Acreditado el sectarismo de PSOE y Ara Maó al discriminar a los castellanoparlantes
La Recomendación del Defensor del Pueblo, firmada por el socialista Francisco Fernández Marugán, acredita el “sectarismo extremo” del gobierno del Ayuntamiento de Maó-Mahón en su intento de imponer el catalán a través del reglamento de usos lingüísticos, en palabras de la portavoz del Grupo Popular, Agueda Reynés.
“Si Conxa Juanola y Héctor Pons respetaran la libertad y la igualdad de todos los mahoneses y hubieran atendido las alegaciones del Grupo Popular, los mahoneses nos habríamos evitado el bochorno de que el Defensor del Pueblo diga que nuestro Ayuntamiento discrimina a los mahoneses por su condición de castellanoparlantes”, razona la también diputada en el Congreso.
“Mahón es una ciudad abierta y los mahoneses un pueblo tolerante y respetuoso con la libertad de cada uno y no se merecen un gobierno que haga política con la lengua y pretenda crear ciudadanos de primera y de segunda en función de la lengua que hablan”, declara Reynés.
La también presidenta local lamenta que “Juanola y Pons hayan preferido la confrontación al consenso y hayan querido imponer un reglamento que es, además de vergonzoso, manifiestamente ilegal”, tanto que merece una “revisión tan profunda que es mejor redactarlo de nuevo porque no hay por donde cogerlo”.
El Grupo Municipal del Partido Popular ha estado a la altura de las circunstancias y ha defendido la igualdad de todos los mahoneses para evitar que sus derechos sean pisoteados, primero votando en contra del reglamento, luego presentado alegaciones al mismo y finalmente presentando recurso al Defensor del Pueblo.
Todo lo contrario que el gobierno de Ara Maó y PSOE que no hicieron caso a las advertencias del PP, no quisieron consensuar el reglamento y recientemente han tratado por todos los medios de ocultar el varapalo del Defensor del Pueblo, ya que este asunto fue obviado deliberadamente por Conxa Juanola en la última junta de portavoces, a pesar de haberlo recibido días antes, lo que “es inadmisible” y acredita una vez más la “nula transparencia y el escaso respeto a la mayoría de los mahoneses que no piensan como ellos”.
El Grupo Popular presenta un ruego para el pleno convocado para el día 26 de julio en el que insta a la alcaldesa a modificar el reglamento en favor de uno que no sea discriminatorio contra ninguna de las dos lenguas oficiales y que se respeten los derechos lingüísticos de los ciudadanos del municipio.
Aquí tienes íntegro el varapalo del Defensor del Pueblo:
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