Pons: “El Proyecto de ley para la activación económica en materia de industria y energía de Baleares no invade ninguna competencia”

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Asunción Pons, ha explicado que el Proyecto de ley de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, aprobado como Decreto ley por el Govern balear, y que ha sido validado por el pleno del Parlament, “no invade ninguna competencia”. “Las infraestructuras energéticas tienen carácter supramunicipal e insular, por lo que se siguen teniendo en cuenta los criterios y opiniones de los ayuntamientos y los consells insulares, porque el procedimiento así lo prevé”, ha manifestado la portavoz del PP en la Comisión de Economía del Parlament.

 

Así mismo, ha destacado que “el procedimiento para las infraestructuras energéticas en Baleares ya era el mismo durante la anterior legislatura; el PSIB-PSOE lo mantuvo y aplicó, no lo modificó y ahora pretende introducir cambios. El proyecto de ley simplemente añade como instalaciones que se pueden declarar de utilidad pública las redes de distrito y las torres de medición”.

 

“En contra de lo manifestado ayer por el diputado Marc Pons, al presentar las enmiendas del PSIB-PSOE a este  Proyecto de ley, las  declaraciones de utilidad pública para instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes renovables mantienen y respetan plenamente el papel que han venido desempeñando tanto los ayuntamientos como los consells insulares”, ha declarado Pons, quien también ha subrayado que el Partido Popular es “plenamente respetuoso” con el papel asignado a los ayuntamientos y los consells insulares. Se mantiene el mismo procedimiento de declaración de utilidad pública, en el que las instituciones insulares participan a través de la Comisión de Medio Ambiente; la dirección general de Energía del Govern balear solicita informe al ayuntamiento afectado por el proyecto y también al consell insular correspondiente, aun cuando este informe no era vinculante.

 

Evitar desacuerdos institucionales 

“Por tanto se respeta y aplica el mismo criterio, consistente en evitar enfrentamientos y desacuerdos institucionales, porque siempre se seguirá gestionando el informe favorable de las administraciones implicadas”. La popular ha declarado que “se trata de un ‘modus operandi’ tácitamente acordado y aceptado por el Govern balear, los consells insulares y los ayuntamientos, pero en ningún caso preceptivo, de manera que el procedimiento previsto para estos casos en el nuevo Decreto ley no modifica el ‘statu quo’ vigente hasta ahora”.

 

Como ejemplo, la parlamentaria menorquina se ha referido a la resolución de la Directora General de Energía que autorizó el establecimiento del parque fotovoltaico Binisafúller, en el municipio de Sant Lluís, consistente en la instalación de trece placas fotovoltaicas conectadas a la red. Textualmente se indica que: “con fecha 26 de noviembre de 2007 el Consell Insular de Menorca, en respuesta a la consulta no vinculante formulada el 13 del mismo mes, ha emitido informe favorable, con una serie de recomendaciones”. También incorpora esta misma resolución  que “esta declaración de utilidad pública supone la no necesidad de la declaración de interés general”.

 

Para el Grupo Parlamentario Popular, el PSIB-PSOE, y concretamente el diputado Marc Pons, demuestran un “gravísimo y preocupante desconocimiento” sobre las normas y criterios que se han venido utilizando hasta la fecha, que el Govern balear, a través de la dirección general de Energía mantiene en vigor y aplica. Pons ha lamentado “la ignorancia que evidencia el expresidente del Consell de Menorca, hoy diputado de la oposición, porque con sus erróneas afirmaciones pone de manifiesto que exige unos criterios jurídicos que no están vigentes, que el anterior Govern del Pacte no aplicó, por lo que pretende confundir a la opinión pública”.

 

 

 

Se mantienen las garantías y se aplica la ley

Pons ya manifestó ante el pleno del Parlament balear el pasado 17 de julio que “se mantendrán todas las garantías y se aplicará la ley; pero los procedimientos, a partir de ahora, serán mucho más fáciles y rápidos, porque éste el sentido y objetivos de la ley, agilizar los trámites administrativos, teniendo en cuenta los criterios y los informes de los consells insulars y los ayuntamientos”. Así, ha lamentado “el confusionismo premeditado y la demagogia fácil que sigue practicando Marc Pons, que pretende confundir y desviar la atención, lo que está haciendo o bien con mala intención, o lo que es peor, con desconocimiento, lo que sería más grave para quien ha desempeñado responsabilidades institucionales”.

 

El Proyecto de ley establece claramente que sólo se podrán legalizar aquellas actividades que no incurran en problemas ni irregularidades administrativas. El artículo 10.2 determina que “la presentación de esta documentación habilita al titular para ejercer la correspondiente actividad, que debe garantizar que la actividad no vulnera el ordenamiento urbanístico ni el resto de normativa aplicable”. En cambio, el anterior Govern del Pacte, a través de la utilización de la Ley 12/2010, actuó de forma parcial y sesgada al legalizar únicamente instalaciones hoteleras y comerciales. En cambio, ahora el Govern del PP abre la puerta a la legalización de todas las actividades en todos los sectores productivos de la economía balear.

 

Desde el Grupo Parlamentario Popular destacan que “esta ley de medidas de reactivación económica constituye un conjunto de actuaciones necesarias y da respuesta a las demandas efectuadas por diferentes sectores profesionales con los objetivos de agilización administrativa y seguridad jurídica, pero manteniendo siempre todas las garantías y la transparencia, mediante procedimientos mucho más rápidos y eficaces; sin ninguna deslegalización, como afirma el PSOE malintencionadamente”.

 

“El Partido Popular actúa de forma totalmente distinta a PSOE y PSM, porque el PP facilita, incentiva y promueve las inversiones productivas. En cambio, PSOE y PSM las paralizaban y los promotores y emprendedores desistían de sus proyectos y se marchaban de las Islas”. La diputada autonómica del  PP ha lamentado que “el PSIB-PSOE y Marc Pons confundan y mientan deliberadamente, como están haciendo ahora en la tramitación de instalaciones energéticas”.

 

Biomasa

Respecto a la enmienda del PSIB-PSOE para ubicar las instalaciones de biomasa en polígonos industriales, el Grupo Parlamentario Popular debe señalar que el problema de la biomasa es su transporte en origen. Sólo es rentable si se procesa previamente; no se pueden transportar los materiales porque deben ser triturados, lo que implica que sean procesados en el punto más próximo al lugar de su obtención, y la biomasa se produce en las zonas rústicas, lo que olvida el Grupo Socialista.

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