El PP insta al CIMe a abrir una convocatoria de ayudas a instalaciones particulares de renovables
El Grupo Popular en el Consell Insular de Menorca ha presentado una moción, que defenderá el conseller Adolfo Vilafranca mañana en sesión plenaria, en la que insta al conseller de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera a establecer en el presupuesto de 2018 una convocatoria de ayudas para la instalación de energía renovable, dirigida a los ayuntamientos, y una convocatoria para instalaciones particulares de potencia inferior a 10 kW.
La producción de energías renovables en Menorca representa solamente el 3,5% del total de la energía producida. El Partido Popular considera necesario impulsar nuevas instalaciones de producción de energía renovable cuando además el Consell Insular de Menorca tiene recursos suficientes para promover este tipo de inversiones.
Resulta sorprendente que no haya más intervenciones del Consell en materia de energías renovables cuando es uno de los puntos principales del acuerdo programático del equipo de gobierno. Se comprometieron a impulsar un nuevo modelo energético con la elaboración de un nuevo plan director insular, 26 meses después no sabemos nada, tampoco ha habido una apuesta por la energía fotovoltaica y 2 de los 4 molinos de Milà están estropeados desde hace 1 año.
Por otro lado, la consellera Salomé Cabrera defenderá una propuesta de acuerdo para instar al Govern balear a desistir de su voluntad de duplicar el importe del impuesto de turismo sostenible.
El Grupo Popular se ha manifestado en contra de la creación de nuevos impuestos y en concreto de la imposición de la ecotasa, al tratarse de un impuesto injusto, que genera inseguridad al sector y a los mercados, que incrementa la doble insularidad y que afecta especialmente a Menorca, que no está en disposición de sumar elementos que graben la senda de recuperación de su competitividad, la cual la cosa perjudica a la sociedad directamente.
La ecotasa no es un sistema regulador de la llegada de turistas válido, tal como manifiesta el Govern balear, simplemente es un sistema recaudatorio que, además, penaliza a las plazas turísticas regladas frente a las plazas ilegales. Cabe recordar que
Después de haber aprobado la ley turística, se ha generado una moratoria de un año, lo que supone la imposibilidad de legalizar plazas, como mínimo, durante un año, y por lo tanto, la exención del pago del impuesto a los alquileres turísticos no reglados.
Turoperadores y patronales como Ashome, Pyme o Viturme se han posicionado claramente en contra de la creación del impuesto. El Grupo Popular ha presentado diferentes propuestas pidiendo la retirada del impuesto, la no aplicación a residentes, un estudio de las consecuencias futuras, que no se cobrara en temporada baja, etc., peticiones que han sido rechazadas.