El PP permitirá que los ayuntamientos fijen los parámetros de los núcleos rurales sobre la realidad preexistente

  • Sugrañes anuncia que recuperará la plena vigencia de la Norma Territorial al llegar al gobierno y con ella la opción de que los ayuntamientos justifiquen nuevos parámetros para cada uno de los núcleos en base a la realidad preexistente
  • La propuesta del PTI de 2019 endurece aún más los requisitos del de 2003, lo que impedirá solucionar un problema medioambiental y social de primer orden

El Partido Popular está comprometido con aplicar una solución efectiva, sensata, moderada y sostenible a la problemática que envuelve los núcleos rurales de Menorca desde el Consell Insular y desde los ayuntamientos en los que tenga responsabilidad de gobierno, al tratarse de una responsabilidad compartida.

La propuesta del Partido Popular es una propuesta factible, realizable y creíble en la medida en que su esencia ya fue incluida en la Norma Territorial Transitoria y, por lo tanto, cuenta con el beneplácito y los informes favorables de los técnicos y las administraciones competentes. “No es una promesa electoral sin fundamento es recuperar una realidad en la que creemos y que está publicada en el BOIB”, aclara Sugrañes.

Y rápida en la medida en la que el Partido Popular se ha comprometido a recuperar la plena vigencia de la Norma Territorial Transitoria de forma inmediata, bien anulando la aprobación inicial del PTI si se hubiera producido, algo que dudamos, o bien anulando la derogación parcial de la misma. “Lo haremos justo al llegar al gobierno”, garantiza Sugrañes.  

De esta manera, cada ayuntamiento podrá iniciar de oficio la redacción de los planes especiales de cada uno de los núcleos rurales con el objetivo de que sean legalizados todos en el menor espacio de tiempo.

Este es el compromiso de la candidata al Consell y de los futuros alcaldes del Partido Popular, como ha hecho la alcaldesa de Alaior y candidata al Consell Insular de Menorca, Misericordia Sugrañes, quien desde el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa y ha puesto en marcha la redacción del plan especial de Llumena.

El Partido Popular recuerda que la Norma Territorial Transitoria permitía legalizar la realidad preexistente de forma justificada porque, en palabras de la candidata al Consell, “no tiene sentido hacer una norma para legalizar una situación preexistente sin tener en cuenta la realidad existente. Se ha legislado como si no hubiera nada y este no es el camino”.

Así pues, será el ayuntamiento el que establecerá de manera justificada los parámetros urbanísticos a aplicar en cada núcleo rural y que deberán ser aprobados por el Consell Insular, manteniéndose el criterio general de 90 metros cuadrados en planta baja y una altura.

Órdenes de demolición y sanciones, paralizadas

El compromiso del Partido Popular es paralizar las órdenes de demolición y los expedientes de disciplina urbanística en marcha cuando el ayuntamiento comunique al Consell Insular el inicio de los trabajos de redacción del plan especial de un determinado núcleo rural, en la medida en la que se están iniciado los trabajos encaminados a reintegrar en la disciplina urbanística dichas construcciones.

Asimismo, el Partido Popular permitirá a los propietarios construir dentro de los límites establecidos en cada núcleo rural en las parcelas vacías y aquellas que tengan capacidad vacante, ya que en caso contrario se estaría premiando a unos propietarios frente a otros. “La norma no ha de privilegiar a unos frente a otros dentro de un mismo núcleo, todos han de ser iguales”, aclara Sugrañes.

La propuesta del Partido Popular resuelve el problema ambiental de primer orden que tiene Menorca con unas construcciones sin control, así como el problema social que envuelve la realidad de los núcleos tradicionales.

“La realidad es la que es y no podemos darle la espalda a la misma. Hay viviendas que llevan más de 40 años construidas y nadie ha hecho nada para resolverlo. No es responsabilidad mía lo que hay, pero sí será responsabilidad nuestra no darle una solución a un problema ambiental y social porque allí vive gente que tiene su primera y única vivienda allí. El PTI de 2003 no ha servido para nada y el de 2019, si es que se aprueba, aún servirá menos porque aún es más restrictivo que el anterior. Si no quieres caldo, toma dos tazas, parece que han hecho desde el Consell”, sentencia Sugrañes. 

“La administración es corresponsable de la situación que se ha creado y no podemos demonizar a los propietarios porque fueron invitados a construir ilegalmente, por acción o por omisión. Muchos han heredado estas casas y con ello, han heredado un problema que tenemos la obligación de resolver. No podemos hacer demagogia ni análisis simplistas”.

