PSOE y PSM vulneran el consenso alcanzado por el Govern con el sector agrícola-ganadero, con su rechazo a la Ley Agraria

La portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Asunción Pons, ha defendido hoy los acuerdos alcanzados entre Govern, administraciones competentes y sector para la redacción de la nueva Ley Agraria de Balears, durante el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Més, al pleno del Parlament.

El proyecto de Ley Agraria, que el sector había reclamado durante más de 30 años, ha conseguido el apoyo de todas las organizaciones profesionales agrarias de Balears, la Federación de Entidades Locales de Balears, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Colegio de Veterinarios y las asociaciones forestales de Balears. Se trata de una ley necesaria, que moderniza el sector, que afronta el problema del relevo generacional y regula la agricultura y el desarrollo rural con un enfoque global.

Asunción Pons ha destacado las medidas y actuaciones que incorpora la nueva ley para garantizar la supervivencia y continuidad del campo de Baleares, que, por primera vez, reconoce el esfuerzo y la dignidad de los payeses y ofrece instrumentos y herramientas para la agricultura y el desarrollo rural de las islas.

Una ley que cuenta con el apoyo del sector, y que según la Mesa Agrària de Mallorca “constituye una oportunidad para la payesía”, asociación que también ha manifestado “cuarenta años hablando de territorio sin tener en cuenta a la gente que vive en el territorio. La Ley Agraria tiene el apoyo de todo el sector agrario”. El presidente de Asaja-Baleares, Tomás Cortés, ha hablado de lo fundamental que resulta esta ley “honesta, valiente y decidida, capaz de cambiar el rumbo de un sector en crisis” y en el caso de Menorca, desde las organizaciones profesionales agrarias Fagme, Agrena, Agrame y Unió de Pagesos, aseguran que se trata de una “ley necesaria para ordenar y fomentar el sector, inspirada en ideas positivas que ayudan a recuperar el campo y darle las oportunidades que se merece”.

Ante las propias declaraciones de distintas asociaciones del sector, la diputada menorquina ha manifestado su sorpresa por la postura de la oposición, con la presentación de 2 enmienda a la totalidad de la ley, que llama especialmente la atención en el caso del Grupo Més, “quien pretende rechazar el trabajo de dos años y cargarse un proyecto de ley de 179 artículos limitándose al argumento de que “puede ser contraproducente para los intereses generales de Baleares”.

Por lo que, durante su intervención Asunción Pons ha preguntado a los miembros de la oposición si es contraproducente exigir al Estado y a la Unión Europea la compensación y reducción de costes de la insularidad o eliminar la burocracia, o recuperar el espíritu de los agroturismos como actividad complementaria, o reconocer al sector equino como actividad estratégica, o favorecer la venta directa de la producción propia, o la reutilización de agua para finalidades agrarias, o dar apoyo al sector forestal para facilitar la producción de biomasa, entre otros ejemplos expuestos.

En el caso del Grupo Socialista, la enmienda a la totalidad presentada, que consta de 12 líneas, se resume en críticas y descalificaciones sin ningún argumento ni justificación, por distintos motivos:

  • No es cierto que el proyecto de ley invada competencias propias de los Consells Insulars, dado que los Consells ejercen su potestad reglamentaria en las competencias propias como son agricultura y ganadería, pero sin perjuicio de la coordinación que corresponde al Govern. Los artículos 21 y 22 de la Ley Agraria fija sus criterios de relación entre los Consells y la Comunidad Autónoma, fundamentada en los principios de lealtad institucional, cooperación y coordinación.
  • No es cierto que la Ley Agraria posibilite los usos complementarios en suelo rústico sin ningún control administrativo, dado que está perfectamente regulado el control de Agricultura y Sanidad; con el Título 10 dedicado al régimen de inspección, infracciones y sanciones.
  • No es cierto que no se hayan recogido los sectores estratégicos agrícolas y ganaderos, cuando la producción agrícola y ganadera están expresamente recogidas y reconocidas como estratégicas en los capítulos V y VI de la Producción Agraria.
  • No es cierto que sea un proyecto de ley “absolutamente permisivo con los transgénicos” cuando el concepto transgénico no aparece en ningún artículo. En cambio, promueve la biotecnología para la mejora genética.
  • No es cierto que esté “lleno de conceptos jurídicos indeterminados” cuando es un proyecto de ley técnicamente riguroso, que cumple y respeta el Estatuto de Autonomía; aplica la Ley estatal 19/95 de Modernización de las Explotaciones Agrarias; recupera el espíritu original de la Ley de Suelo Rústico, de 1997; y se adecua plenamente a la Ley 45/2013 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
  • La Ley Agraria no propicia ninguna especulación del suelo rústico, tal y como erróneamente ha afirmado el PSOE. No afecta en nada a la vivienda, dado que continúa sometida al régimen jurídico de ordenación territorial vigente. Y, además, respeta el Decreto 147/2002 en todo aquello que afecta a las condiciones del informe de Agricultura y exigencia de parcela mínima de 000 metros cuadrados. Como novedad, incorpora las reconstrucciones y rehabilitaciones del patrimonio rural ya edificado. Solo se permiten instalaciones de nueva planta con uso agrario y producción propia.
  • Finalmente, legaliza las instalaciones destinadas a este uso, construidas con anterioridad a la Ley 1/1991, siempre que estén ubicadas en explotaciones agrarias en funcionamiento cuando entre en vigor la Ley Agraria y no tengan expedientes urbanísticos abiertos.
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