Menorca podrá acoger la celebración de eventos turísticos en las playas urbanas con la aprobación del proyecto de Ley de Costas

La senadora por Menorca, Juana Francis Pons Vila, ha explicado hoy que la aprobación del Proyecto de Ley supone una mayor protección medioambiental del litoral, mejorando mucho la Ley de Costas de 1988, así como una regulación completa de los efectos del cambio climático sobre la costa y un reforzamiento de la prohibición de nuevas construcciones. 

 

Ha destacado que se establece la posibilidad de declarar tramos de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en situación de regresión grave y se establecen las medidas adecuadas para la protección, y en su caso, adaptación del DPMT. Igualmente, afirma que la Ley prevé la suspensión por parte del Gobierno de las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa, y se diferencian los tramos urbanos de las playas de los tramos naturales, incrementando la protección de estos últimos.

 

Pons Vila ha manifestado que, en éste último caso y en referencia a Menorca, con la aprobación de la modificación de la Ley se podrán organizar eventos de interés turístico en las playas urbanas, como por ejemplo en Cala Galdana o Punta Prima, donde se podrán solicitar autorizaciones para celebrar bodas u otras actividades. Sin embargo, se restringirán al máximo y reglamentarán en lo imprescindible las actividades permitidas en las playas naturales.

 

Ha hablado de uno de los puntos clave de la Ley para Menorca como son las autorizaciones de ocupación temporal en las playas que pasarán de un año a cuatro. “Un aspecto que dota de mayor seguridad a la actividad turística y que se reclamó desde Menorca, concretamente a petición de Estaciones Náuticas, dado que hasta ahora se veían obligados a solicitar la autorización año tras año con la inseguridad que ello suponía para el empresariado, además de resultar un freno para la inversión privada”, ha dicho Pons Vila.

 

La senadora ha explicado también que esta nueva Ley “prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes en dominio público y zona protegida supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie”, y se exige la eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autoriza realizar en los edificios en la costa.

 

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