El PP Menorca rechaza de lleno la opción de cambiar el descuento de residente por una tarifa plana y exige a las autoridades que se impliquen en la defensa de un sistema que da cohesión

El Partido Popular ha reaccionado de forma taxativa a la propuesta emitida por el organismo de control y asesoramiento al Gobierno en materia económica, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, relativa a convertir el actual descuento de residente en una tarifa plana, de la que no se conocen detalles de cómo iba a resultar, cuándo empezaría a aplicarse, quiénes iban a ser los beneficiarios.

No podemos aceptar el cambio porque con seguridad vamos a salir perdiendo, ha declarado la presidenta del PP- Menorca, Misericordia Sugrañes.

Sugrañes ha apuntado que “el gobierno lleva tiempo merodeando en torno al descuento de residente y que son ya varios los intentos y avisos previos que amenazan a esta bonificación.”

Después de todo lo que costó conseguir aumentar la bonificación hasta el 75 por ciento, desde Baleares no podemos consentir que nos hagan un cambiazo de sistema y que se justifique en criterios de distribución fiscal. El Gobierno ha de saber desplegar métodos de control para evitar los excesos de las compañías, que son las que encarecen las tarifas y penalizan tanto a los usuarios como al propio Gobierno que soporta el 75 por ciento del coste de los pasajes.

La presidenta del PP recuerda, como ha hecho en anteriores ocasiones, que la revisión que propone la AIReF es de por si discriminatoria para los ciudadanos de los archipiélagos balear y canario así como los residentes en Ceuta y Melilla.

Se pretende juzgar la renta de los ciudadanos beneficiarios de los descuentos y fiscalizar incluso las condiciones del uso que se hace de los desplazamientos bonificados. Nada de esto ocurre, ha declarado Sugrañes, cuando cualquier ciudadano –nacional o extranjero—sube a un tren o hace uso de servicios de transporte terrestre cuyo déficit económico soportan también las arcas estatales sin que nadie lo ponga en cuestión.

El transporte aéreo en Baleares es estratégico e insustituible para dar cohesión, mantener los vínculos con los principales centros de influencia económica y solución a muchas necesidades de servicios que en territorios insulares, y especialmente en los que acusan la doble insularidad como Menorca, son básicos para el ciudadano (acceso a la sanidad, participación en el sistema universitario, profesionalización, vías de comercio y exportación…).

Desde este punto de vista, Sugrañes además ha recordado que en el caso de Baleares estamos ante una de las CCAA que mayor aportación hace a las arcas del Estado muy por encima de lo que recibe en inversiones, eso es, carga con un déficit fiscal histórico. Las promesas de establecer un REB  nunca acaban de cuajar y encuentran pegas por el camino, de modo que, para una ventaja que es relativa, no se entiende que está obsesivamente bajo cuestión.

El PP de Menorca ya ha encabezado sucesivas acciones para conseguir afianzar el sistema de bonificación del 75 por ciento y, de hecho, conseguido el acuerdo unánime en el Consell de Menorca para hacer una cerrada defensa defensa del sistema. Ante un tema recurrente, en todo caso, Sugrañes confía en que el Gobierno de Baleares no ceda ante esta cuestión que es crucial y de nuevo conmina a las autoridades a implicarse activamente .

Lo que sí sería exigible, ha vuelto a decir Sugrañes, es que de una vez por todas el Estado –que está ayudando también a la viabilidad de las compañías tanto en los vuelos con OSP como en el resto de conexiones con la península—vele por los precios y corrija los desvíos al alza en las tarifas que perjudican a los ciudadanos residente y también en mayor proporción a las propias arcas del Estado.Pero que perjudican asimismo la fluidez en la llegada de pasajeros sin condición de residente, una circunstancia que, por cuestión de coste, en muchos casos deja a las islas en un fuera de juego en cuanto a la competitividad en lo que concierne a la llegada de turistas nacionales y visitantes durante todo el año.

La presidenta del PP ha apuntado además que buscar una distribución igualitaria de la subvención es algo absurdo porque no se trata de mejorar unilateralmente la renta de los ciudadanos sino de conseguir que todos aquellos que necesitan desplazarse puedan beneficiarse del descuento, como así es. También – ha añadido—son beneficiarios indirectos “privilegiados” los ciudadanos que viajan en AVE y no perciben el beneficio aquellos que no toman el tren. En cuanto a la comparación, la diferencia está en que los desplazamiento en península tienen diferentes vías alternativas, mientras en las islas prácticamente quedan constreñidas a las conexiones aéreas.

En el pleno del Consell celebrado el 17 de febrero, se acordó por unanimidad solicitar a la Dirección de Aviación Civil o al organismo que corresponda una vigilancia permanente de las tarifas aéreas, precisamente para evitar que circunstancias como las que confirma el informe se repitan y que las propias compañías se adjudiquen parte de los descuentos, encarezcan las posibilidades de conexión para el conjunto de los ciudadanos y pongan en riesgo el descuento a los residentes, que tanto costó conseguir. Las instituciones de Baleares han solicitado en más de una ocasión que se vigilen los incrementos de tarifa y hasta propusieron que se obligue a las compañías de aviación a aplicar el descuento en el último tramo del proceso de compra en páginas web, precisamente disipar las perspicacias que sugieren cómo suben la tarifa cuando detectan que el comprador goza de bonificación.

“No puede ser que vivamos en un sobresalto continuo”, asevera Sugrañes. Primero fue Ábalos, el que en octubre sugirió ligar los descuentos a la renta de los ciudadanos; después la ministra Ribera, la que lanzó el globosonda de la imposición de tasas por consumo de carburantes para ayudar a la descarbonización y ahora un nuevo informe vuelve a poner en tela de juicio los descuentos y propugna vías para suprimirlo y modificarlo por otras bonificaciones que aún tendrían que crearse.

Sugrañes confía que el Gobierno no asuma las conclusiones del informe de AIReF especialmente en un momento en que los ciudadanos se van a ver afectados económicamente por la crisis coyuntural.

«No es el momento de aplicar recortes a conquistas que eran necesarias y son de justicia, ni es tiempo para hacer experientos”. “Si la factura de la conectividad es elevada, el Gobierno debe empezar por extremar la vigilancia sobre las prácticas que ha detectado en las compañías.

Son demasiadas advertencias como para no actuar en defensa de los intereses de todos los menorquines, ha recordado Sugrañes. Tantas veces como haga falta,tenemos que activarnos para frenar un posible recorte, remata.