, ahora inicia su última etapa. Por fortuna ahora tenemos una conselleria d’Educació y una consellera dispuesta a combatir todos estos abusos. Dispuesta a poner a los alumnos en un primer plano y centrar todos los esfuerzos en una única dirección: la mejora de la calidad de la enseñanza.
Somos conscientes de que los cuatro radicales todavía harán bullicio. Todavía veremos concentraciones y movilizaciones. Son las últimas muestras de fuerza que no los llevarán a nada y que el tiempo acabará demostrando el mal que han hecho a nuestra sociedad y a nuestros hijos.

 

 

Antoni Camps Casasnovas

Diputado autonómico del Partido Popular
Miembro de la Comisión de Educación del Parlamento de las Islas Baleares

 

 

 

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