El Govern rechaza revisar los contratos de obras y pactar nuevos precios aunque reconoce el incremento de materias primas

El Grupo Popular solicita no ha conseguido convencer al Parlament para que se renegocien los contratos de obras en vigor y se puedan atenuar las pérdidas de rentabilidad ocasionadas por una inflación de precios en materias primas y costes de combustible y energéticos

• ​No prospera la propuesta de establecerun sistema arbitral, con intervención de la administración, las empresas y colegios profesionales, para recalcular los precios de los contratos en vigor con imparcialidad.

• El diputado popular Lluís Camps lamenta la falta de sensibilidad .de los partidos que dan apoyo al Govern respecto a las dificultades de las empresas privadas.

– El Govern balear no aceptará por ahora revisar el precio de los contratos de obras y servicios en vigor entre empresas privadas y el propio Ejecutivo que hayan podido verse afectados por los incrementos sostenidos y desorbitados del precio de materias primas, combustibles y coste energético.

La propuesta del Grupo Popular, que ha defendido el diputado Lluís Camps, ha caído prácticamente en saco roto de manera que el Parlament no acepta proponer al Ejecutivo una revisión de precios que compense la pérdida de rentabilidad para muchas empresas, que cerraron precios con otras condiciones de mercado.

Curiosamente, el Parlament sí reconoce que se ha producido un incremento en los costes de ejecución de proyectos de obras como consecuencia de los aspectos ya enumerados. Se reconoce y se admite, pero no se considera adecuado mover recursos económicos para evitar pérdidas económicas a muchos contratistas o arriesgarse a que éstos desistan en la ejecución de los contratos en vigor.

Camps lamenta la insensibilidad de las fuerzas parlamentarias que dan apoyo al Govern balear especialmente en un momento muy sensible de la economía. Desde su punto de vista, es un hecho que las empresas no pueden repercutir los incrementos y se van a ver obligadas a cumplir con contratos de obras que se cerraron en unas condiciones muy diferentes porque diferente era la situación de los mercados. El Grupo Popular esgrime además que las empresas se ven abocadas a penalizaciones en el caso de que no puedan afrontar los contratos por inviabilidad y debido a la inflación en las materias primas y costes de energía y combustible. La alternativa es cargar con ese sobrecoste que ha resultado del desabastecimiento y de la congestión en los centros de producción, además de la factura energética.

A todo ello se suma la aplicación de ley de desindexación que mantiene bloqueada la revisión de precios, y el hecho mismo de que en raras ocasiones entra en juego el recurso de revisar precios que consta en la Ley de Contratos del Sector Público. El Grupo Popular se hizo eco de la preocupación que hay en el sector y ha querido alertar de esta situación y pide al Govern que sea sensible a esta realidad.

De los puntos de acuerdo presentados por el diputado menorquín, únicamente han prosperado los que se señalan en azu (y en rojo los puntos rechazados)l:

– El Parlament reconoce la enorme y súbita subida de precios sin precedentes que están sufriendo las materias primas, hecho que afecta gravemente a nuestra economía y de forma concreta, entre otros, a los sectores de construcción y actividades auxiliares.

El Parlament reconoce que un porcentaje importante de las empresas de construcción y actividades auxiliares con contratos en vigor firmado con la administración pública se verá perjudicado por este importante incremento de los precios de las materias primas, combustibles y factura energética.

. – Que el Parlament inste al Govern balear a revisar las condiciones de obras públicas en las que se esté produciendo un incremento inusual de costes, con intervención de colegios profesionales y asociaciones empresariales para buscar una propuesta justa y proporcionada. Se trata de que el incremento de costes no recaiga exclusivamente en el contratista. Además se solicita que en el caso de incumplimientos a consecuencia de incrementos desmesurados no haya acción o penalización por parte de la Administración.

– Como vía eficaz para resolver cualquier posible diferencia entre licitantes y administración, el diputado propone que se cree un sistema arbitral (administración, empresa y profesionales) para resolver posibles controversias sin tener que recurrir a la vía judicial.

– Evitar la imposición de sanciones o penalizaciones en el caso de que deban resolverse contratos debido al encarecimiento inusitado de materiales.

– A partir del presente y de la constatación de una realidad en el mercado, el Grupo Popular pide también que se revisen las bases de contratación en curso para adaptar costes de forma real y pormenorizada e impedir de esta forma que se produzcan abusos, pérdida de rentabilidad o simplemente quede comprometida la viabilidad de proyectos.

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