El PP pide al Govern que tome medidas para actualizar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y beneficiar a los administrados

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Camps, defenderá una Proposición No de Ley durante la comisión de Hacienda y Presupuestos del próximo martes en la que se pide al Parlament que inste al Govern de les Illes Balears a tomar las medidas legales pertinentes para que los administrados paguen el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que corresponda al valor real de venta y no a valores calculados que hoy no se corresponden con la situación real del mercado inmobiliario.  

 

Antoni Camps explica que la actual crisis inmobiliaria ha obligado a bancos y particulares a tener que vender sus pisos y viviendas en stock con una rebaja muy sustancial sobre su precio de salida. La gran oferta de inmuebles y la escasa demanda de éstos está provocando una bajada muy sustancial de los precios de mercado de muchas viviendas.

 

Esta situación ha hecho que el precio de venta, en muchos de los casos, haya sido inferior al doble de su valor catastral.
Hay que recordar que es precisamente el doble del valor catastral el importe sobre el que la Agencia Tributaria de las Islas Baleares calcula el precio de venta de los inmuebles y sobre el que aplica el tipo impositivo.

 

Dado que muchas viviendas se han vendido por debajo de este importe, esto ha provocado que la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) haya tenido que presentar 3.183 liquidaciones complementarias durante el año 2011 precisamente a ciudadanos que compraron una vivienda por un importe inferior al doble de su valor catastral.

 

Esta situación ha provocado que el impuesto finalmente pagado por estos ciudadanos en concepto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales haya sido superior al tipo impositivo, que hasta ahora era del 7%. Por otro lado, dice el diputado menorquín, la posibilidad de éxito de un posible recurso ante esta situación injusta es mínima con la actual legislación, lo que crea una situación de indefensión del administrado.

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