
El Grupo Popular en el Consell rechaza el anteproyecto de Ley de Menorca Reserva de Biosfera y dejará de asistir a las comisiones de estudio
La portavoz del Grupo, Misericordia Sugrañes, y el conseller Adolfo Vilafranca han explicado hoy en rueda de prensa las razones por las que el Grupo Popular se sitúa en contra del anteproyecto de Ley de Menorca Reserva de Biosfera.
El borrador de la Ley que está en estudio se separa de la propuesta inicial que consistía en obtener una financiación extraordinaria y compensatoria del esfuerzo realizado por todos los menorquines durante las últimas décadas, y tiempos anteriores, para mantener las condiciones medioambientales y paisajísticas, culturales e idiosincráticas.
El Grupo Popular considera que el anteproyecto excede todas las previsiones, pronostica un despliegue normativo excesivo que no hará sino ampliar la base de burocracia, está falta de consultas previas y por ello carece de consenso social.
El Grupo Popular es más partidario de regresar a la idea de buscar una compensación económica, igual que las ciudades de Eivissa y Palma la hallaron con las leyes de capitalidad mucho más simples y de más agil gestión. Apunta, como ha sugerido Misericordia Sugrañes, a la reclamación de una cantidad anual de 5 millones para compensar el esfuerzo de todo un territorio, revisables y en todo caso complementarios de los proyectos o inversiones que pueda respaldar el Govern directamente.
A continuación, os adjuntamos el documento donde se explican las razones de este posicionamiento político.
POR QUÉ DECIMOS NO A LA LEY DE RESERVA DE BIOSFERA
ANTECEDENTES
1 El Grupo Popular en el Parlament formuló a finales de la última legislatura la necesidad de contar con una Ley de Reserva de Biosfera para equiparse a las leyes de capitalidad que primero consiguieron Palma (diciembre 2006) y con posterioridad la ciudad de Eivissa (abril 2019). La propuesta se aprobó en el Parlament.
2 Las leyes de capitalidad tratan de compensar económicamente el mayor esfuerzo que tienen que asumir esas dos ciudades de Mallorca y Eivissa para atender necesidades de servicios básicos y estratégicos de índole supramunicipal (en seguridad, en sanidad, en educación, en asistencia social, en comunicaciones, aparcamientos, limpieza y un largo etcétera).
3 Para Menorca, donde hay dos polos poblacionales y económicos muy marcados, se consideró que:
a) no había que apuntar a uno de éstos, discriminar al otro y marginar al resto del territorio, ni por supuesto renunciar a una propuesta de inyección económica por parte del Govern, para equilibrarnos con las inversiones que se destinan en las otras islas; y,
b) convenía, supletoriamente, poner en valor el esfuerzo general y sacrificio que hace y ha hecho la isla en toda su totalidad para merecer el título de Reserva de Biosfera, y conseguir así un fondo económico para realizar inversiones de interés para la sostenibilidad medioambiental y económica, sin resignarse a quedar rezagados respecto de las otras islas.
4 La propuesta apuntaba, pues, a obtener financiación regular y establecida por ley y no a crear, como después se verá, un galimatías de nuevos reglamentos, planes, superestructuras, estructuras paralelas, oficinas de gestión, institutos de estudios, etc. que de habitual conllevan una exigencia de gasto, de inversión y múltiples recursos humanos, cuyo coste excedería con mucho la inversión que el Govern estaría dispuesto a aportar en razón de lo que concede a la capitalidad de Eivissa: unos 2,5 millones/año.
5 Hacemos notar que la Ley de Capitalidad de Eivissa se desarrolla en 7 páginas y su consecuencia económica ya está dicha: 2,5 millones del Govern y otros 2,5 millones de euros, que aporta el Consell de Eivissa, al municipio de Eivissa. La Ley de Capitalidad de Palma, en 46 páginas. El Proyecto de Ley de Reserva de Biosfera para Menorca, donde somos más papistas que el papa e hiperreglamentaristas, tiene ya 100 páginas. Carece de concreción económica, aunque es obvio que su aplicación sí conlleva un ingente dispendio público.
