Ley de Función Pública: un voto consciente y coherente

El pasado martes, día 12 de junio, el Parlamento de las Islas Baleares vivió una de las sesiones plenarias más multitudinarias y movidas de esta legislatura. Se debatían las enmiendas a la totalidad a la modificación de la Ley de Función Pública, que elimina siete artículos de la Ley de Normalización Lingüística, una ley que los catalanistas han convertido en una especie de Biblia inamovible e inalterable.

 

Algunos diputados de la oposición insinuaron que si hubiera habido votación secreta, más diputados del PP hubiéramos votado a favor de las enmiendas de los grupos de izquierdas, tal y como hizo el diputado Antoni Pastor.

 

En mi caso, por si hubiera alguna duda, voté con total convencimiento y seguro de actuar en favor de la libertad, en contra de la imposición y a favor de que puedan convivir con normalidad las dos lenguas oficiales en nuestra comunidad. El bilingüismo, estoy convencido, es una riqueza y no una amenaza, como algunos nos pretenden hacer ver.

 

El mismo Antoni Pastor decía el mes de octubre de 2010: “El catalán tiene que ser un mérito, no un requisito. El objetivo es la libertad y el uso de las dos lenguas y que no sea un impedimento para que lleguen los mejores profesionales, por ejemplo los médicos”. Es lo que siempre ha dicho el Partido Popular, es lo que pone su programa electoral, ampliamente apoyado por los ciudadanos en las últimas elecciones, y es lo que dicen las sucesivas ponencias de los últimos congresos del partido. El Partido Popular no ha cambiado de opinión.

 

Por otro lado, la modificación de la Ley de Función Pública no va en contra del catalán, como algunos radicales han querido transmitir. De hecho, esta modificación simplemente pretende que, para acceder a determinados lugares de trabajo de la administración pública, el conocimiento del catalán ya no sea un requisito y pase a ser un mérito. Manteniendo al resto de lugares de trabajo el requisito del conocimiento del catalán, como es el caso de todo el personal docente o de aquellos lugares dentro de la administración dedicados a la atención al público.

 

Con esta modificación, el catalán sigue siendo preferente a la hora de acceder a la función pública. En igualdad de condiciones, quién tenga acreditado el conocimiento del catalán, tendrá más puntos que los otros candidatos. El catalán no queda devaluado, en absoluto, porque sigue siendo preferente, pero ahora, al fin, se da opción a que profesionales competentes, que hasta ahora no podían acceder a un puesto de trabajo público porque no tenían conocimientos de catalán, lo puedan hacer.

 

En este aspecto, hay que recordar como el PSOE sufrió, ya hace bastantes años, su conversión al catalanismo más rabioso, disputando este espacio al PSM. La radicalización de estos dos partidos ha supuesto la imposición en todas las Islas Baleares de una persistente dictadura catalanista que ha servido para regar de subvenciones a colectivos independentistas y para crear toda una red clientelar, que ahora, con la llegada al Gobierno del Partido Popular, se ha eliminado.

 

El caso, tal vez, más escandaloso han sido los 6 millones de euros recibidos por la Obra Cultural Balear durante la anterior legislatura. Una millonada destinada a contentar a los sectores más catalanistas, impulsar movimientos independentistas e imponer el miedo lingüístico en todos los ámbitos, en especial el educativo. Estas inyecciones de dinero público afortunadamente se han cortado por lo sano y, por lo tanto, es perfectamente comprensible que esta entidad y otros colectivos, que vivían a cuerpo de rey hasta ahora, encabecen las manifestaciones más virulentas en contra de las políticas del Gobierno.

 

No creo, por lo tanto, que defender nuestra lengua, sea utilizarla para el enriquecimiento personal, como hicieron muchos colectivos del catalanismo radical. Tampoco creo que defender nuestra lengua sea hacerla obligatoria para todos o imponer el barcelonés y expulsar, por el contrario, nuestras modalidades lingüísticas.

 

No creo que para defender nuestra lengua se tenga que ir en contra del castellano. De hecho, para defender una cosa no hace falta ir en contra de otra. Tampoco creo que la defensa de nuestra lengua se tenga que hacer mediante la violencia o utilizarla como excusa para la ruptura de España.

 

La convivencia pacífica de las dos lenguas oficiales tendría que ser el objetivo de todos. La manipulación y politización de nuestra lengua, que hacen algunos, es, sencillamente, lamentable. Nuestra lengua no está, en ningún caso, en peligro. No se puede calificar de lingüicidas a aquellos que mantienen el catalán propio como lengua preferente. Son sólo exageraciones malintencionadas que dejan en evidencia a quien las hace.

 

Con la modificación de la Ley de Función Pública, nuestra comunidad recupera la normalidad, recupera el sentido común y recupera la orden constitucional. Los sectores rupturistas han perdido y ha ganado el estado de derecho.

 

Antoni Camps Casasnovas
Diputado autonómico del Grupo Popular

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