Una nueva gestión de la costa

Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Protección y Uso sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas. Este nuevo texto normativo pretende proteger mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos y generar confianza y mayor actividad económica, con el objetivo de ser un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral y proporcionar también seguridad jurídica a los ciudadanos y las empresas.

 

Precisamente en esta línea de dotar de mayor seguridad jurídica a ciudadanos y empresas, a finales del pasado mes de marzo, como  senadora por Menorca mantuve una reunión con  representantes de la Estación Náutica de Menorca, que me  plantearon la necesidad de modificar la Ley para que las actividades deportivo-náuticas pudieran disponer de un plazo de vencimiento de las autorizaciones administrativas para la utilización del dominio público marítimo terrestres superior al año.

 

Esta propuesta que consideré muy positiva para Menorca, fue trasladada al Ministerio, concretamente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,  para que fuera estudiada. Ahora una vez conocido el proyecto de ley vemos,  con satisfacción,  que la propuesta ha sido aceptada y que el plazo pasa de uno a cuatro años. Algo que evidentemente redundará en una mayor seguridad para el empresario náutico-deportivo a la hora de planificar sus inversiones y la viabilidad de su negocio. Cosa que repercutirá, sin duda, en una mejora de la calidad del servicio prestado, una ampliación de la oferta y una mayor seguridad en el empleo actual y en las perspectivas de futuro en toda España y también en el caso concreto de Menorca.

 

También se modifica la anterior Ley de Costas de 1988 para garantizar la protección y conservación y clarificar el alcance del dominio público marítimo terrestre, así como los deslindes, concesiones y usos de las costas.

 

Hay que destacar que no se permiten nuevas actuaciones urbanísticas en la costa y que solo se proporciona seguridad jurídica a quienes estaban legítimamente en el litoral, pero no supone una amnistía para las situaciones ilegales.

 

Se introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente.

 

El texto aprobado ha sido valorado muy positivamente por la Comisión Europea que considera que dará seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español.

 

Considero que estas modificaciones serán positivas para el conjunto de las costas españolas y que la incidencia también será positiva en Menorca, la mayor protección a las playas naturales y la seguridad jurídica a los propietarios, presentes y futuros así como a los negocios instalados en la costa: restaurantes, hoteles, chiringuitos que podrán mejorar sus instalaciones y servicios siempre que no suponga un aumento de volumen, altura o superficie.

 

Creo que ante la imposibilidad de acometer grandes inversiones para reactivar la economía, dada la alta deuda pública a la que el Gobierno debe hacer frente, el poder legislar de una manera que produzca mayor seguridad jurídica y a su vez garantice y clarifique la protección del litoral, es un camino efectivo para lograr la tan ansiada recuperación económica, a través de un elemento tan importante como es la gestión de la costa.

 

Queda un largo trámite parlamentario por delante, en el Congreso y en el Senado, en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la que formo parte como portavoz adjunto del PP, trabajaremos en este proyecto de ley para que se pueda mejorar el texto que finalmente resulte aprobado, pero el primer paso está dado y la intención de dotarnos de mejores instrumentos legales en la gestión de la costa ha quedado claramente expuesta ya en el proyecto de ley.

Juana Francisca Pons Vila

Senadora por Menorca

 

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