El Grupo Popular insiste en reclamar al Govern un plan de inversiones medioambientales destinado a mejorar, corregir o crear redes de saneamiento y una prórroga a la Ley de Urbanismo de Baleares

• La Ley 12/2017 congela las posibilidades de desarrollo residencial para todas aquellas zonas y parcelas que no se encuentren conectadas a redes de saneamiento. El plazo habilitado para adaptación ha resultado insuficiente y por ello el Grupo Popular en el Parlament pide que se apruebe una prórroga de cuatro años.

• El diputado menorquín Lluís Camps explica que el tiempo extra permitiría el desembarco de inversiones en la mejora de infraestructuras relacionadas con el cicloo del agua (alcantarillado, depuradoras, desaladoras, redes de distribución), con la doble ventaja de reactivar la economía, mejorar el medio ambiente y asegurar la correcta gestión de un bien escaso como es el agua.

• Lluís Camps cree que el Govern debe implicarse y ayudar al cumplimiento de las leyes autonómicas y también que el momento y la expectativa de Fondos Next Generation, permitiría la presentación de un Plan Medioambiental ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El Grupo Popular en el Parlament ha denunciado en más de una ocasión las dificultades con que se encuentran los ayuntamientos de las Islas Baleares para poder dar estricto cumplimiento a la Ley de Urbanismo y completar las redes de saneamiento en polígonos residenciales.

La falta de cumplimiento respecto de este precepto bloquea a la administración local, que de esta forma no puede otorgar nuevas licencias y dar respuesta a la demanda social, pero tampoco resuelve los perjuicios medioambientales en las zonas afectadas por ese déficit de infraestructuras.

El Grupo Popular considera que en razón de un interés general, el propio Govern tiene que facilitar y apoyar las iniciativas necesarias a fin de resolver de una vez por todas las conexiones a redes de alcantarillado y los sistemas de saneamiento y una mejora global del ciclo del agua, como un recurso limitado a proteger y cuidar.

Bajo estar premisas el diputado menorquín, Lluís Camps, reitera las demandas que planteó en anteriores periodos de sesiones y demanda una acción decidida del Ejecutivo regional para desarrollar un plan de acción medioambiental con ese mismo propósito.

Lluís Camps ha canalizado una nueva proposición de ley ante el Parlament en la que recoge toda una batería de medidas a adoptar para que la cooperación público-privada impulse la mejora de infraestructuras. La idea arranca en la expectativa de disponibilidad de fondos europeos y en el razonamiento de que todas las inversiones que se ejecuten con cargo al plan van a tener el doble beneficio mediambiental y como reactivador económico inmediato y a largo plazo.

A lo concreto, Camps propone al Parlament primero el reconocimiento explícito del nivel de deficiencias y del problema a solventar y como prolongación la elaboración de un plan específico y concreto para abordar el problema.

La idea del diputado menorquín es que el Plan de Inversiones Medioambientales y de Reactivación Económica, previamente consensuado con las corporaciones locales, se presente ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con recursos disponibles procedentes de los fondos europeos, complementados con inversión estatal.

La propuesta se concibe en términos de urgencia ya que el bloqueo en el desarrollo de polígonos residenciales tiene otras repercusiones negativas como es el encarecimiento del precio de la vivienda o el desvío de usos turísticos hacia núcleos de población tradicionales (gentrificación), sin que acabe de resolverse el problema acuciante de tratamientos adecuados en todo el ciclo del agua, según explica Lluís Camps.

Camps va más allá y explica que si se ha querido comparar a los fondos europeos con el Plan Marshall es razonable destinar una parte de los recursos a corregir deficiencias infraestructurales que son imprescindibles y estratégicas para una adecuada gestión del medio ambiente.

Con estos argumentos, el Grupo Popular pide que los fondos se destinen de forma específica a la dotación de redes de saneamiento, renovación de conducciones de agua potable, actualización o construcción de las estaciones depuradoras, entre otros proyectos relacionados que puedan considerarse necesarios.

Más plazo

Además de buscar fuentes de financiación externa para el desarrollo del Plan, el Grupo Popular pide al Govern, a través del Parlament, que prorrogue los plazos establecidos en la disposición transityoria cuarra de ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Islas Baleares. Camps pone plazo a esa ampliación del período de transigencia para el desarrollo de todas la infraestructuras pendientes y apunta, así, a cuatro años a partir de la aprobación de la prórroga.

El Govern balear ha de ser corresponsable y facilitar el cumplimiento de las leyes que se aprueban en el Parlament, asegura Camps.

El período de aplazamiento daría un respiro y tiempo suficiente a las administraciones para realizar el inventario minucioso de todas las parcelas y zonas de desarrollo carentes de saneamiento y red de distribución de agua potable, con detalle de localización (municipio e isla ) donde radican, que quedan por este mismo hecho fuera de las posibilades de obtener licencia.

Lluís Camps, propone asimismo que, en caso de aprobarse estas iniciativas, el Govern balear dé cuentas en la próxima primavera, hacia final de mayo de 2022, sobre las gestiones iniciadas y el procedimiento.

La amplitud e iniciativa de la iniciativa es tal que el propio diputado recomienda que la planificación pueda desarrollarse en colaboración con los colegios profesionales implicados en este tipo de infraestructuras y servicios.