Nadie dijo que la recuperación iba a ser fácil

Aunque algunos pudieron pensar que con la llegada del Partido Popular todos los problemas se resolverían de forma automática, lo cierto es que la herencia recibida y la tendencia negativa de todos los indicadores no permiten vislumbrar una salida a corto plazo de la crisis. La situación es gravísima, por lo que no se puede afirmar con rotundidad cuando empezaremos a salir del agujero, aunque las perspectivas apunten a que en 2013 las cosas ya pueden ir mejor. Sólo se puede afirmar que ahora tenemos un gobierno que gobierna, que toma medidas de calado y que ahora, por fin, se camina rumbo a la puerta de salida de la crisis.

 

El optimismo antropológico del anterior presidente del Gobierno, que veía brotes verdes por todas partes, ha resultado ser devastador para nuestra economía. El no reconocer la crisis, cuando ya estábamos inmersos en ella, provocó que no se tomaran con mayor antelación las medidas de ajuste imprescindibles para reconducir la situación. Y lo que es todavía peor, cuando ya oficializaron que estábamos en crisis, tomaron medidas erróneas que nos ahondaron aún más en la recesión.

 

La crisis actual es una crisis de deuda. Es, en el fondo, una crisis del sistema, de un sistema sustentado en el endeudamiento creciente. Hemos construido nuestro estado del bienestar sobre la base de irnos endeudando cada vez más y más. Y esto es ahora mismo insostenible.

 

Si en el año 2007, al inicio de la crisis, la deuda española era de 380.661 millones de euros, lo que significaba un 36,10% del PIB, en el 2011 alcanzaba los 734.961 millones de euros y un 68,50% del PIB. Y el déficit público que, en el año 2007, presentaba un superávit de 20.066 millones de euros, en el año 2011 cierra con un déficit de 91.344 millones de euros, un 8,5% del PIB.

 

Pensando que la crisis que padecemos era una crisis de demanda, el anterior gobierno decidió que, dado que el sector privado presentaba una fuerte atonía en su comportamiento, debía ser entonces el sector público quien impulsara la actividad económica. Son los años del Plan E en el que la administración tiró literalmente ingentes cantidades de dinero que no supusieron ningún impulso para la actividad económica, ni mejoras en los datos del paro y, en cambio, perjudicaron irresponsablemente las cuentas públicas alcanzando en el año 2009 un importe de 117.306 millones de euros de déficit público, llegando al 11,10% del PIB.

 

El tener un déficit abultado, es decir, gastar muy por encima de lo que se ingresa, supone irremediablemente tener que acudir a los mercados a buscar financiación, o sea, acudir a alguien que nos deje el dinero para cubrir el importe que gastamos de más. Este año, España deberá acudir a los mercados para buscar quien le preste 180.000 millones de euros para financiar el déficit y refinanciar su deuda. Esto nos pone en una situación tremendamente vulnerable. Esta dependencia de los mercados financieros nos debilita enormemente.

 

Aunque a la izquierda le gustaría seguir gastando a espuertas y continuar con su alocada carrera por generar más deuda y más déficit, sin embargo, la realidad lo impide. No sólo porque desde Europa se nos exija un control estricto del déficit sino porque continuar con la línea expansiva anterior es imposible porque ya no es financiable. Nadie nos prestará dinero para seguir como hasta hace unos meses.

 

En una crisis de deuda, como la que tenemos encima, el único camino posible es el de la reducción del endeudamiento y el control del déficit. Y esto forzosamente ha de suponer importantes ajustes en el gasto público. En este sentido, las medidas que se están tomando, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, son muy duras, pero son imprescindibles para poder salir de la crisis. El control del déficit es un objetivo prioritario y necesario aunque, ciertamente, no es suficiente.

 

Es verdad que no podemos pensar que sólo con ajustes reactivaremos la economía. Es evidente que esto no crea puestos de trabajo. Por tanto, simultáneamente a poner orden en las cuentas públicas, es preciso crear instrumentos para estimular la iniciativa privada e incentivar la reactivación económica. En esta línea, desde el Govern balear se han aprobado diferentes medidas que van en esta dirección, como son la Ley de emprendedores, el Plan de internacionalización de empresas, la Ley General Turística, la Ley de medidas tributarias, etc. A nivel insular, la reforma del PTI también será un estímulo para generar nuevas inversiones y crear riqueza.

 

Cierto es que los resultados no van a ser inmediatos y, lógicamente, tendrá que pasar un largo tiempo lleno de sacrificios para empezar a notar los efectos beneficiosos de estas nuevas políticas. Pero los resultados, sin duda, van a llegar, a pesar de que algunos pongan sus impedimentos, levanten la calle y aparezcan tras las pancartas. Sin duda, es una lástima que, ahora, en estos delicadísimos momentos, la oposición no esté a la altura de las circunstancias.

 

Antoni Camps Casasnovas

Diputado autonómico del Grupo Popular

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