DESARROLLO
6 El compromiso de desarrollar una Ley de Reserva de Biosfera tiene dos fases muy marcadas: una primera muy pasiva, tímida y renqueante, en la que hubo que recordar varias veces al propio Consell su compromiso para dar posibilidad a la llegada de nuevas fuentes externas de financiación y empezar a aplicar medidas efectivas para hacer un auténtico desarrollo sostenible, que como dice el propio título de la reserva se refiere tanto a cuestiones medioambientales como a desarrollo económico (progreso, investigación, ciencia, calidad de vida…etc). Una segunda, mucho más acelerada en la que se aprecia la acción sostenida y sistemática, con acciones itinerantes, de grupos y agentes de presión, que además tratan de modelar a la opinión pública hacia posturas de restricción, prohibicionistas y hasta de reducción de parámetros económicos. NO SE TRATA YA DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE SINO CLARAMENTE DE UNA MARCHA ATRÁS, eso es, de una INVOLUCIÓN. (Reducción drástica de plazas turísticas, limitación de vehículos, cálculo de capacidad de carga, cupos de amarres y fondeos, control de aforos en playas, reducción de aparcamientos… entre otros).
7 Los argumentos e indicadores en los que basan estas propuestas y con los que ejercen esta inusitada presión se refieren además a una temporada atípica, excepcional como resultado de la epidemia covid. Los datos de un año excepcional (congelación de mercados turísticos exteriores y gran afluencia de turismo nacional) no pueden adoptarse como una verdad absoluta inmutable en la que fundar una ley de gran calado que puede acarrear graves consecuencias para la sostenibilidad económica. Estamos, pues, ante una decisión en caliente, y por tanto acientífica y carente de una adecuada prospección de efectos y pronóstico de resultados.
POLÍTICAMENTE
8 El anteproyecto de Ley anticipa un efecto esponja para la isla que absorbería, según el borrador en discusión, multiplicidad de competencias de otros niveles de Administración. Mediante transferencias, de la CAIB y del Gobierno central por un lado, y, ocupando espacios de autonomía municipal, por otro. ES IMPRUDENTE que una ley prevea pretensiones de asalto a competencias impropias sin que ni siquiera se haya entablado negociación política alguna. Por tanto, no tiene visos de veracidad NI DE EFICACIA, podría derivar en conflictos de competencias y suscitar recursos de inconstitucionalidad.
9 Paradójicamente, las previsiones son que Menorca se dote de multiplicidad de competencias de las que aún carece para poder gestionar todos los ámbitos del territorio (costas, puertos, dominio marítimo-terrestre, entre otros…), pero a sensu contrario regula esta eventualidad a través de una ley, que tendrá que desarrollar sus propios reglamentos, con lo que la Administración menorquina incurrirá en una suerte de renuncia a su plena competencia y legimitidad de gobierno, ya que cualquier modificación de todas las previsiones contenidas en la Ley va a tener que aprobarse en la Cámara Autonómica y por tanto el destino del ámbito de la Reserva de Biosfera quedará sujeto al juego de mayorías parlamentarias. Conviene aquí recordar que sólo 13 de los 59 diputados de la Cámara son menorquines. LA LEY VISTE Y DESVISTE AL CONSELL DE MENORCA.
10 La Ley carece de previsión presupuestaria para organizar el entramado y refuerzo de la Agencia de Reserva de Biosfera
11 El texto anticipa que la Agencia de Reserva de Biosfera contará con un órgano consultivo para la formulación y desarrollo de las acciones estratégicas para dirigir, impulsa, tutelar, instar, fomentar y promover el cumplimiento por parte de todas las entidades públicas y privadas y de los particulares, que consideramos que en nada puede contribuir a agilizar los procedimientos administrativos, que es lo que precisamente reclama la ciudadanía.
12 En el momento actual, el Consell de Menorca tiene competencias en Medio Ambiente, en Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca, Carreteras, Caminos, Transporte, Ordenación Turística y Territorial, también gestiona materias relacionades con el ámbito económico, como comercio, artesania, ferias, eventos culturales, y tiene por tanto amplitud de ámbitos en los que empezar a desarrollar políticas sostenibles del tenor de las que contempla el título de la Reserva de Biosfera.
