¿Cómo afectan los cambios normativos del Govern a Menorca?

Cuestiones tan elementales como la venta directa de quesos o dar electricidad a una finca dependerán ahora de un largo trámite. 

 

¿Por qué el Consell Insular de Menorca ha dejado de ejercer sus competencias a favor del Govern? ¿Por qué el Consell Insular de Menorca no ha dado ninguna explicación sobre cómo afecta el ‘decretazo’ urbanístico del Govern a Menorca?

 

La respuesta es sencilla: en Menorca siguen estudiando cuál es el modelo de futuro que necesitamos, mejor dicho, el modelo que quieren PSM Més per Menorca, Podemos y PSOE. Y mientras tanto, decretazo sin consenso ni información que deja sin efecto la aplicación de algunos de los artículos de la Ley Turística, Ley Agraria y Ley del Suelo aprobadas durante la pasada legislatura (el Partido Popular conoció el contenido del decreto por filtraciones).

 

Pero, ¿Qué implica la suspensión de dichas leyes? Implica que ahora para autorizar un Agroturismo sea necesario el interés general, implica que proyectos como las Agroestancias para acoger turistas del Camí de Cavalls queden en el aire, implica que para cuestiones tan elementales como dar electricidad a una finca dependa ahora de una declaración de interés general (larga tramitación y sujeta a criterios subjetivos), implica que los payeses no puedan vender la producción en su propia finca, implica que ahora únicamente podrán entrar en los criterios de modernización los establecimientos viejos, penalizando así la calidad, competitividad y seguridad, implica que no se le pueda dar un uso turístico a un antiguo edificio militar, entre otros muchos ejemplos.

 

Se elimina la posibilidad de legalizar las infracciones urbanísticas en rústico que ya han prescrito, y que por tanto, nada puede hacerse contra ellas. Se elimina entonces la solución que se había planteado durante la pasada legislatura para centenares de hortales de Menorca que permitía a los propietarios de las viviendas ilegales abonar al Ayuntamiento la licencia de obras que nunca solicitó y adaptarse así a la normativa del municipio, además de abonar una multa del 15% del valor de la edificación en el primer año, del 20% en el segundo año y del 25% en el tercer año de su legalización. Los Ayuntamientos debían destinar esos ingresos a mejoras ambientales o paisajísticas.

 

Es decir, se elimina la posibilidad de que una casa que está contaminando y afeando el paisaje, pueda entrar en el círculo de la ley.

 

Es curioso que aquellos que gobernaron durante años (PSM y PSOE), permitiendo la construcción de centenares de viviendas ilegales en rústico, viviendas sin ningún tipo de suministro ni servicio, crearan un Consorcio en Rústico que nunca actuó (una gran parte de esas construcciones ilegales ha preescrito), es más, el único caso que existe en Menorca contra una construcción ilegal en rústico es el de las bodegas de Binifadet (que se vio obligado a demoler una construcción).

 

Queremos ser competitivos, queremos desestacionalizar, queremos ser más verdes, queremos que el campo no muera, pero qué hace la administración para propiciar esas mejoras, nada, eliminar todo lo que aprobó el PP, y sentarse a estudiar nuestro futuro, lo que viene a ser, parálisis por análisis, y aplicar la teoría del decrecimiento que tanto gusta a nuestros representantes menorquines.  De hacer poco, pero de deshacer…

 

Son muchos los que se han manifestado en contra del decretazo, dicen desde el sector que la Ley Agraria había generado unas expectativas para que los payeses pudieran encontrar nuevas fórmulas para rentabilizar sus fincas y ahora vuelven a poner trabas, “nos dicen que diversifiquemos y no nos dejan…nosotros somos los primeros que no queremos el campo repleto de construcciones nuevas, pero sí pedimos que nos dejen arreglar las que se están cayendo y no nos cierren las puertas” (Agrena)…tan dañinas eran esas leyes que Fagme, Agrena, Asaja, Agrame, Caeb, Pyme o Ashome, entre otras, se han opuesto al decretazo.

 

Porque esas leyes, bajo el paraguas de la Norma Territorial Transitoria de Menorca,  recogían sus peticiones, esas leyes estaban hechas para dignificar el trabajo del campo, para modernizar nuestro destino, para potenciar todo aquello bueno que tenemos en Menorca.

 

El decreto pone además de manifiesto que la Norma Territorial Transitoria actúa como una adaptación a Menorca en la aplicación de las leyes autonómicas, por tanto positivo e incluso admitido por el Gobierno actual de Menorca. Aún así, el Consell Insular de Menorca no ha hecho ninguna petición expresa, (tal como ya se hizo durante el pasado mandato en cuanto a la tipología específica de estancias turísticas para Menorca) como sí contempla el decreto para zonas específicas, como es el caso de la playa de Palma, que sorprendentemente es bastante más permisivo que la normativa actual y parece que incite a la especulación, lo cual no es muy lógico dadas las acusaciones de especuladores que ha recibido el Partido Popular.

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