El PP-Menorca exige a Armengol que actúe para que el Gobierno central pague el rescate de la desaladora de Ciutadella

31 enero 2020

  La diputada Asunción Pons denuncia que las desaladoras de
Ciutadella y Santa Eulàlia no entraron en servicio porque el
Govern no cumplió al no conectar estas instalaciones a las
redes de suministro
   “La presidenta Armengol y la anterior consellera de Hacienda,
Catalina Cladera, hoy presidenta del Consell de Mallorca, han
manifestado reiteradamente que el Govern no pagará estos
sobrecostes, ahora deben cumplir sus promesas y anuncios”
    Misericordia Sugrañes: “Este desacuerdo se añade a las
cuestiones bloqueadas por el Gobierno de Pedro Sánchez,
como el convenio de carreteras, el centro de interpretación de
S’Enclusa, los juzgados de Ciutadella, la nueva Comisaría de
Mahón y el acuerdo de cesión de El Polvorín a Alaior

 

 

El Partido Popular de Menorca exige a la presidenta del Govern balear y
secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, que “en lugar de quejarse,
actúe con diligencia y eficacia para conseguir que el Gobierno central de Pedro
Sánchez, o sea el Ejecutivo formado por PSOE-Unidas Podemos, pague el rescate
de la desaladora de Ciutadella”.
La diputada autonómica y secretaria general del PP-Menorca, Asunción
Pons, manifiesta que “las desaladoras de Ciutadella y Santa Eulàlia no entraron en
servicio porque el Govern no cumplió al no conectar estas instalaciones a las redes
de suministro, a diferencia de lo que hizo con las otras dos desaladoras
construidas en Alcúdia y Andratx, lo que provocó que el Govern se negara a
recepcionar la desaladora de Ciutadella y la desaladora de Santa Eulàlia hasta que
en mayo del 2016 el anterior Govern del Pacte firmó el documento de recepción”.

Esta cuestión ya fue planteada por el PP-Menorca en el pleno del Parlament
el pasado 12 de noviembre con una pregunta que formuló la diputada Asunción
Pons al conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir.
“Fue el Govern del Pacte quien, en mayo de 2016, firmó el acuerdo por el que la
Comunidad Autónoma obtuvo el uso y la explotación de las desaladoras de
Ciutadella y Santa Eulàlia. Según este documento, suscrito por Joana Garau, que
hoy sigue como directora general de Recursos Hídricos del Govern, el Ejecutivo de
Francina Armengol, el Ministerio mantiene la titularidad de las instalaciones así
como el derecho a repercutir acciones por el rescate de las concesiones”, declara
Asunción Pons.
Añade que “tanto la presidenta Armengol como la anterior consellera de
Hacienda, Catalina Cladera, hoy presidenta del Consell de Mallorca, así como el
anterior presidente del Consell d’Eivissa, Vicenç Torres, todos ellos del PSOE, han
manifestado reiteradamente que el Govern no pagará los sobrecostes de estas dos
desaladoras, por lo que ahora deben cumplir sus promesas y anuncios”.
El PP-Menorca volverá a interpelar en el Parlament al conseller de Medio
Ambiente para exigir explicaciones y conocer las actuaciones sobre esta cuestión,
“porque -declara la secretaria general del PP menorquín- este rescate debe ser
pagado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no puede ser
imputado ni exigido al Govern de la Comunidad Autónoma”.
Sugrañes: “Oportunidad para Armengol”
Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Menorca y consellera
portavoz del Grupo Popular en el Consell, Misericordia Sugrañes, manifiesta que
“Armengol tiene ahora una magnífica oportunidad, como presidenta del Govern y
secretaria general del PSIB-PSOE, para hacerse valer y demostrar su peso político
para defender los intereses de Balears ante el Gobierno central”.
“Es el momento -declara Misericordia Sugrañes- de que Armengol demuestre
su sintonía con Pedro Sánchez y el entendimiento del que hace gala el Govern
PSOE-Unidas Podemos-Més en Balears con el Gobierno central PSOE-Unidas
Podemos para evitar que la Comunidad Autónoma tenga que pagar una
indemnización de 45,2 millones de euros por el rescate de estas dos desaladoras,

aunque el Govern del Pacte actuó con evidente negligencia al firmar la recepción
de esas dos desaladoras en mayo de 2016”. Es cierto que ha recaído sentencia en
contra del Govern, pero también lo es que el Govern ya ha anunciado que recurrirá
el fallo judicial, y por lo tanto, según manifiesta el conseller de Medi Ambient i
Territori conviene que esta controversia se dirima en el ámbito político.
Sugrañes insiste en que “ahora es momento de demostrar la capacidad de
negociación y de defensa de los intereses propios de Baleares.” Aun con todo, la
presidenta del PP insular se muestra escéptica y remite a la escasa sensibilidad
demostrada por el gobierno central hacia Baleares. Como ejemplo aduce la
negativa del Ministerio de Hacienda, y de su titular, Montero, a pagar los 78
millones que el Estado adeuda a la CAIB en concepto de IVA.
“Cuestiones bloqueadas”
La presidenta del Partido Popular de Menorca subraya asimismo que “este
desacuerdo político entre el Govern Armengol-Yllanes y el Gobierno Sánchez/Iglesias se añade a las numerosas cuestiones bloqueadas en Menorca por el
Gobierno de izquierdas”.
Se refiere, entre otras cuestiones al “convenio de carreteras, que carece hoy
de dotación económica, al no haberse firmado aún la addenda; la construcción del
centro de interpretación en S’Enclusa de Ferreries; los nuevos juzgados de
Ciutadella, cuyo proyecto aún no ha sido redactado; la nueva Comisaría de Mahón,
otra inversión pendiente; la cesión de El Polvorín al Ayuntamiento de Alaior, la
dotación de equipamientos culturales en Es Castell, inversiones en la zona litoral
de Es Migjorn y las actuaciones en materia de gestión energética en Sant Lluís”.

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