Los senadores del PP de Balears y Canarias conminan al Gobierno a que en 15 días las compañías aéreas apliquen el descuento de residente en el último tramo de la compra

La iniciativa pretende eliminar la presunción de fraude por un supuesto encarecimiento del coste de los billetes cuando los adquiere un residente con derecho a bonificación del 75 por ciento.

El Gobierno tendría que ser principal interesado en controlar el abuso de precios porque se ve obligado a abonar el 75 por ciento del importe que apliquen las compañías aéreas”, declara Jordi López.

Los senadores isleños recuerdan que el Gobierno es partidario de aplicar medidas de control pero hasta la fecha no ha hecho nada por solucionar unas prácticas que perjudican la movilidad.

Los senadores populares de los dos archipiélagos, Illes Balears y Canarias, han cerrado una alianza para requerir al Gobierno que en un plazo máximo de 15 días obligue a las compañías aéreas nacionales a identificar a los residentes únicamente en el tramo previo al pago de los billetes que quieran adquirir a través de la venta por internet.

Esta es un antigua reivindicación que nace en Menorca, compartida también por el resto de las islas de Baleares, y que suscita igual grado de simpatía y adhesión por parte de los ciudadanos de Canarias. La propuesta tiende a eliminar toda suspicacia y si acaso el perjuicio que estaría generando la aplicación de tarifas diferentes en razón de si el pasajero que adquiere un billete es residente y por tanto beneficiario de descuento, o no.

Las instituciones locales han reclamado ya al gobierno en diferentes ocasiones que la condición de residente no deba exhibirse hasta el momento final de adquisición de un pasaje. Ahora, el grupo de senadores de Baleares, con ellos el menorquín Jordi López, y los canarios impulsan nuevamente esta iniciativa para la que han puesto un plazo máximo de 15 días, una vez que sea tratada y en su caso aprobada, en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

De aceptarse la propuesta, eso significaría que el Gobierno debería desarrollar mecanismos legales o disposiciones reglamentarias que obliguen a las compañías aéreas a requerir la condición de residente en los archipiélagos a la finalización del proceso de compra del transporte aéreo  e informar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de los precios de los vuelso tanto del inicio del proceso de compra como del final del mismo (una vez aplicada la bonificación por residencia en islas)  así como la tarifa aplicada a los no residentes en los mismos trayectos y vuelos, a los efectos de evitar que existan precios distintos para quienes lo son y los que no lo son (residentes).

El Grupo Parlamentario Popular podría, teóricamente,  atraerse hacia su propuesta el voto favorable de otros senadores insulares por cuanto las fuerzas políticas de diferente posición en el arco ideológico han mostrado ya coincidencias a ese respecto.

Además de Jordi López, firman la propuesta conjunta los senadores José Vicente Marí (Eivissa) y María Salom (Mallorca), los senadores de Gran Canaria (tanto el electo como el de designación autonómica).

En los mismos argumentos de la moción, el grupo de senadores populares que integran recuerda que en diciembre de 20187 el ministro de Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos que “estamos con el observatorio pendientes de la evolución de precios y queremos imponer la condición de residente después de saber la tarifa y hemos hablado con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia para que también intervenga en este aspecto”. Además refrescan el hecho de que la Dirección General de Aviación Civil había comunicado a las aerolíneas que el Ministeripreveía promulgar esta medida antes de que finalizada el año, con el propósito de que empezara a aplicarse en enero de 2019, con período de adaptación a las compañías hasta marzo.

En línea de antecedentes, la propuesta recuerda asimismo que a septiembre de 2019, el Secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, aseguró en conversación mantenida con el conseller de Movilidad del Govern, Marc Pons, que el Govern exigiría por ley a las compañías demostrar que el precio por billete es único con independencia de quien lo compre (y sin perjuicio de que los beneficiario puedan aplicar el descuento de residente).

En abril de este mismo año, el Grupo Popular en el Consell pidió una acción contundente al Govern y al Consell para asegurar la bonificación del 75 por ciento.

Es un tema recurrente que también ahora en tiempos de movilidad restringida y apenas saliendo el período de alarma volvió a mostrar su lado más desagradable con una súbita y desorbitada subida de tarifas.

El senador menorquín Jordi López, recuerda que cada vez que se ha producido un incremento en la bonificación de los pasajes aéreos, las compañías aprovechan ese mayor margen de capacidad de compra por los residentes para incrementar el precio de las tarifas aéreas. Esta práctica redunda además en un perjuicio para el resto del pasaje que ve cómo se encarece hasta el absurdo la posibilidad de llegar a la isla por vía aérea.

Los Presupuestos Generales del Estado padecen también la picaresca de las aerolíneas y ven cómo el coste de garantizar la conectividad aumenta puesto que la bonificación se aplica de forma porcentual. Las bonificaciones totales –incluidos los dos archipiélagos— durante el año 2019 se elevan por encima de los 765 millones de euros.

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