El Grupo Popular denuncia que la campaña de “Lloguer ètic” ha tenido un coste de 75.000 euros y hasta ahora ha propiciado un solo alquiler

La Conselleria de Cooperación ha tenido que impulsar ya dos modificaciones del reglamento para englobar a propietarios que ya tenían alquileres contratados y captar a propietarios de viviendas vacías para poder tener más oferta.
La consellera Carmen Reynés cree que el Consell debería fijarse unos objetivos mínimos y de no alcanzarlos abandonar una línea que está resultando muy onerosa para el bajísimo rendimiento logrado.

El objetivo puede ser bueno, pero los resultados pésimos, ruinosos e irracionales”. Así de tajante se expresa la consellera del Grupo Popular Carmen Reynés después de haber conocido el balance de resultados que acumula la iniciativa “Lloguer ètic” que promueve el área de Cooperación Local y Vivienda del Consell de Menorca.

Más de 75.000 euros de inversión, distribuídos en el diseño de la campaña, su plataforma informática y el personal de gestión se saldan con un resultado tan exiguo como es un solo contrato realizado desde que se puso en marcha esta campaña en junio del pasado año.

Los datos proceden de la consellera responsable del área, Cristina Gómez,  que ha respondido por escrito a la pregunta formulada por Carmen Reynés y que describen la siguiente situación (se reproduce textualmente):

Coste del programa

– 2018: Campanya inicial de lloguer ètic 6.072’82€ (IVA inclòs)

– 2018: Elaboració de la plataforma tecnològica (pàgina Web i calculadora ètica) 17.242,50€ (IVA inclòs)

– 2019: Manteniment i millores de la plataforma tecnològica i personalitzada 14.250 (IVA inclòs)

Cost del personal període de juny 2019 a abril 2020: 28.194’07 € + aportació a la seguretat social  

  9.990’29 €

La suma total de las partidas se eleva por encima de 75.000 euros (hasta abril) y continua en aumento puesto que hay gastos fijos de retribución salarial.  

Alquileres formalizados

Únicamente uno

Expectativas inmediatas

Hay un segundo propietario adherido al programa, pero su vivienda no se ha podido visitar como consecuencia del estado de alarma.

De acuerdo con la misma fuente, hay un tercer propietario inscrito (aún no adherido), cuya vivienda podrá ofrecerse en alquiler si supera la valoración.  

Vías alternativas

Línea 1) El Consell de Menorca modificó a través del Consell Executiu el reglamento para poder incluir en el programa “Lloguer ètic”, alquileres ya formalizados con anterioridad al inicio del programa pero que responden a las características de unos precios asequibles para los inquilinos.

El Consell ha contactado con diez propietarios, de los que uno tiene 5 viviendas en alquiler de tipo ético, para englobarlos en su iniciativa. Por tanto, quedarían bajo el paraguas del programa 14 viviendas más (que ya estaban previamente alquiladas).

Línea 2) La oficina de gestión del programa “Lloguerètic trata de impulsar una segunda línea de adhesiones que consiste en incentivar el alquiler de viviendas vacías. Esta vía tiene aún que regularizarse con una nueva modificación del reglamento que ha de aprobar el Consell Executiu. En todo caso, hasta la fecha y según la información facilitada por la conselleraCristina Gómez, hay dos propietarios adheridos y uno en proceso.

El Grupo Popular no ha conseguido obtener respuesta de Gómez a propósito del número actual de demandantes de viviendas sociales del IBAVI y ha remitido a esta entidad para recabar los datos.

Reynés considera inadmisible la respuesta ya que aun cuando la competencia corresponda  directamente al Govern balear, el Consell es partícipe de la Administración autonómica y en todo caso parecería lógico disponer de información actualizada sobre la situación del mercado, sobre las dificultades de acceso a la vivienda de alquiler y sobre los tiempos de espera, antes de lanzar un programa alternativo que está resultando muy oneroso.  

La justificación de Cristina Gómez – el programa se irá amortizando con el tiempo, no es de fruto inmedidato y hay un proceso de sensibilización de los arrendadores y educación social de los arrendatarios–  tampoco convencen por ahora al Grupo Popular, que apuesta porque el Consell se fije unos objetivos mínimos anuales y, de no conseguirlos abandone esta línea de actuación.  

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