El Consell rechazó aprobar un protocolo de intervención para solucionar problemas de desalojos por derribo de construcciones
El conseller del Grupo Popular Carlos Salgado lamenta que el equipo de gobierno del Consell rehusara en el mes de abril aprobar una propuesta del Grupo Popular que permitiría encaminar soluciones para personas y familias –como la de Es Plans— desprovistas de su primera residencia por aplicación de normativa urbanística.
• El Grupo Popular recuerda que en Mallorca, el Consell insular, trabaja con unos protocolos de intervención para dar respuesta habitacional en casos similares. Aquí no se aceptó, asegura Carlos Salgado, por el simple hecho de que lo propusiera el PP.
• Los populares sí aprecian un desigual tratamiento de los casos de construcciones en rústico y denuncian el escaso interés y los muchos titubeos que ha demostrado el Consell de Menorca para resolver el problema de los núcleos rurales y huertos de ocio, ya previstos en el PTI de 2003.
El Partido Popular llevó al pleno del Consell del mes de abril una propuesta en la que se trataba de dar solución a personas que quedaran en riesgo tras la actuación del Consorcio para la Protección de la Legalidad del Suelo Rústico de Menorca. En esa propuesta de acuerdo, rechazada por el equipo de gobierno PSOE/MÉS/UP, se incidía en que muchos de los expedientes que tramita el consorcio lo son sobre fincas que constituyen la única vivienda de sus moradores, y por lo tanto se hacía necesario el dar soluciones a los problemas habitacionales que podrían sufrir las personas obligadas a abandonar su casa.
La propuesta ponía como ejemplo cercano el protocolo de actuación para personas en situación de vulnerabilidad firmado por el Consell de Mallorca y la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial, como un modelo a seguir para estos casos.
Hay que poner en relación esa propuesta del Grupo Popular con lo ocurrido estos últimos meses con la familia de la zona de Es Plans de Alaior, cuya vivienda va a ser demolida de manera inminente, situación que ha supuesto las quejas del representante del ayuntamiento de ese municipio ante el Consorcio por la intransigencia de la decisión tomada de no retrasar el derribo.
Para los populares resulta evidente que, de haberse aprobado un protocolo como el que se propuso ese mes de abril, familias como la afectada no estarían pendientes de saber dónde dormir dentro de pocos días.
La propia consellera de Vivienda del CIMe, Cristina Gómez, afirmó entonces que realizar una gestión directa ante el IBAVI podía suponer pasar por delante de todas las familias que están en lista de espera para conseguir la cesión de una vivienda social, cuando con la aprobación de esa propuesta y, por ende, con la creación de ese protocolo, el realojo de esa familia sería inmediato.
Hay que recordar que en el marco del debate habido en el pleno del mes de abril a cuenta de la propuesta presentada por los populares, el conseller de Ordenación del Territorio, presidente del consorcio del rústico, llegó a tildar de okupas a las personas con expedientes incoados por ese consorcio.
Desde el Partido Popular se destacan la incoherencia que constituye el hecho de lanzar continuamente consignas en cuanto al derecho de las personas a una vivienda, como hacen los partidos de izquierdas, y el de actuar con semejante pasividad en situaciones como la de la familia de Es Plans.
Es del todo incomprensible que se rechazara la propuesta que presentó el PP en su día, algo que sólo se puede explicar por la razón de que no se les ocurrió al equipo de gobierno o por el marginar y castigar a cualquier persona sobre la que pese una posible irregularidad en suelo rústico.
Sin duda que destacan además que muchos de esos expedientes se localizan en núcleos rurales y huertos de ocio, a los que los diferentes responsables de Ordenación del Territorio del CIMe han sido incapaces de dar solución, desde la propia presidenta Susana Mora al actual responsable de ese área, Josep Pastrana, pasando por Miquel Company, ahora en el Govern. A pesar de que la existencia de esos núcleos sin darles una correcta y realista solución supone la mayor amenaza medioambiental de Menorca, el tripartito de izquierdas no ha querido afrontar el problema, ni tan siquiera en el documento de aprobación inicial del Plan Territorial Insular (PTI), en el que se limitan a imponer parámetros y requisitos que son de imposible cumplimiento como el trasladar a los particulares la obligación de hacer el necesario plan especial.
El Partido Popular recuerda que en la Norma Territorial que se aprobó en la legislatura en la que esta fuerza política gobernó en el Consell (2011-2015), se establecían unos plazos para la legalización de los núcleos rurales que, de no haber derogado la izquierda al asumir el gobierno, supondría que ya estarían legalizados.