Juan Manuel Lafuente interviene en el Congreso para defender la supresión de los aforamientos para diputados y altos cargos del Govern balear

• El diputado menorquín expone ante las Cortes la propuesta unánime aprobada por el Parlament balear para modificar el Estatut d’Autonomia de manera que se supriman los aforamientos de los parlamentarios y miembros del Ejecutivo autonómico.

• Lafuente aprovecha su intervención desde el Estrado para recordar que Baleares presentó también ante las Cortes la propuesta de un Régimen Especial Balear diferenciado para compensar los inconvenientes de la insularidad, que chocó con las reticencias del Grupo Socialista.

– El diputado autonómico Juan Manuel Lafuente ha participado hoy en el Congreso de los Diputados para defender ante el hemiciclo la propuesta de modificación de l’Estatut d’Autonomia de Balears para eliminar progresiva y totalmente los aforamientos de índole política en la Comunidad Autónoma.

Lafuente ha sido –junto a un diputado socialista y el también parlamentario menorquín de Més per Menorca, Josep Castell– uno de los tres parlamentarios comisionados por Cámara regional para defender en Madrid la supresión de una cláusula que de alguna manera blindaba a los altos cargos públicos e institucionales en los posibles casos de investigación por la Justicia que pudieran recaer sobre los mismos ante la presunción de ilícitos penales y preveía para éstos tribunales especiales.

La comparecencia se enmarca en el debate de la totalidad de la propuesta del Parlamento de las Islas Baleares, de Reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, para la supresión del aforamiento de los diputados y las diputadas del Parlament y de los miembros del Govern de las Illes Baleares.

Todas las fuerzas políticas parlamentarias de la CAIB estuvieron de acuerdo en cancelar una cláusula que cuando se instituyó –también en todas las asambleas autonómicas—podía justiticarse como una vía para evitar persecuciones penales ínteresadas de cargos públicos, pero que en estos momentos es del todo cuestionable. El proceso para solicitar la modificación había comenzado ya en 2018, pero se vio interrumpido por convocatoria de elecciones generales y la consiguiente disolución de las Cortes, y vuelve ahora al trámite parlamentario.

Lafuente ha explicado hoy en el Congreso la unanimidad del Parlament balear relativa a modificar el Estatut en ese aspecto.

Y lo ha hecho con sólidos argumentos que apelan a principios constitucionales y valores del derecho, como la igualdad de todos ante la Ley; la separación de poderes y la independencia de los jueces, como fundamentos del derecho; en favor de la supresión de una discriminación positiva que puede interpretarse directamente como el privilegio de unos pocos y provocar la desafección de los ciudadanos hacia la política y sus representantes, entre otras razones que extraemos de su parlamento, literalmente:

– La independencia judicial, la competencia y preparación de los jueces lo es, y lo debe ser, en todos sus niveles jurisdiccionales.
– Porque la calidad democrática de un Estado moderno se basa y fundamenta en el respeto al ordenamiento jurídico, y su interpretación y aplicación jurisprudencial corresponde al poder judicial. Por tanto, las excepciones a la regla general deben ser las mínimas posibles.
– Que las instituciones, los poderes públicos, y representantes políticos deben transmitir la confianza en el sistema, en las normas y en el Estado de derecho. El grupo Popular sostiene que España es una democracia consolidada y avanzada, y lo que corresponde es mejorar y modernizar nuestro ordenamiento jurídico en este sentido.
– Que el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” supone que todos estamos sujetos a la Ley, y por tanto cuantas menos excepciones personales existan respecto al tribunal que corresponda conocer de un asunto, mejor se estará aplicando este precepto constitucional.
– Otro de los derechos constitucionales fundamentales es el de la participación política, del artículo 23: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Los representantes políticos somos simples ciudadanos, no constituimos una clase o casta, y por es por ello que toda norma que pueda suponer una diferencia, o que pueda ser interpretada como trato diferente o desigual, hasta un privilegio, debe o estar plenamente justificada o debe suprimirse.
EN RECUERDO DEL REB

En su paso por la tribuna, Juan Manuel Lafuente, ha tenido el gesto de citar a todos los territorios de Baleares, las islas una a una, y ha aprovechado también para refrescar una reivindicación histórica que cuenta también con aprobación general en el archipiélago, pero que tropieza en el rompeolas del Congreso. A finales de marzo, sin ir muy lejos, fue nuevamente rechazada por el Grupo Socialista.

Se ha referido así al Régimen Especial Balear, como una necesidad de corregir las desigualdades, desequilibrios e inconvenientes que debe afrontar la economía de Baleares como consecuencia de una insularidad que a veces se manifiesta incluso doblemente, como es el caso de las islas menores. En este sentido, el Grupo Popular viene solicitando con contrapartidas económicas que puedan resolver, compensar o paliar ese desequilibrio que resta competitividad y sitúa a la Comunidad Autónoma en una posición de desventaja especialmente para el sector industrial y las empresas exportadoras.

En relación a la modificación del Estatut, el grado de unanimidad alcalzado y los precedentes de otras comunidades autónomas permiten anticipar que la reforma podría obtener el mismo grado de acuerdo en las Cortes Generales, el ámbito en el que debe aprobarse definitivamente al tener esta norma calificación de Ley Orgánica.

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