El PP rechaza que la Ley Agraria de Balears fomente la especulación porque no modifica la normativa de vivienda ni le da ninguna ventaja

La primera Ley Agraria de Balears, que constituye la actuación prioritaria del Govern del Partido Popular para el sector agrícola-ganadero de las islas durante esta legislatura, será aprobada mañana por el pleno del Parlament.

 

La diputada Asunción Pons, portavoz de Economía del Grupo Popular y coordinadora de la ponencia parlamentaria de esta ley, ha manifestado que “es una ley que ordena y regula la actividad agrícola-ganadera, no es una ley urbanística; y contrariamente a lo afirmado por la oposición, que repite la misma crítica que el GOB, no fomenta ni propicia la especulación porque no modifica la normativa de vivienda y no le da ninguna ventaja”.

 

“Mantiene y respeta tanto el espíritu como la letra de la Ley del Suelo Rústico de 1997, el decreto 147/2002, redactado por el exconseller del PSM Mateu Morro, y la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados”, ha explicado Asunción Pons.

 

La parlamentaria autonómica del PP Menorca ha destacado que “posibilita la reconstrucción del patrimonio rural ya existente al permitir la recuperación de estas construcciones rurales, muchas de ellas hoy abandonadas por normas que prohíben cualquier obra en rústico”.

 
Asunción Pons ha indicado que la Ley Agraria únicamente permite instalaciones de nueva planta destinadas a usos agrarios, siempre y cuando se justifiquen con producción propia en fincas con actividad. “Es una ley restrictiva –ha señalado- porque legaliza las instalaciones para estos usos, siempre que se hayan construido antes de la Ley 1/1991, estén situadas en explotaciones agrarias en funcionamiento, y sin expediente urbanístico incoado”.

 
Otro aspecto que ha destacado consiste en que los usos agrarios tienen el carácter de admitidos siempre que estén vinculados con la agricultura y la ganadería, y expresamente reconocidos como actividad complementaria. Asunción Pons ha declarado que “la gran novedad y la gran mejora que introduce esta ley consiste en que elimina burocracia al sustituir la declaración de interés general por la declaración responsable; simplifica los procedimientos, pero con pleno respeto a las competencias de los consells insulars”. También recupera el espíritu inicial de los agroturismos, que ya habían sido definidos en los años 70 como actividad complementaria para la agricultura”.

 
Acuerdo con el sector

 

La diputada Asunción Pons ha afirmado que el primer objetivo de este marco legal que, por primera vez, ordena y regula toda la actividad agrícola-ganadera en Balears consiste en “dar instrumentos al sector, no subvenciones ni ayudas, para que los titulares de explotaciones agrarias sean capaces de generar rentas dignas que, como mínimo, cubran los costes de explotación y mantenimiento de las fincas”, ha declarado la parlamentaria menorquina.

 
En segundo lugar, ha destacado, “exige al Estado y a la Unión Europea el reconocimiento del hecho insular y la compensación de los sobrecostes de insularidad. Además, obliga al Govern a consignar en los presupuestos autonómicos las dotaciones necesarias para la cofinanciación de la PAC (Política Agraria Comunitaria), el PDR (Plan de Desarrollo Rural) y otros programas de impulso y mejora. Por tanto, se garantizan los pagos de las ayudas de la Unión Europea y se evita el riesgo de perder esta financiación complementaria”.

 
La diputada del PP Menorca ha subrayado que “la Ley Agraria de Balears nace fruto del consenso conseguido por el Govern con todas las organizaciones profesionales agrarias, tras meses de negociaciones lideradas por el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, que ha incorporado las aportaciones efectuadas tanto por el Consell de Menorca como las OPAS de las islas”.

 
De las aportaciones menorquinas, Asunción Pons ha subrayado las relativas a las actividades complementarias agroturísticas de diversificación agrarias a través del subsector equino, que en Menorca goza de una gran tradición y será incentivado a través de la Ley.

 
“El proyecto de esta primera Ley Agraria de Balears da respuesta –ha explicado- a demandas tan importantes como la comercialización directa de los productos agrarios, que ahora quedará regulada, y se podrá llevar a cabo desde los ‘llocs’, tal como también habían propuesto las organizaciones profesionales de Menorca y el Consell insular; el aprovechamiento del sector forestal como actividad agraria; y por primera vez queda regulada la gestión de las basuras orgánicas, de forma que las explotaciones ganaderas deberán contar con un sistema de almacenamiento”.

 
Actividad parlamentaria

 
En el pleno de mañana, el diputado Alejandro Sanz formulará una pregunta a la consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, sobre las actuaciones llevadas a cabo por la dirección general de Familia y Menores a través de la Unidad de Atención y Apoyo a las relaciones familiares; mientras que la diputada Asunción Pons intervendrá para preguntar al conseller de Agricultura y Medio Ambiente, Gabriel Company, sobre los objetivos de los decretos que desarrollan la Ley de Pesca de Balears.

 
En este pleno corresponderá al diputado Antoni Camps, portavoz del Grupo Popular en Hacienda fijar la posición del PP en el debate sobre la validación del Decreto Ley de Medidas Urgentes para aplicar en Balears la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

 

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