El PP pide flexibilizar un PTI hiperregulador que asfixia las posibilidades de desarrollo económico

El Grupo Popular propone la búsqueda de consenso social, persigue un uso racional y sostenible en suelo agrícola y propugna devolver a los ayuntamientos su potestad para decidir sobre alquiler turístico en los núcleos urbanos.

• El PP defiende que la parcela mínima en rústico sea de 6.600 metros cuadrados para agricultura de ocio y que las piscinas autorizadas superen los 35 metros cuadrados de lámina de agua para adecuarse a las dimensiones de las explotaciones donde radican. En agroturismos, solicita ampliar las plazas establecidas actualmente en 24.

• Entre otros aspectos, las enmiendas del PP tienden a limitar los megaparques fotovoltaicos en rústico, apuestan por la importación de energías renovables a través de un segundo cable submarino y defienden la electrificación de las zonas rurales preferentemente soterrada.

• El PP discute además que el Plan Territorial pretenda regular el uso del litoral y hasta los fondeos desde una perspectiva que asfixia al sector de la naútica recreativa, muy conveniente para el desarrollo turístico y el progreso económico de la isla.

El Grupo Popular en el Consell de Menorca ha presentado una batería de alegaciones al texto base del Plan Territorial Insular, aprobado inicialmente a finales de 2020 y publicado en el BOIB número 7, de 16 de enero 2021. Se trata de dos enmiendas a la totalidad amparadas en los argumentos de inseguridad jurídica y falta de consenso social y un total de 63 enmiendas parciales que desarrollan diferentes aspectos de la regulación en los usos del territorio.

El conseller Carlos Salgado, que desde la oposición corre a cargo con el seguimiento de los temas de Ordenación Territorial y Disciplina Urbanística ha presentado hoy en rueda de prensa las claves de una disconformidad con el nuevo documento que pretende fijar la regulación territorial para las próximas décadas.

El carácter hiperregulador del documento, que dobla el articulado del texto actualmente vigente, con extralimitaciones que se sustancian unas veces en la invasión de competencias municipales y otras sobreimpuestas a la reglamentación dictada por otros organismos y rangos legales –como la Demarcación de Costas y Ley de Costas o la Unión Europea y Red de Espacios Natura—marca el transfondo de unas alegaciones que apuntan el carácter muy restrictivo del PTI que se quiere consolidar. Y aún con todo, el Grupo Popular detecta ambigüedades e indefiniciones que en algunos casos conducen a una interpretación arbitraria de la normativa por asentar.

El Partido Popular, a través de su grupo de consellers, protesta el carácter reglamentista y limitador, pero también la falta de consenso para un documento que pretende fijar unas restricciones rígidas, según la visión pactada únicamente por los grupos de izquierda, que se pretende perpetuar de forma “antidemocrática” durante los próximos lustros.

En cuestiones concretas, presentamos un resumen de los aspectos destacados de unas alegaciones que se han elaborado con detenimiento y descienden hasta el nivel de proponer la corrección de erratas materiales del documento.

– Se propone ampliar el catálogo de tipologías de establecimientos turísticos añadiendo campings o paradas turísticas en edificaciones próximas al discurrir del Camí de Cavalls

– El PTI debería remitir la regulación al detalle de cuestiones que admiten diversas visiones políticas a otros instrumentos que pudieran ser modificados con más facilidad, como los planes directores sectoriales o reglamentos. En beneficio de poder dar respuesta ágil en una determinada situación o necesidad.

– La ordenación del Litoral no corresponde al Consell ni es ámbito del PTI, sino de Demarcación de Costas y Ley de Costas, para “para garantizar el uso público del mar, su ribera y dominio público terrestre”. El PTI es limitador de las naútica de recreo a partir de una premisa falsa como es la saturación del litoral.

– Solicita la revisión del fondeo regulado.

