El PP Menorca apoya que la nueva Ley de Caza de Baleares tenga en cuenta las realidades territoriales y las modalidades de cada isla

El Parlament ha dado su apoyo a la toma en consideración de una Proposición de Ley, presentada por el Consell de Mallorca, de modificación de la Ley6/2006, de 12 de abril, Balear de Caza y Pesca Fluvial, y modificada por la Ley6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Económico administrativas, que quedó ayer tarde aprobada con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular y con la abstención positiva de los grupos Socialista y Més, y que será tramitada como proyecto de Ley. 

 

En el año 2006 entró en vigor en las Islas Baleares la primera Ley de Caza y Pesca Fluvial, modificada un año después, en 2007, cuando entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía, que atribuye las competencias en esta materia a los Consells Insulars. El constante incremento en el número de practicantes y los cambios que se han ido detectando, aconsejan una necesaria revisión y actualización del actual marco normativo que regula tanto la caza como la pesca fluvial en esta Comunidad.

 

Durante el pleno del Parlament, la diputada del Grupo Popular, Asunción Pons, fue la encargada de defender laproposición. Ha valorado muy positivamente el esfuerzo que se ha hecho desde el Consell de Mallorca, especialmente la consellera ejecutiva de Medio Ambiente, Sra. Catalina Soler, para entregar un texto redactado con rigor, muy articulado y argumentado jurídicamente. Un texto que ha contado con las propuestas de los Consells Insulars de Menorca, Ibiza y Formentera, del Comité Cinegético Interinsular y de la dirección general de Medio Natural y Educación Ambiental del Govern, así como de la Federación Balear de Caza, que ya ha manifestado su apoyo.

 

Asunción Pons ha destacado la importancia de uno de los objetivos de esta proposición que plantea la simplificación de los trámites, con la aplicación de las nuevas tecnologías, y la vocación de un funcionamiento más eficaz. La proposición incorpora el uso de las nuevas tecnologías de cartografía para definir la categoría cinegética de los terrenos en cada isla; aclara la titularidad de los cotos y distingue entre propietarios y arrendatarios; también amplía las zonas de seguridad, facilita el control de la fauna que provoca daños e impulsa la creación de refugios de caza.

 

También ha valorado muy positivamente el hecho de poder contar con interlocutores para resolver problemas provocados por animales que han huido o la misma vigilancia del territorio puesto que, a pesar de que es cierto que muchas de estas cuestiones no son propiamente de caza, acontecen dentro de unos territorios que sólo tienen sentido para ser cotos y tienen repercusión para los payeses. La Ley de Caza apoya al trabajo de las sociedades de cazadores y clarifica temas que afectan a otros colectivos con una normativa menos específica.

 

La portavoz de Economía del Grupo Popular ha destacado aspectos como la educación ambiental con la intención de fomentar una práctica tradicional, con toda la regulación pertinente, pero que tiene que estar abierta y enriquecida por las sucesivas generaciones, así como la necesidad de revisar el actual régimen de sanciones. “Habitualmente, cuando se modifica, suele ser para endurecerlo, pero consideramos desproporcionado, por ejemplo, imponer un año de inhabilitación para poder cazar, más la multa correspondiente, más la retirada del arma e indemnizaciones por las piezas abatidas sólo por el simple hecho de tener la licencia caducada un solo día. Hay que introducir criterios de ponderación, que creemos son muy buenos”, ha dicho Asunción Pons.

 

El Grupo Popular apoya el establecimiento de zonas de seguridad donde no está permitida la caza, concretamente, la restricción de disparar a una distancia de como mínimo 100 metros de los cascos urbanos y 25 metros de vías o caminos públicos; y también a 100 metros de granjas agrícolas, terrenos de cultivo y áreas de acampada, con el objetivo de evitar accidentes a excursionistas o residentes en las zonas rurales. El incumplimiento de estas distancias supondrá la aplicación de sanciones de 2.000 hasta 20.000 euros y la retirada del arma.

 

Con esta Proposición de Ley se presenta la oportunidad de revisar y adaptar a la realidad de Baleares puntos clave como son, entre otros, las superficies de los cotos de caza (teniendo en cuenta las características territoriales de cada isla); las sanciones; y la posibilidad de cazar (como acompañantes), a menores de 14 años siempre en modalidades sin arma de fuego.

 

Esta modificación que propone el Consell de Mallorca tiene en cuenta la realidad social e histórica de la tradición de la caza en Baleares, con las diferentes modalidades de alambradas, al acecho, con reclamo, etc. “Toda una cultura cinegética, que a lo largo de los siglos, ha configurado unos usos y costumbres, y que hoy necesita de una ordenada regulación porque aquí entran en juego los intereses de los cazadores, de los propietarios y de los payeses”, ha afirmado la diputada menorquina.

 

 

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