El Grupo Popular pedirá al Consell que defienda la autonomía de los municipios sobre su territorio para evitar una cascada de indemnizaciones
El Grupo Popular considera que el gobierno del Consell se ha dejado llevar por las políticas de protección territorial que pretende llevar a cabo el Govern balear sin atenerse a las especificidades de cada isla y sin que la institución menorquina ejerzala defensa directa de los intereses de Menorca. Las nuevas disposiciones recogidas en el Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, tendrán consecuencias y arrastrarán a algunos ayuntamientos al pago de grandes sumas de dinero en concepto de indemnizaciones por la cancelación de derechos urbanísticos consolidados y el Consell no ha hecho nada por evitarlo.
En ello viene insistiendo el Grupo Popular sin que hasta ahora el gobierno del Consell haya facilitado información de solvencia técnica y suficientemente razonada y convincente para despejar los riesgos sobre el pago de derechos indemnizatorios.
Así opina el conseller popular Carlos Salgado, responsable del seguimiento de asuntos urbanísticos y de ordenación territorial, que atribuye desconcierto, titubeos e incertidumbres al conseller socialista Miquel Company en unas explicaciones deficientes y escasamente tranquilizadoras para una institución y una isla que todavía carga con el pago de grandes cantidades de dinero por las políticas de reconversión plasmadas en el Plan Territorial Insular, asumiendo la indemnización más grande que se ha tenido que pagar en Baleares por desclasificación de terrenos y recorte de derechos urbanísticos. (Casos Cesgarden y Princesa Son Bou).
Ante el temor de entrar en un proceso similar y sobre todo por la inconsistencia de las explicaciones del conseller Company durante la interpelación presentada en el pleno de junio, Salgado volverá a insistir en la adopción de medidas más garantistas.
En primer lugar, el Grupo Popular propone que el Consell plantee un conflicto en defensa de la autonomía municipal, lo que en la práctica podría anular las partes del decreto ley que menoscaban, invaden y atropellan la autonomía de los municipios para ordenar y gestionar su territorio.
En una segunda propuesta, el Grupo Popular pedirá al Consell de Menorca que, como institución insular ,asuma un papel coordinador para facilitar a los municipios de la isla que puedan completar sus planeamientos y decidir sobre las clasificaciones de suelo urbano y urbanizable de acuerdo a las necesidades de crecimiento y dotación de estructuras y equipamientos comunes para adaptarse a las previsiones de la Ley 12/2017 de Urbanismo de Baleares (disposición transitoria décimoprimera).
El conseller Salgado recuerda en los fundamentos de su moción que el Consell no ha facilitado ningún informe técnico que despeje de forma concluyente las dudas y amenazas sobre las consecuencias que puede acarrear la aplicación del Decreto Ley 9/2020 sobre Menorca.