Una nueva Ley de financiación de los Consells insulars

El pasado martes, 3 de diciembre, en la reunión ordinaria del Consejo Financiero Interinsular, el Gobierno y los cuatro consells insulares acordaron impulsar un nuevo sistema de financiación para dar una estabilidad definitiva a los recursos de estas instituciones y poner fin a un modelo basado en una irregular entrega de anticipos extrapresupuestarios, sistema que tenía que ser transitorio, pero que ha pervivido más de seis años. 

 

Este histórico acuerdo se ha plasmado en un anteproyecto de ley, que todo el mundo puede consultar en la página web del Govern, que lógicamente tendrá que pasar el trámite parlamentario y que será ley dentro del próximo periodo de sesiones. Esta futura ley, que ha impulsado el Govern, dará estabilidad al sistema y supondrá una mejora en la financiación actual de los consells insulares, que pasará de los 208.129.505,72 millones de euros del modelo todavía vigente a los 240.629.505,69 millones de 2014, es decir, 32,5 millones de euros más.

 

Tenemos que recordar que la financiación actual de los consells estaba establecida en la Ley 2/2002 de 3 de abril. Una ley que preveía su propia reforma en 2007. El Pacto de Progreso fue incapaz, en sus cuatro años de gobierno, de llegar a un acuerdo para la revisión de la ley, perpetuando una situación anómala que impidió actualizar de manera correcta el coste de las competencias. La solución a su incapacidad fue establecer, con carácter transitorio, un sistema de anticipos o aportaciones adicionales al margen del sistema, con objeto de reforzar la suficiencia financiera de las haciendas insulares. Una fórmula que era una chapuza presupuestaria, que dejaba a la voluntad o a las posibilidades de liquidez del Gobierno de turno, el poder transferir los anticipos acordados.

 

Al fin, se ha podido acordar un nuevo modelo de financiación que, tenemos que recordar, ha tenido la dificultad de tenerse que negociar en un momento de crisis económica y de restricciones presupuestarias. El nuevo sistema de financiación da respuesta a déficits estructurales de financiación de los consells; elimina los convenios de financiación de las grandes competencias, de forma que esto ya no dependerá de la voluntad del gobierno de turno; da estabilidad a los ingresos en función de variables objetivas y permite también participar en los incrementos de los ingresos de la Comunitat; garantiza el principio de suficiencia y de mínimos que establece el Estatuto de Autonomía; prevé la revisión, cada cuatro años, de las variables objetivas de reparto y reconoce la autonomía de los consells insulares.

 

Además, el texto determina que la cuantía recibida en 2014 será el mínimo que tendrán que percibir los consells insulares en orden a las revisiones anuales, con lo cual la cuantía que reciban en el futuro no podrá estar nunca por debajo de esta cifra.

 

El acuerdo es claramente satisfactorio para todos, un hito histórico que resuelve de forma consensuada y definitiva los problemas de financiación de los consells, por eso no se entienden algunas de las declaraciones hechas por algunos representantes de los partidos de izquierdas que en lugar de felicitarse por este importante acuerdo, lo que hacen es criticar todo aquello que ellos, cuando gobernaron, fueron incapaces de resolver.
Ha quedado demostrado que no sirven para gobernar y ahora comprobamos que tampoco sirven para hacer oposición. En una democracia como la nuestra es muy preocupante que los partidos de izquierdas estén cada vez más radicalizados, cercanos a los movimientos antisistema y alejados de la moderación, y que sean incapaces de reconocer cuando las cosas se hacen bien, como es este caso.

 

 


Antoni Camps Casasnovas
Diputado autonómico del Grupo Popular
Portavoz a la Comisión de Hacienda en el Parlamento de las Islas Baleares

 

 

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