El PP recurre contra el decreto de presidencia que impide a la oposición acceder a expedientes menores que se hallan bajo tutela del Consell

•La consellera Carmen Reynés denuncia indefensión y recurre el decreto en el que por segunda vez se le deniega acceso a la información, dificultando y obstaculizando su legítima labor de control de un servicio público.

El Grupo Popular en Consell de Menorca ha presentado un recurso de reposición en contra del acuerdo adoptado desde la propia presidencia de la institución por el que se impide el acceso a expedientes del Departamento de Bienestar y Familia por parte de este grupo.

Firma el recurso la consellera Carmen Reynés que argumenta indefensión al serle negado un derecho que considera inherente al cargo de consellera, después de haber obtenido sucesivas negativas a poder examinar expedientes de menores tutelados en la Casa de la Infancia (con peticiones expresadas el 29 de septiembre y el 8 de octubre, de 2011).

La consellera protesta también por el hecho de que la denegación viniera acompañada con una serie de sugerencias sobre las preguntas que debería formular (número de menores ingresados en el centro, sus edades y períodos de permanencia). Desde este punto de vista se aprecia una voluntad no sólo de restringir la labor de la oposición sino de conducirla y distraerla hacia asuntos irrelevantes en relación con la información que se pretendía analizar.

En la última de las peticiones de información realizada, la consellera concretaba exactamente el ámbito de su interés (datos sobre el absentismo escolar de los menores tutelados, denuncias o posibles intervenciones de la policía en el ámbito de acogida, informes médicos, posible interrupción de embarazos en residentes o supuestos de abusos sexuales), todo ello referido a menores de más de 12 años fuera del alcance de acogimiento familiar.

En esta ocasión, la negativa se fundamentó una vez más en el carácter genérico de la solicitud formulada y la conclusión a la que llega la consellera es que no importan lo que solicite porque tiene asegurada la denegación.

La consellera popular apela a la Ley de Trasparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno, (19/2013, de 9 de diciembre) y se acoge asimismo a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que se desarrolla en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones locales (aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que especifica el modo en que deberá producirse la solicitud de datos por un cargo electo así como las particularidades de la consulta.

El recurso razona que el motivo por el que se presentó la solicitud de información es claro y transparente y pretende fiscalizar la labor de control de los responsables de la Casa de la Infancia, toda vez que menores de edades comprendidas entre 12 y 18 años se han visto envueltos en los últimos tiempos en investigaciones judiciales.

La petición se justifica y ampara, por tanto, en la responsabilidad de llevar a cabo la función de control que tiene atribuida sobre la corporación local, el Consell, respecto de la gestión de servicios públicos de competencia local en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley 7/1985.

El recurso pide, por todo ello, la revocación del decreto de presidencia nº 310 de 13 de octubre.

La consellera Carmen Reynés sospecha que hay una voluntad de ocultación, que el departamento no está funcionando de forma óptima en el ejercicio de tutela y protección de los menores, y considera además que la institución está intentando esconder los fallos de protocolos y sistemas de actuación a aplicar detrás de la mampara de la protección de datos del menor.

X
Send this to a friend