El conseller Salgado participa en el debate del anteproyecto de Ley de Consells

El representante menorquín advierte del riesgo de que la descentralización derive en un incremento de burocracia que pueda complicar la gestión y tramitación de los proyectos y programas políticos.
• El PP estudia aún el borrador de Ley para tratar de encontrar el mejor encaje en la realidad insular.
• Un primer apunte crítico se refiere al desvío de competencias del pleno hacia el Consell Executiu de cada institución.

• La aprobación de la Ley exige un alto grando de consenso pues requiere la aprobación por un mínimo de 2/3 de los representantes en la Cámara regional.

– El vienes se celebró en el Parlament la Comisión General de Consells Insulars, comisión que reunió en esta ocasión a diputados del Parlament y consellers de las cuatro islas al objeto de debatir sobre el anteproyecto de la Ley de Consells Insulars que el Govern presentó hace unos meses.

En la sesión, celebrada en el salón de debates del Parlament, los distintos representantes de los partidos políticos con representación en cada uno de los consells insulares y en el Parlament, pudieron dar la opinión que les merece el texto que va a sustituir a la actual norma reguladora de la principal administración de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y que data del año 2.000.
Carlos Salgado acudió en representación del grupo del Partido Popular en el Consell, y en su turno de intervención destacó el encaje que ha de tener Baleares como comunidad autónoma descentralizada, a diferencia por ejemplo de Cataluña, y ello por ser un archipiélago y la singularidad que caracteriza a cada isla. No obstante, destacó que ello no puede significar una descentralización política, pues la dependencia con la capital debe ser de total colaboración: “Queremos ser mallorquines, menorquines, ibicencos y formenteranos, pero queremos seguir sintiéndones parte de una comunidad de islas”.
Entrando más al detalle de la norma propuesta por el Govern, que es la que será la que regulará el funcionamiento del Consell los próximos años, Salgado solicitó mirada larga a todos los partidos políticos para el debate que tendrá lugar los próximos meses ya en el Parlament para tramitar el proyecto como ley, pues insistió en que la necesaria alternancia en el poder hace que gobiernen unos y otros, y ello hace que los redactores de la ley hayan de imaginarse tanto en gobierno como en oposición. A propósito de ello, cuestionó la apropiación de competencias del pleno que la norma propone para trasladarlas al Consell Executiu y al presidente, y ello en materias tan importantes como la contratación pública, personal, expropiaciones o las acciones judiciales. Para el Partido Popular eso resta transparencia a quien gobierna, y debido control a quien ejerce la labor de oposición.
Salgado remarcó lo incomprensible de que se considere que esta revisión alumbrará una norma más moderna, ágil y eficaz, cuando se pasa de una extensión de 53 a 135 artículos, lo que hace que se invada el cometido que tiene en cada consell los reglamentos orgánicos, y, por tanto, la independencia de cada territorio a la hora de regular cómo se debe desarrollar el día a día político de la institución. Sí apreció que el texto postergue por fin el término de “lengua de uso preferente” a la lengua catalana, por el más adecuado de «lengua de uso normal y frecuente”, aunque sin eliminar el derecho de opción de lengua del administrado.

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