Los maoneses tendrán que pagar 2.240.000 euros más con la subida del IBI que ha anunciado el Ayuntamiento de Mahón

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mahón, Águeda Reynés, y el regidor Salvador Botella han denunciado hoy el incremento de más de 2 millones de euros que tendrán que pagar los maoneses con la subida del IBI que el actual equipo de gobierno quiere imponer y lo han acusado de engañar a la ciudadanía, porque el hecho de tener que elaborar un plan económico financiero no es ninguna excusa para incrementar impuestos.

Han explicado que con la subida del 0,55 al 0,67 que pretende hacer el equipo de gobierno, se malmete una parte del camino que se hizo a lo largo del pasado mandato para reducir la presión fiscal, al mismo tiempo que también se dejan sin efecto medidas positivas para la ciudadanía como son la reducción de los coeficientes de actualización de la valoración catastral que pasan del 1 al 0,92, así como el recargo del 4% que se aplicaba a fincas de valor catastral superiores a 68.000€, recargo que venía establecido por el Gobierno central.

Estas dos muy positivas medidas para la ciudadanía tenían que representar un ahorro en la presión impositiva de los maoneses de 1,5 millones de euros tal y como reconoce el responsable de servicios económicos, y en lugar de esto, el Ayuntamiento incrementa el tipo del 0,55 al 0,67. Se recaudarán 740,000€ más que este año 2015, así pues la llegada de ARA MAÓ y PSOE al Ayuntamiento de Mahón representa que los maoneses tendrán que pagar 2.240.000€ más en concepto de IBI, que si se hubiera mantenido la normativa actual que aprobó el Partido Popular.

La elaboración del plan económico financiero es más un trámite jurídico – contable que no un problema económico por si mismo, dada la situación económica heredada por el actual equipo de gobierno, que dista mucho de la que recibió el Partido Popular en 2011 de la mano del Sr. Vicent Tur y su gobierno de PSOE+PSM+EU.

2010                                                         2015

Deuda financiera                                                                                       23.049.000                             14.656.000 (31 de mayo)

Periodo medio de pagos                                                                        382 (30 junio 11)                                     24,69 días                             (informe intervención)

Deuda viva ayuntamiento                                                                      74 %                                                             41,17 %                                     (informe intervención)

En segundo lugar, hay que explicar que el Ayuntamiento de Mahón ha reflejado en sus cuentas y por lo tanto en sus presupuestos, una partida de 4.228.000 euros que hace que cuadre el plan económico financiero y lo han podido hacer gracias a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que tanto han criticado. Esta ley permite a los ayuntamientos incluir una estimación en sus presupuestos de aquellos servicios necesarios e imprescindibles que son competencia de la CAIB pero que asume el Ayuntamiento de Mahón, por lo que esta tendrá que pagar los costes de los mismos y si no lo hace, se tendrán que abonar desde el Gobierno central de forma subsidiaria. “Lo que no sabemos es si la CAIB habrá tenido en cuenta los más de 4 millones de euros en sus presupuestos de 2016, así como los de muchos otros ayuntamientos”, ha dicho Reynés.

En referencia a la reorganización administrativa, el PP Mahón está de acuerdo con la disolución del PUM, en tanto en cuanto este tiene un desequilibrio financiero, por lo tanto su disolución es automática en fecha 1 de diciembre. El PP propone la instalación de los servicios económicos en las dependencias del PUM y ahorrar así el alquiler del local actual o unificar varios servicios con un nuevo edificio del cual la compra resultaría más económica que el que se paga en alquileres (servicios económicos, auxiliar de recaudación).

Sobre los 100.000€ que el Ayuntamiento ha ahorrado por la gestión temporal de la recaudación municipal, el PP considera que el Ayuntamiento tendría que retribuir o incentivar a los funcionarios de servicios económicos que han asumido una sobrecarga de trabajo. En vez de eso, han preferido no subir el precio de la zona azul durante los meses de verano (incumpliendo por lo tanto la ordenanza municipal), una clara medida populista, que representará una pérdida para el Ayuntamiento de unos 60.000€, que en gran medida habrían pagado los turistas de acuerdo con la ley de oferta y demanda.