Reynés: «El alquiler turístico es una oportunidad para compensar las pocas plazas turísticas de Mahón»

La portavoz del Partido Popular de Mahón, Águeda Reynés, ha insistido esta mañana en el grave perjuicio que supondrá para la economía local la prohibición del alquiler turístico en todo el municipio, excepto Canutells, Binidalí, es Grau, sa Mesquida y es Murtar.
“Mahón tiene muy pocas plazas turísticas y el alquiler turístico es una oportunidad para beneficiar la economía local, ya que este tipo de turismo no sólo beneficia a los propietarios, sino que también favorece a la oferta complementaria, como el comercio de proximidad, restaurantes, empresas de alquiler de coches o empresas que se dedican al mantenimiento, etc.”

Reynés ha lamentado que con este tipo de medidas es posible que volvamos a la ciudad triste y sin vida que teníamos antes. “Mahón estaba empezando a resurgir gracias al efecto de las medidas adoptadas por los gobiernos del PP” que “atrajeron inversiones” y que han servido “para dinamizar la economía”.
La portavoz pone como ejemplo la Ley de Turismo del anterior mandato que permitió que pudieran darse licencias en el centro de Mahón para la construcción de los hoteles de ciudad que a día de hoy se están construyendo.

La también diputada nacional en el Congreso ha criticado la actitud de la alcaldesa, Conxa Juanola, que durante las reuniones mantenidas con el Consell fuera incapaz de solicitar una modificación de la propuesta, al igual que hicieron otros alcaldes y que tenga que esperar a presentar alegaciones una vez que el grupo municipal del PP de Mahón registrara una propuesta para ser debatida en el Pleno. “Una vez más van a remolque de nuestras propuestas”

“La alcaldesa no ha defendido los intereses de los mahoneses frente al Consell por una cuestión ideológica y no tiene en cuenta cuál es el interés general”. De nuevo una muestra más de que sólo gobierna para unos cuantos y no para todos.

Según Reynés, “nuestra propuesta iba más allá, queríamos que además de las viviendas unifamiliares aisladas, pudieran incluirse también las adosadas o pareadas y las viviendas entre medianeras de todo el núcleo urbano, incluyendo también Sant Climent, Llucmaçanes, Binixica, Cala Llonga y las demás zonas del otro lado del puerto, así como también los núcleos rurales en suelo rústico como pueden ser Camí de Na Ferranda, Sierra Morena y Camí de Baix. No entendimos que la alcaldesa sólo reclamara incluir es Grau, sa Mesquida y es Murtar, cuando en nuestro municipio hay diversos núcleos de características similares a estos, incluso con condiciones urbanísticas más indicadas para el alquiler turístico.

Intentamos negociar con el equipo de gobierno de Ara Maó y PSOE un acuerdo para presentar una propuesta unánime frente al Consell, pero para llegar a acuerdos hay que tener voluntad para hacerlo y ceder de un lado y de otro. Desde el primer momento fue un no a cualquier modificación. Esta es la razón de la abstención en el Pleno. Para nosotros, su propuesta presentada posteriormente a la de nuestro grupo municipal no es suficiente y crea claramente mahoneses de primera y de segunda.

Para Reynés, utilizar el argumento del alquiler social para justificar esta prohibición no es está justificado. Hay muchas maneras de favorecer el alquiler de la vivienda de todo el año, por ejemplo ayudas sociales de acceso a la primera vivienda para jóvenes, o para personas mayores, bonificar el IBI a los propietarios que las alquilen para este fin, aplicar deducciones autonómicas en la Renta, marcar un cupo de viviendas turísticas en el ámbito urbano como se ha hecho en otras islas de nuestro archipiélago, y sobre todo no olvidar que hay una bolsa importante de viviendas susceptibles de ser alquiladas todo el año que se encuentran en edificios plurifamiliares (bloques de pisos) cuyo alquiler turístico está prohibido de facto por la Ley Turística.

La concejal, Ana Noval, ha desvelado que el 85% de las licencias de uso turístico se ubican en zonas donde se ha prohibido el alquiler, por lo que pronostica que “acabarán sin poderse alquilar cuando se les acabe la autorización temporal”.

“Esto genera inseguridad jurídica y perjuicios a los propietarios que han acometido inversiones”.

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