El Grupo Popular respalda a los maestros de centros concertados y buscará el apoyo del Consell para pedir su equiparación salarial

· El Grupo Popular solicita que el Govern restablezca los compromisos con este sector de docentes y dignifique el trabajo y el respaldo que prestan las escuelas concertadas con unas retribuciones justas

· La consellera Carmen Reynés propondrá al pleno que la revisión de condiciones salariales se realice dentro de esta anualidad. Las mejoras que se pretenden alcanzan a profesorado y al personal de administración y servicios.

· La propuesta también apunta a conseguir más recursos humanos para dotar los centros con servicios de orientación y limitar el horario lectivo de los profesores de secundaria a 23 horas semanales.

 

Los profesionales del sector docente que prestan su servicio en centros concertados arrastran todavía una desventaja salarial considerable respecto de los maestros de los colegios públicos.

Esta desventaja, que es también una discriminación de trato y define una brecha salarial entre sectores docentes que realizan una misma función persiste aún a pesar de que el Govern balear cerró un acuerdo en el año 2008 para ir nivelando las retribuciones. De haberse cumplido este compromiso, la nivelación de retribuciones se habría conseguido durante el pasado año 2019.

El acuerdo, sin embargo, quedó interrumpido en el año 2010, no pudo restablecerse durante la crisis económica y se había renovado precisamente con el actual conseller de Educación, Martí March, en 2016. En estos momentos vuelve a estar congelado y no hay partida económica en los Presupuestos Generales de la CAIB para 2020, desde la que poder hacer frente a una progresiva nivelación de las retribuciones.

El Grupo Popular en el Consell de Menorca respaldará en el próximo pleno una reivindicación histórica que en la isla afecta al colectivo de trabajadores de siete centros de enseñanza privada concertada– Salesianos y Consolación, en Ciutadella; La Salle, Cormar y Sant Josep, en Mahón, La Salle en Alaior; y Sant Francesc, en Ferreries.

El punto de partida es la consideración de que los centros privados concertados prestan una indiscutible asistencia a la red general a través de la formación y enseñanza de miles de alumnos de primaria y secundaria que, de otra forma, tendrían que absorber la Conselleria de Educación e integrarlos en colegios públicos.

La contribución de los centros concertados al sistema general se realiza también a través de la cesión de instalaciones e infraestructuras deportivas cuyo mantenimiento sufragan también las familias de los alumnos. Por lo que respecta al ejercicio de la profesión, es habitual que profesores y maestros de la enseñanza concertada trabajen más horas y además perciban menos salario, mientras, por otra parte, deben cumplir con todos los requisitos y programación que establece la Conselleria para conservar el concierto económico.

Bajo todas estas consideraciones, la consellera Carmen Reynés propondrá al pleno de la Corporación que apoye activamente reivindicaciones que son históricas y que de hecho ya había aceptado el Govern balear años atrás, aunque interrumpiera su cumplimiento.

La constatación de que en los presupuestos generales no se contemplan partidas para avanzar en la equiparación no puede frenar una antigua aspiración que además fue aceptada por los gobiernos de Antich y de Francina Armengol. ´

Según los planes iniciales de la Conselleria, después de un proceso de incremento progresivo en 2019 tenía que haberse alcanzado el incremento total de 125 euros al mes para la completa equiparación con el colectivo docente del sector público.

Reynés buscará el apoyo de todos los grupos políticos para instar al Govern a retomar y cumplir sus propios acuerdos como una manera efectiva de expresar respeto y consideración hacia un sector de la docencia. Se trata de dignificar la función que realizan.

Un segundo punto de acuerdo apunta a que las mejora sociolaborales de los trabajadores de la enseñanza concertada se materialicen dentro de este mismo año, en cumplimiento de los acuerdos que adoptó el Govern balear en 2010, que renovó en 2016 y que llegó a aprobar el Consell de Govern.

Un tercer aspecto que propone el Grupo Popular, para que se impulse desde el Consell, apunta a solicitar también al Govern balear la firma de un acuerdo para la actualización de los módulos de funcionamiento y el complemento retributivo al personal de administración y servicios de los centros concertados. Asimismo se propone también proseguir con el proceso de implementar orientadores en las etapas de infantil y primaria y fijar una jornada máxima de 23 horas lectivas para los profesores de secundaria.

La propuesta se verá en el próximo pleno, que se celebrará el día 16 de marzo.

 

 

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