El PP-Menorca rechaza la decisión de compartir con el Estado los remanentes de las instituciones locales
La presidenta del PP, Misericordia Sugrañesdenuncia que el presidente socialista de la FEMP, Abel Caballero, haya regalado con su voto de calidad el uso de los fondos de ahorro al Gobierno central.
• Sugrañes pone en tela de juicio la defensa del municipalismo que ha hecho Abel Caballero
• Sugrañes recuerda que el propio Consell ya había hecho planes sobre sus remanentes que pensaba destinar, parcialmente, a “prestar” dinero al Govern para construir el Conservatorio de Música y Danza, por un lado, y a adelantar dinero del Gobierno para derribar el puente de Rafal Rubí.
• El PP defiende que cada ayuntamientos ha de ser soberano para administrar los recursos arañados durante los años de crisis con gran esfuerzo en la gestión y con el sacrificio de los ciudadanos.
• No hay garantías sobre el retorno de los fondos y se perjudica a las instituciones que cumplieron la la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012) y con la regla de gasto que implantó el ministro Montoro.
El Partido Popular de Menorca ha reaccionado hoy al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias que de facto autoriza al Gobierno del Estado a disponer de los remanentes de tesorería de corporaciones locales, cabildos y consells.
El PP insular manifiesta la máxima contrariedad por una decisión que se ha adoptado por la mínima –haciendo uso del voto de calidad del presidente de la FEMP para deshacer el desempate–, una decisión que divide al país y que vulnera el principio básico y la razón de ser de la federación que es la defensa del municipalismo.
La presidenta Misericordia Sugrañes no duda en que el Gobierno ha ejercido una presión sobre los alcaldes del PSOE que participan en ete órgano, como así demuestra el hecho de que la votación se haya aplazado en varias ocasiones por falta de apoyos. Pero además considera Sugrañes que “el presidente de la FEMP, Abel Caballeero, hace un triste papel, se desdice de sus afirmaciones anteriores y queda tocado para seguir ejerciendo con dignidad la responsabilidad de defender los intereses de los municipios”.
Tanto desde el PP como desde su posición institucional como portavoz popular en el Consell de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha abanderado en la isla a lo largo de todo el curso la defensa acérrima de que sean los ayuntamientos y también el Consell de Menorca las instituciones encargadas de poder gestionar los recursos propios, conseguidos con un gran esfuerzo de gestión y también con el sacrificio de los ciudadanos a partir del año 2012, cuando los ayuntamientos tuvieron que ceñirse al rigor oprimente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y empezar a pagar la deuda contraída y enjugar el déficit público. La medida quedó reforzada en 2014, cuando el ministro Cristobal Montoroestableció el mecanismo de regla de gasto.
Con iniciativas y con propuestas institucionales, Sugrañes ha defendido todo este tiempo dos principios:
primero, liberalizar los recursos
segundo, autorizar a los ayuntamientos y otras instituciones locales como el Consell a poder hacer uso de los remanentes, preferentemente de forma escalonada, para afrontar la nueva situación de recesión que se ha desatado como consecuencia de la pandemia del covid y la paralización de la actividad económica.
Sugrañes ha denunciado una y otra vez los globo-sondas y sucesivas manifestaciones de intenciones pronunciadas por la ministra Montero e incluso también las insinuaciones más o menos veladas de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que también en algún momento mostró su interés por poder participar en el fondo de ahorro de los ayuntamientos, cuya suma global en Baleares, se calculaba en 555 millones en octubre de 2019.
La presidenta del PP manifiesta su contrariedad por una decisión inadecuada que rompe la unidad del municipalismo y que “castiga a las corporaciones locales a ceñirse nuevamente el cinturón a pesar de tener un colchón de recursos propios.” No hay, ha dicho, garantías sobre una gestión eficiente de los recursos que se quieren recentralizar y además es sumamente injusto la retirada de estos fondos porque penaliza a los ayuntamientos y entidades que mejor cumplieron con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la Regla de Gasto.
Sugrañes va más allá y recuerda que el propio Consellde Menorca, al que el Grupo Popular arrancó acuerdos unánimes para la defensa de los remanentes había hecho ya planes sobre estos recursos.
Por un lado, la presidenta Susana Mora salió al rescate del Ayuntamiento de Mahón y se comprometió a anticipar con recursos propios (remanentes) la inversión comprometida por el Govern balear (primero en Presupuestos de la CAIB, segundo con cargo al impuesto de turismo sostenible y tercero suspendida la inversión) para llevar adelante las obras de construcción de un nuevo Conservatorio en Mahón.
En el pleno del mes de junio, a su vez, la consellera de Carreteras, Francesca Gomis, echaba simbólicamente mano de esos mismos recursos para poder afrontar la demolición de la estructura elevada de Rafal Rubí y sustituirla por alguna solución alternativa. Nuevamente se trataba de un “préstamo” a recuperar en el momento en que se renueve el Convenio de Carreteras.
Una y otra inversión peligran ahora. Pero la presidenta del PP subraya cómo se van confirmando todas los pronósticos que venimos haciendo en los últimos meses: “en lugar de acudir al rescate de una economía muy dañada, las administraciones superiores, el Govern y el Gobierno, hace tiempo que están mirando la forma de sacar adelante su ruinosa gestión. Primero con la retirada de fondos de la ecotasa, ahora con los remanentes”.
Para la portavoz popular, “una vez más queda clara la voracidad del pez grande que se come al chico.”
La presidenta del PP añade aún que desproveer a los ayuntamientos de sus fondos supone desabastecerlos de recursos. Los ayuntamientos son la primera institución que se resiente de las crisis sociales y la primera puerta a la que llaman los ciudadanos para resolver sus problemas más urgentes.
Además, los remanentes como los fondos del impuesto sostenible tenían que emplearse como acicate para el desarrollo de proyectos públicos a partir de los que dar impulso a la iniciativa privada en tiempos difíciles. Sugrañes apunta aún una nota más cuando indica que ahora era el momento de que los consistorios aligeraran la carga impositiva a los ciudadanos para poder auxiliar también a las economías familiares en tiempos de crisis y contratiempos. Todo ello dependía de unos remanentes que el voto de calidad del presidente socialista de la FEMP ha entregado al Ministerio de Hacienda.