El Parlament rechazó demandar medidas para resolver los límites de permanencia de los ciudadanos británicos con residencia en Menorca que ahora reclama la izquierda insular

• El diputado menorquín Juan Manuel Lafuente considera que la Junta del Alcaldes y el Consell de Menorca harían bien en dar impulso a una propuesta para flexibilizar las condiciones de tiempo de permanencia de británicos en España, pero recuerda que esta proposición fue rechazada por fuerzas que ahora la reclaman.

. Lafuente ya pronosticó que el Brexit afectaría a los británicos con vivienda en Menorca y provocaría también un perjuicio al movimiento económico interno que genera esta colonia y pidió por ello promover acuerdos bilaterales que flexibilicen las estancias permitidas para este tipo de ciudadanos extracomunitarios.

El presidente segundo de la Mesa del Parlament, el diputado menorquín Juan Manuel Lafuente, ha mostrado su perplejidad ante la propuesta planteada esta semana por la alcaldesa de Sant Lluís relacionada con la regulación que se aplica tras el Brexit a los ciudadanos británicos con residencia en España.

El asombro se explica en que el Parlament balear rechazó una proposición no de ley presentada y defendida el pasado mes de noviembre por el propio diputado menorquín precisamente para buscar soluciones flexibles y alternativas a una nueva regulación que afecta e incomoda a los británicos con residencia en Menorca y que topan, desde el Brexit, con limitación de permanencia en nuestro país al tener condición de extracomunitarios y haber quedado excluidos del espacio Schengen.

Lafuente se anticipó al problema que se veía venir por el absurdo que supone que la colonia británica en la isla vea restringida sus estancias en nuestro país, incluso cuando son titulares de residencias en la isla. Más allá de la incomodidad que pueda supone a los afectados, el parlamentario menorquín calibró la dimensión del problema que se había creado y la afectación en forma de perjuicio indirecto que tendría también para la economía menorquina y en su caso de otras islas de Baleares.

Desde esas premisas, Lafuente elevó una propuesta a la comisión de asuntos institucionales en el sentido de solicitar algún tipo de acuerdo bilateral entre España y Reino Unido encaminado a resolver una limitación que recorta sustancialmente las posibilidades de residir en su propia casa a muchos ciudadanos británicos. En estos momentos el límite de permanencia es de 90 días consecutivos y el máximo anual es de 180 días. La consideración de extracomunitarios para los británicos supone un importante recorte del movimiento económico que generaban en tanto residentes y consumidores durante estancias prolongadas a lo largo del año, así como inversiones resultantes de esta permanencia.

Lafuente ha expresado su sorpresa ante el hecho de que mes y medio después de debatida y rechazada su proposición, sea ahora una alcaldesa socialista quien traslade esta misma inquietud a la junta de alcaldes. El diputado menorquín del PP ha recordado que fue precisamente la exalcaldesa de Ciutadella, Pilar Carbonero, quien desde el Grupo Socialista votó en contra de la iniciativa y remitió al Parlament europeo, de donde se deduce una flagrante descoordinación interna.

Juan Manuel Lafuente ha indicado una y otra vez que otros países, como Portugal, trabajaron esas vías flexibilizadora con acuerdos bilaterales satisfactorios para ambas partes y sostiene también que son los territorios afectados por este cambio normativo los que deben luchar y trabajar en propuestas de solución.

Para el diputado Lafuente queda claro que, aunque el Parlament balear rechazara su iniciativa, la reivindicación es mucho más compartida socialmente de la respuesta que cosechó en la Cámara y, en este sentido, considera que la junta de alcaldes y la presidencia del Consell deberían implicarse en una defensa más activa de lo que ocurre en el territorio y afecta a ciudadanos que, en algunos casos, tienen residencia y vecindad en la isla, además de otros vínculos.

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