¿Y ahora, quién pagará los platos rotos del PTI?

Todos los menorquines seguimos todavía asombrados desde que, hace unos días, leímos en los medios de comunicación, que el Tribunal Supremo obligaba al Consell Insular de Menorca a pagar una indemnización de entre 16 y 35 millones de euros a la promotora Cesgarden a causa de la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI), en 2003, que modificó unos derechos edificatorios que la empresa tenía en Son Bou.

 

Ni en unas circunstancias de esplendor económico el Consell insular podría asumir estas cifras tan elevadas en concepto de indemnizaciones, y mucho menos con la actual situación de carencia de liquidez y con unas cuentas públicas, después de 12 años de malos gobiernos, totalmente agotados.

 

La pregunta que todo el mundo se hace es si estas indemnizaciones millonarias las tenemos que pagar entre todos o, en cambio, las tendrían que asumir únicamente aquellos responsables políticos que aprobaron una normativa, el PTI, que supuso, según el Tribunal Supremo, un perjuicio a los derechos consolidados de unos particulares.

 

Yo particularmente, no estoy dispuesto a que estas indemnizaciones recaigan sobre los ciudadanos. Y mucho menos en unos momentos, como los actuales, en los que el dinero público es tan escasos y cuando es preciso dedicarlo prioritariamente a los servicios sociales y a ayudar a las familias más necesitadas de nuestra sociedad.

 

Aquí hay unos culpables, con nombres y apellidos, y estos son: Joana Barceló Martí (PSOE), Carme García Querol (PSOE), Miguel Gascón Mir (PSOE), Maria Lluïsa Dubón Pretus (PSOE), Javier Tejero Isla (PSOE), Ester Riudavets Vidal (PSM) y Josep Portezuela Coll (ME).

 

Estas personas son las que aprobaron el PTI en 2003. Estos son los que, por su capricho, perjudicaron a unos particulares a los que ahora la justicia ha reconocido unos derechos, que ha calculado en 16 millones de euros como mínimo, y que el Consell insular tendrá que hacer frente.

 

Estoy de acuerdo con el presidente del Consell insular cuando dice que si hay responsabilidades se tendrán que depurar. Creo, ciertamente, que no es de recibo que unos gobernantes puedan gestionar de una forma tan ligera y que esto no tenga responsabilidades civiles ni penales y que, al final, como siempre, tengan que pagar los platos rotos los mismos de siempre, es decir, los ciudadanos.

 

Se ha demostrado que los 12 años de gobiernos de izquierdas han sido demoledores para nuestra isla. No sólo han dejado Menorca con las cifras más altas de paro, en recesión económica, con cifras nunca vistas de cierre de empresas, sino que además, han dejado las cuentas de las administraciones públicas en quiebra técnica.

 

El PTI, que estos siete consejeros aprobaron al año 2003, no sólo ha asfixiado la actividad económica de Menorca, sino que ahora nos obligará a pagar 16 millones de euros a una empresa, a la cual los tribunales ya han reconocido que se le contravinieron sus derechos.

 

Repito. Que lo paguen los que levantaron el brazo y votaron a favor de una norma que, al parecer, tenía más de ideológica que de jurídica. Los ciudadanos no tenemos porque pagar las alegrías de unos gobernantes irresponsables y ligeros que se pensaban, como aquella ministra socialista, que el dinero público no era de nadie.

 


Antoni Camps Casasnovas
Diputado autonómico del Partido Popular

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