La Justicia da la razón al Consell de Menorca y no deberá pagar 11 millones de euros más a Cesgarden
El Tribunal de Justicia de les Illes Balears ha desestimado el pago de 11 millones de euros que pedía Cesgarden al Consell Insular de Menorca tras la demanda presentada por la promotora de ejecución forzosa de los puntos 2, 3 y 4 de la sentencia que obligó al Consell a indemnizar a Cesgarden con 29 millones de euros.
La promotora pedía una compensación económica por el valor de los terrenos de suelo rústico al cual se traslada el aprovechamiento y el valor económico del aprovechamiento del nuevo sector urbanizable a ceder.
En enero de 2015, llegó un requerimiento judicial al Consell Insular de Menorca diciendo que debía pagar 11 millones en el plazo de un mes, con amenaza de multas coercitivas semanales por importe de 600 euros a cada uno de los miembros del Gobierno, y hoy el Auto judicial confirma que no debemos pagar estos 11 millones, ni ahora ni nunca, porque Cesgarden ya era propietario de los terrenos antes de la entrada en Vigor del PTI.
Tras poner toda la documentación necesaria en manos de la Fiscalía anticorrupción y dedicar el tiempo y el esfuerzo a resolver un problema generado hace muchos años por antiguos equipos de gobierno, ahora ha quedado demostrada la diferencia entre una buena y una mala defensa. Esta es la diferencia entre una buena y una mala gestión política. Hemos luchado con uñas y dientes, hemos hecho una defensa férrea y responsable de los intereses de Menorca, y aquí están los resultados.
En el auto que hoy hemos conocido se dice expresamente que durante el procedimiento se desconocía que los terrenos de arras ya eran propiedad de Cesgarden a la entrada en vigor del PTI, por lo que conocían su situación urbanística, y no cabe indemnización. Creemos sinceramente que los 16 millones de euros (hoy 29) de indemnización que debe pagar el Consell con sentencia firme, podían haberse evitado con una gestión responsable del conflicto judicial.
Cabe recordar que estamos pagando por el coste de construcción de un hotel que nunca se construyó, por el coste de luz y agua que jamás se gastó, por el coste de personal que jamás se contrató.
Hoy se pone nuevamente de manifiesto un modelo distinto de cómo ocuparse de los problemas, mientras Marc Pons dice que otros pagarán, nosotros decimos que no pagan otros, que siempre paga el mismo: el ciudadano. Y ahora, tras conocer el auto, el Consell Insular de Menorca debe seguir defendiendo los intereses de Menorca, el siguiente paso es el de revisar la sentencia judicial de instancia, por medio de la vía de recurso extraordinario de revisión, que, tiene un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación del auto.