El PP pide al Govern que incluya 2 millones de euros en los presupuestos de 2017 para el centro sociosanitario de Menorca
El Grupo Popular en el Consell Insular de Menorca ha presentado una propuesta de acuerdo, que defenderá la consellera Aurora Herráiz en el pleno de septiembre, en la que insta al Govern balear a incluir en los presupuestos de 2017 una partida no inferior a 2 millones de euros para poner en marcha de manera prioritaria las infraestructuras pendientes de servicios asistenciales sociosanitarios de Sant Lluís, Ferreries, Es Mercadal y Bintaufa.
Además, insta al Govern balear a revisar la situación real de Menorca, respecto a sus necesidades de atención a la dependencia y sociosanitarias, y prevea la financiación necesaria para los recursos asistenciales que se precisen.
El 25 de agosto los medios de comunicación recogían las declaraciones de la consellera de Serveis Socials del Govern balear, Fina Santiago, quien anunciaba que solamente se construirían 2 o 3 nuevas residencias para mayores en Mallorca, puesto que las 120 y 160 personas en lista de espera en Menorca e Ibiza, respectivamente, no eran suficientes para construir una residencia en las islas menores.
Sin embargo, las 1.022 plazas de espera con las que cuenta Mallorca sí lo son, a pesar de disponer de más de 2.000 plazas privadas que se pueden concertar, en las cuales ya se encuentran ingresadas una gran parte de las personas que están en la mencionada lista de espera y, a las que en la mayoría de los casos, se les está financiando una Prestación Vinculada (ayuda de Dependencia para quien no dispone de plaza pública) con lo que, solamente con concertar estas plazas, ya se reduciría esta lista en más del 50%.
No tiene en cuenta la consellera Santiago que ni Menorca ni Ibiza disponen de este recurso pues no existen plazas privadas. En Menorca concretamente no existe ni una sola plaza privada y solamente se dispone de algunas plazas sociales, básicamente en las residencias de Mahón y Ciutadella.
A esto, hay que añadir que Menorca tiene pendiente poner en marcha, desde hace más de un año, 49 plazas de dependencia, las cuales suponen el 41% de la lista de espera de la isla. Esto representa que Menorca ha perdido 18.000 estancias y más de 1.225.000 euros de financiación ya comprometida en la anterior legislatura. Todo esto sin explicar que desde hace casi año y medio están pendientes de instalar las 5 camas sociosanitarias en Mahón. Otros 275.000 euros perdidos.
La consellera de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, Maria Cabrisas, ha declarado que no dejan de reiterar sus necesidades al Govern y que espera que se incluya “alguna partida” en los presupuestos de 2017. Pero, ¿Cuánto y para qué?
La consellera Cabrisas ha anunciado que se tendría que remodelar la residencia para personas mayores del Consell Insular en Mahón, pero que no se puede hacer porque esto implicaría trasladar a los residentes a otro centro que no existe. “Y por eso, aquí nos quedamos, a la espera, en el mejor de los casos, 5 o 6 años, cuando, supuestamente se haya acabado una remodelación del antiguo Hospital Verge del Toro que, por cierto, decía que tenía que ser sociosanitario y otros servicios sociales y nadie, entonces, hablaba de residencia de mayores”, ha dicho Herráiz.
Recuerda la consellera del Grupo Popular que queda pendiente también el proyecto de centro para personas con trastornos conductuales de Bintaufa, que sigue parado, según argumenta Cabrisas porque “se está realizando el proyecto”, un proyecto que está acabado desde 2014.
El Grupo Popular critica la discriminación que sufre Menorca, “no sabemos cómo se han beneficiado los ciudadanos de Menorca de la inversión de más de 2,5 millones de euros que ha destinado el IB-Salud a peonadas para el personal. ¿Cuánto dinero ha llegado a Menorca? ¿Se ha reducido alguna lista de espera?”, pregunta Aurora Herráiz.
En definitiva, “son cuestiones muy serias que afectan a la salud y al bienestar de nuestros ciudadanos y por eso ofrecemos este acuerdo con el fin de colaborar y apoyar de forma participativa todas aquellas iniciativas encaminadas a minimizar esta discriminación de los ciudadanos que vivimos en las otras Islas”, ha manifestado la consellera del Partido Popular.