“Esta es una muestra de que somos la fuerza sensata del cambio, que estamos centrados en hacer las cosas bien y con sentido común, huye de dogmatismos y de ideologías y a la que el tiempo nos da la razón. Tenemos un problema social y medioambiental que hemos de resolver y nosotros lo resolveremos de forma satisfactoria para el interés general y para el interés particular. Nadie sale perjudicado y todos salimos beneficiados”, explica Sugrañes.

Los propietarios deberán asumir los costes de los planes especiales y de las infraestructuras que sean contempladas en él, así como los costes de legalizar su vivienda.

Sugrañes destaca que los “ayuntamientos recibirán ingresos en los procesos de regularización que podrán revertir a la comunidad y se generará actividad económica en la regularización de las casas y fruto de la seguridad jurídica, lo que también acabará beneficiado a la colectividad”.

“Todos salimos ganando. Las casas están ahí desde hace mucho tiempo y no tiene sentido plantear otro escenario que no sea el ingreso en la legalidad y el cumplimento de la normativa ambiental”.

Prescripción no es legalidad

La candidata del Partido Popular al Consell Insular de Menorca, Misericordia Sugrañes, aclara que “existe la falsa creencia de que la prescripción es sinónimo de legalidad. Que una infracción esté prescrita quiere decir que no se puede sancionar o demoler, pero no es legal y acabará siendo una ruina ya que no se puede pedir una licencia de nada. Es como esconder la cabeza debajo de ala”. “La administración no se la puede jugar a tener casas fuera de ordenación y fuera de control, con el riesgo que supone, es mejor para todos que sean legales”, sentencia Sugrañes.

Reunión con afectados en Ciutadella

Misericordia Sugrañes y Antoni Juaneda, candidato a la Alcaldía de Ciutadella, acompañados por la ex consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, explicaron ayer domingo a un grupo de propietarios de los núcleos rurales de Ciutadella una propuesta factible y realizable a medio plazo para resolver esta situación histórica que genera incertidumbre y preocupación entre los afectados.

Se informó a los asistentes que la solución que se prevé en el nuevo PTI que está tramitando el actual equipo de gobierno del Consell para la regulación de los núcleos rurales no resolverá el problema.

“La regulación contenida en el PTI de 2003 se ha mostrado claramente ineficaz. Esto se evidencia porque no solo no se han regularizado los núcleos rurales en estos 16 años, sino que el número de edificaciones se ha duplicado. La regulación que se prevé en el PTI de 2019 mantiene los mismos criterios ineficaces y añade más requisitos que van a suponer la imposibilidad de regularizar ninguno de ellos”, aseguró Juaneda.

“Un ejemplo que evidencia lo absurdo de esta nueva regulación es que los planes especiales que se redacten no van a permitir que las vías de acceso rodado estén asfaltadas, o sea que se tendrá que retirar el asfaltado de lo existente si se pretende regularizar el núcleo”, aseguró Marta Vidal ante la estupefacción de los asistentes.

El candidato a la Alcaldía de Ciutadella insistió que la regulación de los núcleos debe partir de una realidad existente, pues no se está regulando algo futuro, no se está partiendo de cero, sino que se trata de tener en cuenta la realidad existente y arbitrar fórmulas para regularizarla, con los procedimientos y asunción de costes que correspondan por parte de los propietarios.

Debe recuperarse la previsión que se contenía en la NTT de 2015, y deben legalizarse los núcleos rurales en base a la realidad preexistente, en cada caso, en cada núcleo. Un régimen demasiado estricto como el del PTI de 2003 y el del PTI de 2019 no conduce a nada más que a mantener en la ilegalidad a todos los núcleos.

“La ilegalidad de los núcleos rurales no es solo un problema de los propietarios afectados, es ya un problema social de primer orden, la mayor ilegalidad existente en el suelo rústico de Menorca y un importante problema ambiental”, razona Juaneda.

“Se obliga a demoler todo lo que supera los 90m2, cuando la mayoría de las casas resulta que superan este límite”.

“La administración no puede estar sancionando duramente a los propietarios por actuaciones que son legalizables según la normativa vigente desde 2003, y más aún cuando es la propia administración que sanciona la que no ha hecho nada para impulsar su legalización, es decir, para impulsar el cumplimiento de su propia normativa”, critica Juaneda.

Los propietarios y personas interesadas que asistieron a la reunión informativa pudieron plantear sus dudas y las problemáticas concretas que les afectan, obteniendo la correspondiente respuesta y aclaración por parte de los comparecientes.Y pudieron escuchar el compromiso del candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Ciutadella, Antoni Juaneda, quien garantizó que “un futuro gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciutadella es sinónimo de compromiso con los centenares de afectados de Ciutadella quienes requieren una solución razonable, sensata y equilibrada”. “Hemos de hacer los máximos esfuerzos con responsabilidad para reintegrar a todos los propietarios en la legalidad”, sentencia.

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