– Se destaca el carácter ambiguo la posibilidad de puertos deportivos o instalaciones naúticas que aparece condicionado a la “previa definición de la capacidad náutica del litoral”, sin establecer quien define esa capacidad de carga.

– Discute la necesidad de incorporar nuevo suelo rústico protegido en el PTI. Algunas zonas ANEI figuran ahora como Areas de Alto Nivel de Protección, (pág. 145) . Para el PP, es una mala opción, excusa para establecer limitaciones a las posibilidades de desarrollo socioeconómico.

– La Red de Espacios Natura se rige por normativa europea que ya garantizan la protección de los ámbitos lic.

– En energía, el PP desconfía del ritmo para alcanzar los objetivos de descarbonización según el plan 2030, propone eliminar la posibilidad de megaparques fotovoltaicos en rústico y alternativamente apuesta por instalaciones de energías alternativas en suelo industrial, equipamientos públicos, aparcamientos y de autoconsumo. En ncontrra de la creación de 3 ó 4 parques eólicos y reivindicando la necesidad de un segundo cable submarino que garantice importación de energía renovable en el territorio.

– Aguas. Incluir en PTi un plan director y ejecutar plan de regeneracvion de aguas residuales, para reutilización y recarga de acuíferos. Favorecer recogida y almacenamiento de aguas pluviales. Consorcio de servicios municipales para el abastecimiento de aguas y saneamiento

– Viviendas turísticas deberían regularse a través del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos y no del PTI

– Devolver a los ayuntamientos su capacidad de decidir sobre alquileres turísticos en los municipios. Hasta ahora, el documento, sólo lo permiten en Fornells. El PP propone que las viviendas unifamiliares, aisladas o entre medianeras (incluso bloques enteros de forma uniforme) se puedan dedicar a alquileres turísticos.

– Estancias vacaciones ampliables a todos los nucleos tradicionales de tipo 2 y no incurrir en discriminaciones como permitir Cala Llonga y no Binixiquer o Trabaluger (por ejemplo).. Se propone ampliar a Sant Antoni, Santa Ana y Sol del Este en Es Castell.

– Se propone que se admita alquiler turístico en suelo rústico como ayuda al sostenimiento del campo y la actividad agraria.

– Disconformidad con la prohibición de edificar nuevos apartamentos turísticos en zonas turísticas, con posibilidad además de compatibilizar uso turístico y residencial en edificaciones ya existentes.

– Se pide concreción sobre las zonas turísticas saturadas; permitir equipamientos públicos o privados en suelo rústico común y hasta en suelo protegido.

– Revision de todas las zonas clasificadas como ANIT

– Para agroestancias aplicar la Ley 8/2012 de Turismo de les Illes Balears

– Atenuar las exigencias de medidas de aparcamiento que se exigen a hoteles de ciudad, por ahora inalcanzables.

– El PTI no regulariza el problema de núcleos rurales e impone a los propietarios la realización de planes especiales con lo que de facto impide la solución y enquista el problema en lo que parece que desclasifica a rústico común.

– Considera escasa la permisividad de 90 metros cuadrados cuando las edificaciones existentes en nucleos rústicos tienen más superficie y se propone que los ayuntamientos puedan proponer una edificabilidad diferente y acorde a la realidad en cada ámbito.

– Reconversión de antiguos huertos de ocio, ahora núcleos rurales de tipo 1, para posibilitar legalización.

– Debe dejarse la puerta abierta a la delimitación de nuevos núcleos rurales.

– Edificaciones en rústico. Mantener la prohibición de nuevas residencias en rústico, aunque facilitando el cambio de uso de edificaciones ya existentes. Mantener el porcentaje de superficie máxima construida en las edificaciones destinadas al uso agrícola y actividades complementarias en un 3% (y no en un 1% como propone el texto). Mantener el porcentaje del 4% en cuanto a ocupación máxima de la edificación y resto de elementos constructivos (eliminando la reducción del 3% que figura en la propuesta). Eliminar la limitación de altura máxima en previsión de obras de impermeabilización de cubiertas. Volumen máximo construible de 1.500 metros cúbicos ·”sin perjuicio de excepciones previstas en normativa legal”. Clarificar cuál debe ser la separación mínima entre construcciones, que ahora se propone como “suficiente”.

