El Parlament acepta la propuesta del PP y las notas parciales de las pruebas de catalán se guardarán hasta la siguiente convocatoria

• La Comisión de Educació aprobó además por unanimidad la propuesta del Grupo Popular de que se estudie consolidar dos convocatorias al año de unas pruebas cuya certificación se exige como requisito de acceso a la función pública.

• El diputado Juan Manuel Lafuente defiende que los cambios propuestos no son para rebajar el nivel de conocimientos sino para estimular el aprendizaje de la lengua propia, vehicular y oficial.

El Parlament balear ha aceptado esta semana flexibilizar el sistema de evaluación y certificación de conocimientos de catalán, aprobando la propuesta que en este sentido presentó el Grupo Popular.

La iniciativa, que arrancó en Menorca, pretende conseguir que el sistema se equipare exactamente al mismo que rige en las escuelas oficiales de idiomas para todas las lenguas que allí se imparten, de tal manera que las notas parciales aprobadas que consigue un examinando valgan a lo largo de todo un curso y, en una segunda convocatoria, pueda acabar de obtener la certificación siempre que consiga superar el resto de las partes. Y además, se garantiza que todas las partes del examen se corrijan (no como hasta ahora que algunas se consideraban directamente eliminatorias).

Así lo defendió este jueves el vicepresidente de la Mesa del Parlament y diputado menorquín, Juan Manuel Lafuente, en la comisión de Educación. Se da la circunstancia de que esta misma propuesta se debatió en el Consell de Menorca, defendida por la consellera Carmen Reynés, si bien no obtuvo entonces aprobación del pleno que habría impulsado la propuesta hacia el Govern.

Ahora, sin embargo, el Parlament instará a la Direcció General de Política Lingüística a cambiar el sistema.

Los acuerdos adoptados dicen literalmente:

– El Parlament insta al Govern, a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura a modificar el sistema de evaluación/certificación de conocimientos de catalán en el sentido de

a) garantizar que el esfuerzo de todo examinando ha de tener justa correspondencia y consideración con la corrección de TODAS las partes que ha realizado del conjunto de las pruebas y que todas ellas se califican con puntuación numérica.
b) En aquellos años en que haya dos convocatorias de pruebas de catalán (como ha ocurrido este año 2021) las puntuaciones de las áreas aprobadas se guardarán para la segunda convocatoria anual, de manera que el alumno/examinando se pueda centrar en el estudio de aquellas áreas que no había conseguido superar en la convocatoria precedente.

Estos puntos se aprobaron con el voto el contra de los Grupos Socialista y Més per Mallorca, pero con la abstención de Podemos y debido a la incomparecencia de algún representante de Més per Menorca. Con lo cual, el acuerdo es firme y debe llevarse a cabo.

Por otra parte, un aspecto de la proposición no de ley obtuvo unanimidad de todos los grupos representados y se refiere exactamente a que la Direcció General de Política Lingüística estudie la posibilidad de consolidar dos convocatorias anuales de las pruebas de catalán.

Los argumentos en que se sustenta esta proposición no de ley son de pura lógica. El Grupo Popular sostiene que es la propia Direcció General de Política Lingüística la que genera desapego en todos aquellos que intentan alcanzar un objetivo de conocer la lengua catalana que además se exige como requisito para el acceso a un puesto de trabajo.

Las trabas, la falta de convocatorias, el nivel de exigencia por encima del que rige en otros estudios de lenguas oficiales son los obstáculos que ha intentado remover el PP, para hacer más “amigable” el conocimiento de una lengua oficial y evitar que el ciudadano tenga la sensación de que se da prioridad al montaje evaluador frente al objetivo real de que la gente conozca y domine la lengua, ha destacado el diputado Juan Manuel Lafuente.

No se trata de bajar nivel, sino de estimular a las personas que se presentan a las pruebas de manera que el objetivo no sea inalcanzable, asegura Lafuente, máxime cuando es un requisito de acceso a la función pública y por tanto una puerta de acceso a un sector laboral.

Otro de los aspectos que el Grupo Popular denunció viene referido a la desconsideración de que los examinandos no puedan (hasta ahora) conocer la nota que corresponde a cada una de las partes realizadas. Obtener puntuación por parte de los examinadores constituye una referencia valiosa para saber si una persona está lejos o no de conseguir su objetivo.

Establecer una flexibilidad, que no es un regalo sino lo propio de todos los sistemas de evaluación, puede constituir un estímulo para ascender en la escala de conocimientos y adquirir certificación de niveles superiores.

Las pautas que se han mantenido hasta ahora han funcionado de forma disuasoria y contraria al objetivo real, sostiene el Grupo Popular, con un nivel de fracaso considerable.
Como muestra, el Grupo Popular aduce los datos de la convocatoria de enero en la que

– Del nivel A2, para principiantes, resultaron aptos 409 examinandos (un 66,61%), de los 614 que se presentaron en toda Baleares
– Del nivel B1, sólo aprobaron 279 (un 38,75 por ciento) de un total de 720.
– Del nivel b2 resultaron aptos 433 participantes en las pruebas (un 27,03 por ciento) de un total de 1.602 personas que se presentaron.
– Del nivel C1, 516 alumnos (28,67%) de 1.800 presentados.
– Del nivel C2 pasaron las pruebas 206 (un 35,40 por ciento) de 582 presentados-

De Llenguatge administratiu sólo 86 entre 304 personas, alcanzaron el nivel (un 28,29 por ciento).

En total, de 5.622 examinandos únicamente cumplieron con sus expectativas 2.147, por lo que ni siquiera la mitad de los que se presentan obtienen la certificación esperada.

El Grupo Popular sostiene que la realidad no es satisfactoria sino más bien debe considerarse preocupante ya que los índices de desistimiento son considerables y no es bueno que la gente acabe aborreciendo la lengua propia en parte como consecuencia de un sistema de evaluación que resulta bastante punible y aleja las posibilidades de llegar a los mínimos exigidos.

Por contraste, la Escuela de Idiomas, dentro del Marco Común de Referencia de las Lenguas Europeas (MCRER), establece diferentes áreas de dominio (oralidad, escritura, comprensión…), exige una nota de 60% en todas las partes, pero reserva las puntuaciones superadas hasta el mes de septiembre, dando así la oportunidad de centrarse en el objetivo o parte que aún no se ha conseguido para obtener el cerfificado.

En las pruebas de la Direcció de Política Lingüística, cuando el alumno no supera alguna de las áreas 1 o 2, resulta eliminado y el área de expresión escrita queda sin corregir y por tanto sin calificar.

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