Cabrera: “nadie ha explicado qué normativa será aplicable en Menorca tras el decreto urbanístico del Govern”

La portavoz del Grupo Popular en el Consell Insular de Menorca, Salomé Cabrera, ha denunciado hoy la falta de seguridad jurídica que promueve el Govern balear con el decreto urbanístico que ha aprobado hoy y que dejará sin efecto la aplicación de algunos de los artículos de la Ley Turística, la Ley del Suelo y la Ley Agraria, y en consecuencia, algunos aspectos de la Norma Territorial Transitoria de Menorca. Además, “es clara y notoria la dejación del ejercicio de las competencias propias del Consell Insular de Menorca en ordenación territorial y turística, dejando en manos del Govern decisiones que deberían tomarse desde Menorca”, asegura Cabrera.

 

En primer lugar, no puede interpretarse que la Norma Territorial Transitoria de Menorca haya quedado derogada. El decreto dice que no es aplicable la habilitación que proporcionó la Ley 7/2012 de 13 de junio de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible (D.A.9; D.T.1) al Consell Insular de Menorca para la aprobación de la Norma Territorial Transitoria, pero en ningún caso se puede interpretar como derogación de la Norma, dado que ya fue aprobada por el Consell, está integrada en el ordenamiento jurídico y no puede ser borrada del mapa así como así; en definitiva, “no se entiende por qué motivo se suspenden estas disposiciones puesto que la Norma ya se ha redactado y aprobado definitivamente, por lo que esta disposición ya ha causado el efecto para el que fue dictado”, ha dicho Cabrera.

 

La portavoz del Grupo Popular ha criticado la falta de liderazgo del Consell Insular de Menorca en materia urbanística permitiendo al Govern balear que asuma las competencias que le son propias y evitando tomar decisiones para el futuro de Menorca. “De nuevo nos encontramos ante una situación de arbitrariedad y subjetividad en la interpretación de las leyes, pero en este caso sin tener en cuenta las cuestiones propias de Menorca, no se han atrevido a derogar la Norma Territorial Transitoria tal como se comprometieron en las medidas ‘urgentes’ para los 100 primeros días de gobierno, porque no se atreven a eliminar una norma que se elaboró con un amplio consenso social, su intención es crear un limbo jurídico de incertidumbre que suponga una paralización de todo por no saber qué norma aplicar, volvemos al no a todo pero con mayor inseguridad para todos los ciudadanos de Menorca”.

 

El decreto pone además de manifiesto que la Norma Territorial Transitoria actúa como una adaptación a Menorca en la aplicación de las leyes autonómicas, por tanto positivo e incluso admitido por el Gobierno actual de Menorca. Aún así, el Consell Insular de Menorca no ha hecho ninguna petición expresa, (tal como ya se hizo durante el pasado mandato en cuanto a la tipología específica de estancias turísticas para Menorca) como sí contempla el decreto para zonas específicas, como es el caso de la playa de Palma, que sorprendentemente es bastante más permisivo que la normativa actual y parece que incite a la especulación, lo cual no es muy lógico dadas las acusaciones de especuladores que ha recibido el Partido Popular.

 

Tras la moratoria, se desconoce cómo afectarán los cambios a Menorca, dado que la Norma Territorial Transitoria está adaptada a Ley Turística, Agraria y del Suelo, que incluye estos aspectos que ahora se dejan en suspenso.

 

Cabrera ha lamentado la falta de transparencia y participación para la aprobación de un decreto que afectará en gran medida a Menorca. Cabe destacar que el partido que representa al 50% de la población de Menorca y de Baleares ha conocido el texto por filtraciones, tampoco ha habido consenso ni participación de los sectores. El Grupo Popular quiere saber y conocer los informes técnicos y jurídicos que avalan esta decisión y conocer porqué motivo el Consell Insular de Menorca ha ocultado que el Govern balear estaba preparando un decreto para suspender todas las leyes que afectan a nuestro territorio.

 

Decreto urbanístico

 

Ley Agraria

 

Elimina por completo la Ley Agraria, aprobada con total consenso del sector. Procedimientos tan elementales como dar electricidad a una finca, dependerán de una declaración de interés general (larga tramitación y sujeta a criterios subjetivos). Deja en suspenso todo lo que la Ley Agraria había introducido de nuevos conceptos, venta directa de la producción propia manipulada y la de explotaciones agrarias preferentes, la prevalencia de la Ley Agraria respecto de las normativas territoriales y turísticas, siempre que se refiera al concepto de actividad agraria y complementaria, tanto de ocio como de negocio, las opciones que daba la ley de legalización, reconversión y cambio de usos para edificios que fueran a destinarse a esta actividad agraria o complementaria, independientemente del suelo. Permitía, por ejemplo, la venta directa de quesos en una explotación agraria.

 

Se deja en suspenso todo el trabajo del Gobierno del Partido Popular conjuntamente con el sector para aprobar una ley, la primera Ley Agraria de Balears, que permitía dar soluciones y salidas para que los que trabajan el campo también pudieran llevar a cabo las actividades económicas complementarias que se desarrollan en el medio rural.

 

Por otro lado, deja en suspenso algo tan importante como que para autorizar un Agroturismo no fuera necesario Interés general, dado que hablamos de una actividad complementaria a la principal que es la explotación agrícola.

 

Ley Turística:

 

Art. 44.4. Se suspende la exoneración de declaración de interés general para los agroturismos. Art.  ¿Cómo queda con la aplicación de la NTT? Una nueva y larga tramitación para los establecimientos que quieran darse de alta. Deberíamos pedir una excepción para Menorca.

 

DA 4, 9. Permitía la aplicación de la disposición a los nuevos establecimientos, pero ahora únicamente podrán entrar en los criterios de modernización los establecimientos viejos, volvemos a una discriminación innecesaria, puesto que lo que penalizan es la calidad, la competitividad y la seguridad.

 

Se suspenden las Disposiciones Adiciones 9 y 10, permitían el uso turístico en cualquier tipo de suelo o edificio catalogado, también en los edificios de uso militar.

 

Se suspende la D.A.19, que es la referida a grandes equipamientos y oferta complementaria de alojamiento en rústico. Quedan en el aire proyectos como Binifadet, Llucalari o Zaniec.

 

Ley del Suelo

 

Se elimina la posibilidad de legalizar las infracciones urbanísticas en rústico que ya han prescrito, y que por tanto, nada puede hacerse contra ellas. Se elimina entonces la solución que se había planteado durante la pasada legislatura para centenares de hortales de Menorca que permitía a los propietarios de las viviendas ilegales abonar al Ayuntamiento la licencia de obras que nunca solicitó y adaptarse así a la normativa del municipio, además de abonar una multa del 15% del valor de la edificación en el primer año, del 20% en el segundo año y del 25% en el tercer año de su legalización. Los Ayuntamientos debían destinar esos ingresos a mejoras ambientales.

 

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