– Piscinas en rústico. Los “safreigs” no deben contarse como piscinas aunque sean aptos para el baño. Ampliar lámina de agua y capacidad de piscinas, establecida en 35 metros cuadrados y 65 metros cúbicos, por ser ésta una norma “exportada” de Mallorca y para una situación de saturación y abuso de construcciones en rústico que no se ha dado en Menorca.

– Uso residencial en rústico. Evitar la obligación de que el pagés tenga necesariamente que residir en la finca para permitir ampliaciones o estar empadronado en la finca. Clarificar el término de construcciones anejas al entorno tradicional de “ses cases”. Debe eliminarse la dimensión máxima de ampliación de la edificación exitente sea como máximo del 20% de la superficie inicialmente destinada a uso residencial.

– Aligerar la tramitación, evitando informe preceptivo y vinculante del Consell para ampliar el uso residencial, cosa que puede hacer el ayuntamiento.

– Todas las “cases de lloc” tienen valor histórico y se considera innecesario establecer definición sobre este aspecto.

– Eliminar la exigencia de que le resto de edificaciones no dedicadas al uso turístico tengan un volumen de al menos 40 por ciento dedicado al uso ganadero.

– Ampliar el numero de 24 plazas previsto para agroturismos por ser de insuficiente viabilidad.

– Eliminar la limitación de que el entorno de cases de lloc se produce en 150 metros, pues hay casos en que la orografía ha obligado a guardar mayor distancia.

– Mayor flexibilidad para instalación de equipamientos en rústico.

– Atenuar restricciones innecesarias para actividades complementarias como hotel rural y restauración en suelo rústico.

– Que se permitan cultivos de riego por goteo para almendros, algarrobos, higueras…

– Eliminar la prohibición de uso agroindustrial que impide por ejemplo una instalación de matadero en suelo rústico.

– Parcela mínima en rústico para agricultura de ocio (no profesional) que se mantenga en 6.600 metros cuadrados ( y no 14.000)

– Patrimonio del puerto de Mahón. Autorizar que los edificios en islotes del puerto que se han calificado como áresas de protección territorial puedan tener uso como equipamientos.

– Caminos rurales. El texto limita a los “estrictamente necesarios”. El PP propone consenso con el sector y mayor definición. Contra la posibilidad de prohibir el asfaltado de caminos de forma generalizada.

– Electrificación rural. Debe favorecerse, preferentemente con redes soterradas pero sin excluir otras posibilidades.

– Menorca Talayótica, superposición de protección urbanística sobre elementos ya protegidos.

– Contra la reconversión de áreas de interés agrario a áreas naturales de interés territorial.

– Evitar la sobrereglamentación en las áreas de protección de riesgos, que únicamente deberían exigir un plan o proyecto para evitar o minimizar el riesgo en cuestión del que se trate.

– El PTI aplica el factor riesgo a todas las zonas y sólo distingue escalas de riesgo para los incendios. El PP propone que se manifiesten los niveles para todos los riesgos, que se revise el mapa de riesgos de erosión y se concreten los riesgos de contaminación de acuíferos y riesgos de desprendimiento.

– Cami de Cavalls se regula por una ley específica y el PTI no debería ser el instrumento de ordenación. Se proponen, de ser necesarios, planes especiales.

– Advierte sobre los riesgos de esponjamientos como los que han generado indemnizaciones millonarias y propone que se acuerde en pleno municipal el desarrollo inmediato de cada zona sin necesidad de adaptación previa de los ayuntamientos al PTI.

– Carreteras. La seguridad viaria debe prevalecer sobre el concepto de evitar consumo de territorio