Una buena medida que dinamiza la agricultura profesional en Balears con las concesiones de agua

El proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Activación Económica en materia de Industria y Energía, que tramita el Parlament balear, ha incorporado, a propuesta del Grupo Popular, una enmienda que autoriza la extracción de agua en las unidades hidrológicas clasificadas.

 

Ante las habituales críticas de la izquierda, que tilda esta iniciativa de “barra libre” y que vulnera normas estatales, lo cierto es que se aplicará siempre y cuando los acuíferos lo permitan, y con el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Recursos Hídricos.

Esta enmienda viene avalada por estudios técnicos que justifican la ampliación propuesta, porque el PP actúa desde el rigor y seriedad.

 

Tanto el Servicio de Estudios y Planificación de Recursos Hídricos, del Govern balear, como los datos de los piezómetros –a través de los que se miden periódicamente los niveles de agua y calidad de las diferentes masas de aguas-, y los últimos estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), han puesto de manifiesto que la ampliación de la utilización de los acuíferos en Balears es perfectamente viable.

 

 

En esta última década la superficie agraria de regadío ha caído un 30 por ciento y el número de explotaciones ganaderas un 80 por ciento, por lo que deben aportarse alternativas.

 

Según los datos aportados por la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear, de los 140 hectómetros cúbicos de concesiones de agua para riego actualmente otorgadas, sólo se utilizan en la actualidad 40, es decir, un 28,5 por ciento. Por tanto, no resulta descabellado añadir cuatro hectómetros a las concesiones vigentes.

 

Sólo se dará agua  de las Unidades Hidrogeológicas Clasificadas a quien realmente la necesita, es decir, a agricultores y ganaderos profesionales, inscritos en el registro de explotaciones agrarias prioritarias;  y a los que están en activo y que la precisan porque no tienen suficiente en la actualidad para el desarrollo de su actividad. Todo ello debe acreditarse mediante estudios técnicos ante la Dirección General de Recursos Hídricos, a quien compete la autorización.

 

Con esta enmienda se favorece el desarrollo de nuevos proyectos agrarios en Balears, al reactivar la actividad económica y facilitar la llegada de capitales. La agricultura rentable es la ligada al agua. Por ejemplo, plantaciones de olivos, oleoturismo, agroturismos, etc. En este caso no se les obligará a que sean explotaciones prioritarias, pero sí a que se inscriban en el registro general de explotaciones agrarias.

 

Hay que recordar a la izquierda amnésica que en 2005 se aprobó el Decreto 58/2005, de 27 de mayo, por el que se reguló el otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para los usos agrarios.

Mediante este decreto, el primer Govern del Pacte fue quien autorizó la extracción de hasta 5.000 millones de litros de agua más al año de los pozos de Balears. Fue aprobado por PSOE, PSM, EU y Els Verds mediante un acuerdo de la conselleria de Medi Ambient, al frente de la que se encontraba la consellera Margalida Rosselló, de Els Verds, y Antonio Rodríguez era el director general de Recursos Hídricos.

 

Este decreto ha estado vigente hasta cinco años después de su aprobación, es decir, hasta mayo de 2010, y el anterior Govern, siendo Gabriel Vicens (PSM) conseller del área, sacó a exposición pública otro decreto con idéntico sentido y contenido, que finalmente no fue aprobado.

 

En el PP no estamos inventando nada; damos respuesta a las demandas y aportamos soluciones a los problemas. No entendemos que se critique gratuitamente, y con afán destructivo, una buena alternativa que fomenta la economía, que no pone en peligro nuestras reservas hídricas y que reactiva un sector como el agrícola y ganadero, necesitado de salidas.

 

La solicitud de concesión de agua deberá ir acompañada, en cada caso, de un estudio agronómico, redactado por técnico competente, que justifique la demanda. Si no obtiene informe favorable, no será autorizada; por tanto, ninguna “barra libre”, sino estudio, valoración y decisión.

Este estudio, que tiene carácter de requisito necesario para obtener la autorización, será evaluado por los técnicos de la  Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear, cuyo informe favorable es preceptivo y vinculante; técnicos que se han distinguido siempre por su pulcritud y extrema exigencia.

 

El Grupo Parlamentario Popular lamenta el alarmismo innecesario y la errónea lectura que hace el PSOE de una iniciativa bien planteada, técnicamente justificada y políticamente oportuna.

 

Asunción Pons Fullana

Diputada del Grupo Parlamentario Popular

Portavoz del PP en la Comisión de Economía del Parlament

 

 

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