El PP insta al Consell a exigir al Govern el pago de la indemnización por los terrenos expropiados de S’Enclusa

Tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que condena al Consell Insular de Menorca a pagar 763.403 euros, más los intereses acumulados, por la expropiación de los terrenos de acceso a S’Enclusa, el Partido Popular insta al Consell Insular de Menorca a exigir responsabilidades al Govern, como responsable final del proyecto fallido de S’Enclusa y las consecuencias que se han derivado del mismo.

El Partido Popular considera que debe ser el Govern quien asuma el pago de la indemnización, dado que se trata de un proyecto que debía financiar el ejecutivo autonómico en el mandato 2007-2011 a través de las inversiones estatutarias, financiadas por el Gobierno del Estado, lamentablemente los 7 millones de euros que debían destinarse al Centro de Interpretación de la Reserva de Biosfera de S’Enclusa se desviaron a gasto corriente del Govern de Antich.

El PP pide responsabilidades al que fuera presidente del Consell Insular de Menorca y actual conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, quien gestionó el proceso de expropiación forzosa, que ahora obliga a la administración insular a pagar seis veces más del precio estipulado en 2011.

La portavoz del Grupo Popular en el Consell Insular de Menorca, Salomé Cabrera, recuerda que mientras Marc Pons negociaba con los propietarios de los terrenos de acceso a S’Enclusa un precio por la expropiación de dichos terrenos, el Govern se gastaba el dinero del proyecto en pagar nóminas y otros gastos corrientes.

“Resulta que al final el Consell Insular de Menorca tiene que pagar casi un millón de euros por unos terrenos cuando ni siquiera existe el proyecto que motivaba la adquisición de dichos terrenos, es más, mientras Marc Pons negociaba un precio a la baja por dichos terrenos, permitía que el Govern se gastara el dinero de Menorca y pusiera en peligro la inversión, al no cumplir con los plazos de ejecución del proyecto”, ha manifestado Cabrera.

El Partido Popular lamenta que de nuevo sean los ciudadanos quienes paguen las consecuencias de decisiones políticas erróneas, un caso similar al de Cesgarden, y en el que Marc Pons también es el máximo responsable.

Inversiones Estatuarias (2008-2010)

Entre 2008 y 2010 se firmaron un total de 22 convenios en materia de inversiones estatutarias entre el Gobierno del Estado y el Govern de les Illes Balears. Dentro del conjunto de actuaciones supuestamente destinadas a ser financiadas mediante estas partidas se encontraban distintos proyectos en Menorca por un valor de más de 23 millones de euros, en concreto, 7 millones de euros para el Centro de Interpretación de la Reserva de Biosfera de S’Enclusa, 5 millones de euros para el Parc bit de Alaior, 5 millones de euros para las salas multifuncionales de Ferreries y Sant Lluís y 6,5 millones de euros para el despliegue de la fibra óptica.

Durante esa misma legislatura, el Govern de Francesc Antich desvió un total de 159 millones de euros a gasto corriente de las partidas que Baleares había recibido del Gobierno central en concepto de inversiones estatutarias. Este hecho provocó que en 2011 el Ejecutivo autonómico del Partido Popular tuviera que negociar con la Administración central el mantenimiento de los convenios, ya fuera mediante prórrogas de los plazos de ejecución, justificación y vigencia, o la reprogramación de las actuaciones previstas.

En ese sentido, el Consell Insular de Menorca ejecutó durante el pasado mandato (2011-2015) las salas multifuncionales de Ferreries y Sant Lluís y el despliegue de la fibra óptica en Menorca. Además, negoció la prórroga del proyecto del Parc Bit y de S’Enclusa, al no contar con partida presupuestaria, debido a que el Govern se había gastado los 12 millones de euros inicialmente previstos para ambos proyectos en Menorca.