13 En su articulado, el anteproyecto apunta restricciones muy concretas, como el número de vehículos o la cifra de licencias de taxis, que van contra principios de libertad de movimientos en todo el territorio y que invaden, como se ha apuntado, competencias municipales. La gestión de playas urbanas (con todas sus consecuencias: socorrismo, concesiones, analíticas de agua, aparcamientos, señalización, etc), no parece que pueda ser “arrebatada” sin que medie la voluntad del ayuntamiento que detenta la competencia.
14 La invasión de competencias municipales, sin que medie consulta ninguna, constituye un grave menosprecio a las corporaciones locales que son piezas claves de la administración insular además de las Instituciones más próximas al ciudadano.
15 La Ley prohibe la creación de nuevos puntos de amarre y fondeos temporales fuera de zones portuarias. Perjudica así a los menorquines, que son los principales usuarios de estos fondeos. Ahoga la actividad náutica y altera el rumbo de las políticas recientes que han considerado estratégicas la familia de profesiones relacionadas con este sector que es uno de los menos estacionales.
16 El texto introduce conceptos imprecisos y por ello subjetivos, como capacidad de carga turística o el paisajismo sin mayor detalle, que advierten del riesgo de interpretaciones y consideraciones ideologizadas de aplicación arbitraria. Un ejemplo lo tenemos en la disyuntiva entre potenciar políticas de descarbonización de la isla y empezar a desplegar grandes extensiones de parques fotovoltaicos que van a alterar el paisaje tradicional de la isla y sustituirlo por una imagen diferente, anodina y asimilada a la que podrá verse en otras zones. El Grupo Popular anuncia también reticencias y recelos sobre este hecho.
17 En contraste con ese “nuevo paisaje” por alumbrar, detectamos en la Ley una desmedida vocación y voluntad punitiva que anticipa sanciones de 300 a 3.000 euros para elementos inadecuados que banalicen el paisaje tradicional (en portones y paredes secas), en lugar de establecer incentivos para la recuperación de, por ejemplo, barreres d’ullastre.
18 Es una ley poco sustantiva, cargada de juegos de artificio y buenas intenciones de marcados tintes ideológicos y perspectives utópicas. Algunos ya han visto en ella que todo lo que prevé se puede hacer sin esta ley.
19 Pero al mismo tiempo se erige en una suerte de estatuto general, en ley plenipotenciaria, que en su disposición derogatoria anula todas las disposiciones de rango igual o inferiorque se oponga o contradiga las disposicions de esta futura. ES UNA LEY ARROLLADORA que atropella todo el esfuerzo normativo anterior y promete además abrir todo un abanico de disposiciones y reglamentos nuevos con lo cual se perfila como una LEY INFINITA.
20. Tal como se presenta, rompe el alto grado de consenso social y político que se alcanzó en 1993 cuando Menorca accedió al titulo de Reserva de Biosfera.
EN CONCLUSIÓN
EL GRUPO POPULAR CONSIDERA QUE EL ANTEPROYECTO DE LEY SE SEPARA ABSOLUTAMENTE DE LA IDEA Y PROPÓSITO ORIGINAL, SE PIERDE EN IMPRECISIONES, CARECE DE CÁLCULO ECONÓMICO PARA SU APLICACIÓN Y OMITE CUALQUIER PRONÓSTICO DE RESULTADOS. REMITE A FUTUROS REGLAMENTOS DE ALCANCE IMPREDECIBLE, CARGA CON MUCHOS RIESGOS DE CONFLICTOS DE COMPETENCIAS Y A LA VEZ CEDE LA CAPACIDAD DE GESTION A UN NUEVO ORGANISMO. IMPIDE, ADEMÁS, FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD EN CUALQUIER CAMBIO QUE PUDIERA CONSIDERARSE NECESARIO PUES AL HABERSE TRAMITADO COMO LEY CUALQUIER RETOQUE REQUERIRÁ ACUERDO DEL PARLAMENT, Y CREA NUEVAS CAPAS DE BUROCRACIA.
POR TODO ELLO, EL GRUPO POPULAR RECHAZA EL PROYECTO, SE AUSENTARÁ DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO.