Estado del bienestar y economía sumergida
La carencia de liquidez que sufren en la actualidad todas las administraciones públicas debido en buena medida a la bajada de los ingresos tributarios y a la nula reacción de los anteriores gobiernos ante estas nuevas circunstancias de carencia de ingresos, ha acontecido en un grave problema para la propia economía de la comunidad autónoma, ya sea por lo que representa en el control del déficit, como por lo que significa en los retrasos en el pago de las facturas a los proveedores y a otras instituciones públicas.
Desde que empezó la crisis económica en 2007 el Gobierno balear ha visto como iban bajando de forma progresiva sus ingresos por la vía de la recaudación de los tributos autonómicos gestionados por la CAIB. De hecho, se ha pasado de los 857,8 millones de euros de finales de 2007, a los 381 millones de euros que recaudó la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) en 2011, lo que significa un total de 476,7 millones menos en la recaudación. A pesar de esto el anterior gobierno siguió con su política de gasto y endeudamiento, como si no pasara nada.
Y así, a partir del 2008 el déficit público se dispararó exponencialmente, llegando a los más de 1.000 millones de euros de déficit anual. El endeudamiento bancario, que en 2007 era de 1.700 millones, llegó a los 4.500 millones en 2011, donde se tendrían que añadir los más de 1.100 millones de euros pendientes de pago a proveedores.
Desde el actual ejecutivo autonómico se han dado pasos muy importantes en la reducción del gasto público con objeto de ir acompasando los gastos con los ingresos reales. Se han aplicado medidas de rigor presupuestario, de austeridad y de optimización del gasto público.
Dentro del último semestre de 2011 se redujeron los gastos en más de 500 millones de euros, aunque también se redujeron los ingresos en cerca de 300 millones.
Por otro lado, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) nos dicen que la economía sumergida mueve en Baleares cerca de 5.000 millones de euros, incluyendo los 1.700 millones correspondientes en el fraude de carácter laboral. A lo que se tendría que añadir los casi 50.000 alquileres sumergidos que, según Hacienda, hay en las Islas Baleares y que representan casi el 60% del total.
El sindicato Gestha afirma que si se consiguiera reducir la economía sumergida de nuestro país en diez puntos, hasta situarla al nivel de nuestros vecinos europeos, esto supondría un incremento de los ingresos a nivel nacional de 38.500 millones de euros anuales y, en el caso de Baleares, supondrían 967 millones de euros anuales.
Estamos hablando de que un 23% del PIB español se produce en la economía sumergida. Una situación que supone que las administraciones dejen de ingresar importantes cantidades, tan necesarias siempre, y más todavía en estos momentos donde está en juego nuestro modelo de estado del bienestar, nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales.
Ciertamente, si todo el mundo pagara los impuestos que legalmente le corresponden, nuestra comunidad autónoma tendría déficit cero. Ya no serían necesarios los ajustes que se están aplicando en nuestra sanidad y en la educación, ni haría falta subir impuestos. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que todo el dinero que se deja de ingresar en las arcas públicas es un dinero que se sustrae a la sanidad y a la educación, o a los discapacitados o a otras acciones de cariz social.
La lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida tiene que ser un elemento muy importante a la hora de poder incrementar los ingresos públicos. En este sentido, es una satisfacción que el Consejo de ministros haya aprobado un ambicioso Plan de lucha contra el fraude fiscal, el de mayor importancia en la historia del país. Una iniciativa que va en la buena dirección del saneamiento de las cuentas públicas y la sostenibilidad futura de nuestro estado del bienestar.
Antoni Camps Casasnovas
Diputado del Grupo Parlamentario Popular