
El GPP valora muy positivamente la inyección de más de 600 millones de euros pendientes de pago a empresas y autónomos
El vicepresidente económico, Josep Ignaci Aguiló, ha manifestado hoy que una de las principales preocupaciones de su conselleria es precisamente la enorme deuda con proveedores heredada de la anterior legislatura y que el auténtico plan de choque de este Gobierno ha pasado por poner en marcha medidas necesarias para parar esta deuda, cuestión que se ha podido conseguir.
El conseller ha anunciado que se han inyectado desde el inicio de esta legislatura más de 600 millones de euros a las empresas y autónomos. Ha criticado la actitud de la anterior ministra, la cual se desentendió completamente de la situación de impagos de las comunidades autónomas y ha destacado el cambio de actitud con el actual Gobierno del Estado.
En este sentido, valora muy positivamente la iniciativa del Consejo de Ministros, consistente en una gran operación financiera que supondrá poner en el circuito económico de España unos 35.000 millones de euros. Una operación financiera que supondrá, pero, que el Gobierno se endeude durante 10 años para poder pagar a los proveedores. “La mala gestión del anterior Gobierno, de gastar y no pagar, lo tendremos que pagar durante 10 años”.
El conseller ha hecho estas declaraciones durante el pleno del Parlament de las Islas Baleares en respuesta a la pregunta del diputado del grupo Parlamentario Popular, Antoni Camps, quien ha pedido una valoración del anuncio hecho por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro sobre el pago a proveedores.
Camps ha recordado que hace unas semanas la diputada de la oposición y exconsellera al anterior Gobierno, Fina Santiago, dijo, sin mostrar ningún tipo de rubor, que lo importante era firmar los convenios y que después ya se vería como se pagaban. De hecho, despachó la cuestión diciendo que ella no se preocupaba de cómo se pagaban, y que esto era un simple problema de tesorería.
“Este modus operandi de firmar compromisos sin tener el dinero para hacerles frente, fue la tónica habitual a la anterior legislatura. Y aquello que algunos calificaban de simple problema de tesorería es ahora uno de los principales problemas del actual gobierno. Un simple problema de tesorería que según algunas fuentes ha provocado que el 20% de las empresas que han cerrado, lo hayan hecho precisamente por los impagos de la administración”, ha dicho el diputado.
Camps ha recalcado que este “simple problema de tesorería” ha supuesto que el Gobierno tuviera a finales de la anterior legislatura una deuda con proveedores de 1.104 millones de euros. Una auténtica barbaridad que demuestra la irresponsabilidad de cómo se gobernó durante los últimos cuatro años.
En estos 8 meses de legislatura, se han hecho esfuerzos más que notables para ir ajustando los gastos, intentando no gastar más de lo que se ingresa. Se ha acabado con el despilfarro que había caracterizado la anterior legislatura y se ha puesto orden a las cuentas públicas. Se han ido aplicando toda una serie de medidas que han conseguido frenar la tendencia creciente de los impagos y se ha conseguido estabilizar la deuda pendiente con proveedores en los 1.100 millones de euros.
Por este motivo el diputado menorquín ha querido destacar que el cambio de Gobierno a nivel del Estado ha significado un cambio radical de sensibilidad en relación a este problema de impagos. Mientras que la anterior titular en el ministerio de Hacienda, Elena Salgado, no mostró en ningún momento ningún tipo de interés en lo que se ha calificado de “simple problema de tesorería”, y, por lo tanto, nada hizo para darle alguna solución, en cambio, el actual gobierno sí que, ha mostrado su total predisposición a aportar soluciones a este problema que a día de hoy está cuantificado en más de 35.000 millones de euros en todo el país.
El pasado día 9 de marzo el Consejo de Ministros aprobó la creación de un fondo destinado a la financiación de las deudas con los proveedores, lo que supondrá una inyección de 35.000 millones de euros a la economía española. Un proceso que empezará a hacerse realidad a partir del próximo mes de mayo.