Santiago Tadeo apela a la coherencia y valentía en su discurso de Sant Antoni

Señoras y señores que nos acompañais en esta sesión; conselleras y consellers de esta corporación, delegado del Gobierno de las Illes Balears, conseller del Gobierno de las Illes Balears, diputadas y diputados del Parlamento balear, senadora; alcaldesas y alcaldes; ex presidentes del Consell, autoridades, ciudadanos de Menorca:

Es este un acto institucional de celebración de la fiesta de Menorca, una tradición que acumula tres décadas de reafirmación de una identidad como pueblo, que nos hace sentir comunidad porque compartimos historia, cultura y valores de una sociedad abierta y permeable que conserva con orgullo sus raíces. Hoy somos lo que somos porque, sin renunciar a las aportaciones, los conocimientos y la experiencia, hemos sabido adaptarnos como nadie a las peculiares circunstancias de nuestra realidad geográfica ya la singular evolución de los últimos siglos, desde la llegada del rey Alfonso III hasta nuestros días.

Son bien conocidos los avatares de nuestra historia: una recopilación de hechos que hoy contemplamos desde una óptica serena dirigida a valorar, por encima de otros conceptos, la herencia recibida y las diferentes contribuciones a la formación de una fuerte personalidad y el cultivo de un elevado sentimiento de pertenencia a una tierra y a una cultura. En este tiempo de globalización y del imperio de las nuevas tecnologías, el sentimiento de comunidad, con unos rasgos propios y característicos cobra un valor especial. Una comunidad, pero integradora, acogedora, porque como escribe Ponç Pons:

“ Més que d’on hem nascut
som del lloc que estimam
i lectors agraïts
que tenim el que dam
feim diversos un sol
gran poema on no hi ha
més pàtria que la vida”.

La fiesta de hoy nos anima a recordar todo esto y destacar con optimismo los ejemplos de superación de períodos de adversidad, que han sido numerosos a lo largo de los siglos recientes. Más que nunca, la historia nos debe enseñar que nada de lo que hoy nos rodea es nuevo y que, al igual que en ocasiones pasadas, disponemos de recursos para afrontar el presente. El espejo del esfuerzo, el sacrificio, la responsabilidad y el espíritu emprendedor de las generaciones que nos han precedido aporta luz y esperanza al futuro inmediato.

Sabemos de manera clara, pues, de dónde venimos, aunque más que esto resulta más importante averiguar hacia dónde vamos. Contamos ahora con la ventaja de una estructura institucional construida con más participación ciudadana y más garantías de apoyo desde otros ámbitos con capacidad de decisión política que comparten la misma finalidad: el desarrollo con criterios de igualdad de oportunidades, libertad, respeto el territorio y seguridad jurídica, para dar impulso a la iniciativa. Todos estamos llamados a la cooperación, de la historia debemos aprender que nadie puede quedar pasivo ante el reto de superar un momento de especial dificultad. Porque, como explica Arendt:

“El que uneix als homes no és la memòria històrica o els lligams ètnics ni el Leviatán de Hobbes –que uneix perquè intimida a tots- sinó la força del compromís mutu”.

De esta realidad presente partimos ahora. Parece que no es tan importante discutir sobre las causas que han provocado esta coyuntura negativa -de dimensión internacional- cómo afrontar el momento con decisión, con los medios de que disponemos y con la colaboración de otras administraciones. La colaboración institucional ha sido siempre la pauta de actuación del Consell de Menorca, un órgano creado precisamente con clara función de apoyo a la administración municipal y mediadora en la acción de las administraciones autonómica y central.

La situación de adversidad ha provocado desánimo y críticas que han llegado a cuestionar la estructura de esta institución y la institución misma, animadas estas críticas por la preocupante caída de los fondos financieros. Se ha hablado de una administración sobredimensionada y ha crecido el nivel de autocrítica. Iniciamos, por tanto, una etapa en la que -me atrevo a decir- hacemos una redefinición del Consell de Menorca bajo el criterio de la racionalidad administrativa y la regulación que fija un Estatuto con notables expectativas de incremento en la capacidad competencial y de gobierno.

La racionalidad administrativa -un principio que nunca debía haber perdido- hoy sólo se explica con un sinónimo: la austeridad, que significa prescindir del gasto superfluo. En este caso se aplica con rigor, las primeras medidas adoptadas por el nuevo equipo de gobierno en esta línea.

Como dije en el discurso de toma de posesión de esta presidencia, la austeridad en el gasto público será un eje importante de esta etapa política, «a la que la eficiencia en la gestión de los recursos públicos será clave y básica«. De la austeridad nace la eficiencia, que significa obtener resultados altamente rentables de la inversión y el gasto públicos. Sin estos principios no se puede entender hoy la Administración. Y ya sabemos que la administración no es la solución a los problemas económicos y sus consecuencias de falta de puestos de trabajo y reducción del tejido empresarial. No es solución ciertamente, pero sí puede contribuir a estimular la iniciativa y canalizar proyectos de interés, puede y de hecho ha de ayudar a la recuperación de la sociedad civil, a la recuperación económica, la creación de puestos de trabajo como mejor política social que hay, a la ruptura de la inercia de la subvención a cambio de la promoción de la creatividad, las propuestas y las ideas orientadas a la mejora del actual contexto económico, porque crear puestos de trabajo debe ser una prioridad. Como dice el artículo 35 de la Constitución Española: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo …».

