El PP logra que el Congreso inste al Gobierno a derogar el intervencionismo de su Ley de Vivienda
11 de abril de 2025. El Partido Popular ha conseguido que el Congreso de luz verde a una Proposición No de Ley (PNL), defendida por el diputado menorquín Joan Mesquida, en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a derogar el intervencionismo de su actual Ley de Vivienda y adoptar medidas que favorezcan la construcción, rehabilitación y puesta en el mercado de nuevas viviendas.
El diputado ha destacado que las políticas intervencionistas del actual Gobierno, centradas en la imposición, la amenaza de sanciones y la inseguridad jurídica para propietarios y promotores, han fracasado en su objetivo de garantizar el acceso a una vivienda asequible, y defiende que dada la grave situación de acceso a la vivienda que sufren muchas familias en España, es necesario un cambio de enfoque urgente.
“Hay que sustituir el modelo basado en la desconfianza por un modelo basado en la colaboración público-privada, en la agilidad administrativa y en la simplificación normativa. Solo así se podrá incrementar la oferta de alquiler y compra, lo que contribuirá de forma eficaz a la contención de los precios”, ha subrayado.
De la misma forma, Mesquida, ha acusado al Gobierno de ahuyentar la inversión, “la inseguridad jurídica y la excesiva burocracia están expulsando a quienes quieren rehabilitar o construir viviendas”.
En ese sentido, ha recordado que si la emergencia es la vivienda, no puede ser la propia administración pública la que bloquee la solución, “hay que priorizar la construcción de vivienda habitual y residencial y se ha de utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia del sistema urbanístico”, ha concluido Joan Mesquida.
Así, el Congreso ha instado al Ejecutivo de Sánchez a impulsar reformas normativas que permitan la agilización de procedimientos urbanísticos, especialmente los relacionados con la transformación de suelo finalista para uso residencial, y a eliminar duplicidades, automatizando procesos y reduciendo cargas innecesarias para los ciudadanos, empresas y administraciones. Finalmente, también se ha instado al Gobierno a cumplir estrictamente los plazos legales establecidos para la emisión de informes sectoriales.