Los criterios de reparto del Govern para las ayudas directas del Estado discriminan y castigan a las pymes de Baleares

Asunción Pons: “Reclamamos a la presidenta Armengol que escuche las críticas y corrija el sistema aprobado para evitar una distribución injusta y desproporcionada”
• “La fórmula que ha establecido el Govern, de carácter porcentual en lugar de nominal, impide que las pymes de Baleares obtengan los recursos que necesitan para lograr liquidez y solvencia”
• “Ya tuvieron que corregir la convocatoria de estas ayudas para incorporar a numerosos sectores que habían quedado excluidos como las industrias de calzado y productores de queso

El Partido Popular denuncia que los requisitos, mecanismos y criterios de reparto para el pago de las ayudas directas del Estado a las empresas de Baleares, destinadas a paliar los efectos de la covid, discriminan y castigan a las pymes del archipiélago.
La diputada Asunción Pons reclama en el Parlament a la presidenta Francina Armengol que “escuche las críticas de las asociaciones profesionales y corrija el sistema aprobado para evitar una distribución injusta y desproporcionada de los 855 millones asignados a Baleares, cuyo reparto corresponde al Govern”.-
“Estas ayudas fueron aprobadas por el Gobierno el pasado 12 de marzo para inyectar liquidez a las empresas que han sufrido el impacto de la pandemia de coronavirus, pero hasta el 5 de mayo no se firmó el convenio para Baleares, que suscribieron la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta Armengol; y hasta el 24 de mayo no aprobó el Govern los criterios que rigen su distribución”, declara Asunción Pons.
Añade la parlamentaria autonómica del PP-Baleares que “el Govern dice que a partir de la segunda quincena de julio empezará a pagar unas ayudas aprobadas el 12 de marzo, o sea, ya habrán transcurrido cuatro meses durante los que muchas empresas han visto agravada su situación”.
Explica Asunción Pons que “la fórmula que aplica el Govern, de carácter porcentual en lugar de nominal, impide que las pymes de Baleares obtengan los recursos que necesitan para lograr liquidez y solvencia” y “lo que Armengol y el conseller Iago Nugueruela presentan como una inyección económica estatal sin precedentes en Baleares, crea frustración y no responde a las expectativas creadas”.
“Esta no es una crítica gratuita o que se inventa el Partido Popular. Lo denuncia PIME-Mallorca que rechaza los criterios y requisitos exigidos para obtener estas ayudas estatales al manifestar su desacuerdo con un ‘reparto injusto que favorece a las grandes empresas de Baleares’, tal como han manifestado su presidente y vicepresidente, Jordi Mora y Rafel Matas”, declara.
Sectores excluidos en el primer decreto
Asunción Pons señala que “ya tuvieron que corregir la primera convocatoria de estas ayudas para incorporar a numerosos sectores que habían quedado excluidos. Entre otros, las industrias de calzado, los productores de queso, concesionarios de coches y talleres de reparación, empresas de muebles, autónomos de peluquería, centros de estética, floristerías y tiendas de souvenirs”.
Subraya que “esta discriminación provocó muchas quejas, y se vieron obligados a rectificar. Y ahora que publican los criterios para distribuir las ayudas, reciben más protestas. Es el resultado de una mala gestión porque el Govern Armengol actúa de espaldas a los agentes sociales, a los que únicamente convoca para hacerse la foto y cuando ya lo tienen todo decidido”.
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Nueva discriminación a los centros de formación privados
La diputada del PP denuncia que el Govern comete otro agravio comparativo y discrimina a las empresas de formación privada de Baleares, que también han sufrido el impacto económico de la pandemia y no han recibido ayudas.
A través del SOIB, el Govern Armengol destina tres millones de euros para que la competencia pública de formación pueda comprar material y equipamientos, pero excluye expresamente de esta convocatoria al sector privado que halla dificultades por parte de la Administración autonómica balear para impartir la formación ocupacional
“Esta política excluyente y discriminatoria que practica el Govern formado por el PSOE, Podemos y Més acentúa la asfixia económica de estas pymes y aboca a muchas de ellas al cierre”, declara Asunción Pons

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