Hablaba, en segundo lugar, de la regulación del Consell que fija el Estatut, un fundamento de legitimidad y, sobre todo, de fuerza en el cometido institucional. «Los consells insulares son las instituciones de gobierno de cada una de las islas y ostentan el gobierno, la administración y la representación» de las mismas. Es decir, somos una organización propia con facultad de gobierno, un gobierno -en su ámbito insular- de características similares al Gobierno de las Islas, con capacidad de aprobar normas reglamentarias, sin perder de vista que forma parte de una comunidad plural más grande. No hay contradicción, al contrario, entre la reivindicación de un Consell con más poder de decisión y un Gobierno con la responsabilidad de fijar políticas generales para toda la comunidad. Principios de economía, de calidad de las prestaciones y, en definitiva, de buena gestión de los recursos públicos son argumentos convincentes para una relación armoniosa y eficaz entre las instituciones que formamos la Comunidad Balear.

Esta relación es imprescindible para hacer frente al problema del transporte aéreo, un problema que todavía viaja con nosotros a pesar de los esfuerzos, movilizaciones populares, debates públicos, promesas, y medidas adoptadas. Este es un problema menorquín, bien identificado, que reclama un compromiso de solución desde otras instancias, estamos ante un ejemplo donde se ha de manifestar la colaboración institucional imprescindible en la que he hecho referencia.

La vertebración territorial de esta comunidad figura como una especie de tarea probablemente mal resuelta hasta ahora. La singularidad geográfica, un territorio discontinuo -en realidad cuatro territorios diferentes- debería exigir una mayor atención por parte de los poderes públicos y la voluntad real de articular políticas encaminadas a la cooperación frente a la competición en asuntos capitales y de interés común como el del transporte aéreo. Mientras no se disponga de condiciones aceptables -frecuencias, tarifas y conexiones, básicamente-, la auténtica construcción de comunidad balear seguirá siendo un objetivo pendiente y un baremo de evaluación, incluso de juicio, de la clase política.

Es éste un sincero ejercicio de autocrítica que, sin embargo, no puede olvidar los pasos dados hasta ahora, los avances realizados y la puesta en marcha de experiencias que, si bien no han dado los resultados esperados, ponen de manifiesto una preocupación constante para encontrar una solución. Hoy también es un día para recordar las preocupaciones y, sin duda, hay una identificación unánime del transporte aéreo como la primera de estas preocupaciones y la convicción de dependencia del desarrollo económico de Menorca de una buena red de comunicación aérea. Al igual que compartimos el análisis, compartimos el propósito firme de trabajar. Reitero aquí las palabras pronunciadas el primer día de esta corporación: «El transporte aéreo es vital y transversal a toda la economía de Menorca, este mandato debe ser el mandato de la solución del transporte aéreo, me comprometo una vez más no descansar en la defensa del derecho de los menorquines a tener un transporte adecuado a nuestras necesidades «.

Esta será una prioridad porque si una cosa da sentido al Consell es la de trabajar para resolver los problemas que afectan a los menorquines. El reto está trazado, aunque no el único. La reforma del Estatuto, aprobada hace ya cinco años, marca un camino bastante «insularista» en la atribución de competencias que, a pesar de este espíritu, aún no ha hecho el recorrido que le corresponde. Hoy reivindicamos precisamente esta voluntad de ser más gobierno de Menorca como garantía para los ciudadanos de una administración más cercana, más ágil y más resolutiva. Son 20 las competencias que el artículo 70 del Estatuto enumera como propias del Consejo, algunas están asumidas desde los primeros años, otras, las más numerosas, han ido llegando y dotando de mayor contenido esta institución, el traspaso por parte de la Comunidad Autónoma de aquellas aún pendientes supondrá un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo en el papel de esta institución.

Esta reivindicación se hace también desde la racionalidad y el principio de la eficacia. Somos conocedores y partícipes de la política de austeridad y no pedimos nada que implique más gasto, al contrario, lo hacemos desde la responsabilidad de gestionar los fondos financieros de estas nuevas materias con la garantía de la proximidad y el rigor que imperar siempre en el manejo de los recursos públicos. Apostamos por un desarrollo del Estatuto como cumplimiento de la voluntad legislativa y la voluntad también de esta corporación.

La acción política consta de dos ingredientes fundamentales: coherencia y valentía. Los ambos están presentes en esta reflexión y la exposición de intenciones de esta etapa. Quiero que sea una etapa más pragmática que ideológica. Ortega y Gasset hablaba de la repugnancia al imperialismo ideológico, que definía como:

«La propensión de plantearse antes los hechos exigiéndoles la previa sumisión a un principio, la curiosa contradicción practicada por esas generaciones revolucionarias que ahorcaban a los príncipes y las sustituían por la tiranía de los principios».

Hay unas reglas, ciertamente, un programa de gobierno que refleja una concepción moderna de la política que, en nuestro caso, impacta contra la intangibilidad de la norma, el imperialismo doctrinal. Este Consell quiere que la sociedad menorquina, esto que convencionalmente se ha entendido siempre como sociedad civil, recupere voz y protagonismo, nuestra misión es facilitar el camino. Y la tarea, la tarea de transformar el intervencionismo en iniciativa, está empezada. Estoy hablando de la necesaria adaptación del planeamiento territorial para dotarlo de la flexibilidad que la sociedad, la sociedad emprendedora, demanda. No quiere decir abdicar de un modelo territorial que, en términos generales, goza de consenso social y político, significa sencillamente dar viabilidad a proyectos compatibles con los valores naturales y medioambientales que caracterizan esta tierra. Quiere decir actuar con dinamismo sin hipotecar el futuro. Es tiempo, como he dicho, de gobernar con coherencia y valentía.

Muchas gracias.

Mahón, 17 de enero de 2012.